Un arquitecto, un contratista y un inversor de una obra de lujo en Tigre fueron detenidos por explotación laboral

Un arquitecto, un contratista y un inversor fueron detenidos tras un operativo realizado en un exclusivo desarrollo inmobiliario en construcción en el partido de Tigre, donde la Dirección General Impositiva (DGI) descubrió a 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral. Además, en el marco de la investigación, un cuarto sospechoso permanece prófugo.

Según informaron fuentes oficiales, la mayoría de los obreros, provenientes de la provincia de Salta, vivían en condiciones precarias y trabajaban largas jornadas de hasta 14 horas diarias, de lunes a sábado, sin estar registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la causa también interviene la Secretaría de Juan Cruz Schillizzi.

El procedimiento tuvo lugar en Delta Center, un complejo de lujo que se promociona con 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, ubicado sobre la ruta 27, frente a la entrada al Golf de Nordelta, en Rincón de Milberg.

Durante el operativo, se verificó que los trabajadores no solo “recibían salarios muy bajos”, sino que también “se les restringía la libertad de movimiento”, agregaron las fuentes.

Un caso de negligencia particular fue denunciado por uno de los obreros, quien sufrió un grave accidente con una amoladora y aseguró que el contratista le impidió recibir atención médica en un hospital.

Como resultado de las tareas de fiscalización, fueron arrestados tres de los cuatro presuntos responsables del emprendimiento: el arquitecto, el contratista y un inversor. En tanto, otro inversor cuenta con un pedido de captura y es buscado por las autoridades.

La DGI, junto con el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y personal de fiscalización de la Dirección Regional Norte de la DGI - ARCA, llevó a cabo el allanamiento con la colaboración del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

También participaron como auxiliares de la Justicia efectivos de la Policía Federal Argentina, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre.

Las declaraciones de los trabajadores fueron documentadas en actas para ser analizadas por los investigadores, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y proceder con las acciones legales correspondientes.

El caso de una pareja acusada en Córdoba

Un matrimonio oriundo de Córdoba fue acusado de captar y explotar a una víctima en condiciones de vulnerabilidad durante casi cuatro décadas. La denunciante, identificada como L.G., oriunda de Corrientes, describió que fue captada cuando era adolescente y trasladada desde su provincia natal hasta el domicilio de la pareja para realizar tareas de cuidado y limpieza.

En la denuncia contra E.H. y A.A., presentada en 2021, se los acusó de captar, trasladar y someter a explotación laboral a L.G. desde que tenía 13 años. Los imputados habrían aprovechado el estado de vulnerabilidad de la menor para llevarla a su domicilio en Córdoba y obligarla a realizar trabajos domésticos sin remuneración, sin registrarla formalmente y sin que tuviera “posibilidad de socializar con pares, de estudiar, y de tener una vida digna” conforme a los “derechos esenciales de su niñez y adolescencia”.

Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa, que confirmó el procesamiento de los acusados, reseñó que la víctima habría sido traslada para convivir con los imputados bajo su dependencia, realizando tareas de limpieza y cuidados de niños. Esta modalidad se habría extendido hasta la vida adulta de la víctima. Y es que, según el expediente, incluso después de mudarse de la casa matrimonial, L.G. siguió bajo la influencia y control de la familia cordobesa durante 37 años.

Así las cosas, E.H. y A.A. enfrentan cargos por conductas tipificadas en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que contemplan penas de cuatro a doce años de prisión para delitos de trata de personas.