Una ex ministra de Chubut fue condenada a prisión por el manejo irregular de donaciones durante la emergencia climática de 2017

• Leticia Huichaqueo, ex ministra de Familia de Chubut, enfrenta una condena de 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Fue condenada por peculado y administración fraudulenta en dos casos: “Royal Canin” y “Emergencia Climática”.
• La emergencia ocurrió en 2017, cuando lluvias históricas devastaron Comodoro Rivadavia. Se encontró que Huichaqueo protagonizó el manejo irregular de donaciones para damnificados.

Lo esencial. La ex ministra de Familia de Chubut, Leticia Huichaqueo, recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras unificar dos sentencias en su contra. Los casos de corrupción, conocidos como “Royal Canin” y “Emergencia Climática”, revelaron el uso indebido de donaciones y recursos destinados a asistir a damnificados tras el temporal en Comodoro Rivadavia en 2017. La sentencia subraya que Huichaqueo y su esposo vendieron clandestinamente donaciones de alimento balanceado para animales en redes sociales.

Leticia Huichaqueo, ex ministra de Familia de Chubut, enfrenta una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que la jueza Eve Ponce decidiera unificar dos condenas en su contra.

La sentencia se dio a conocer el miércoles 30 de octubre. Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Anticorrupción, había solicitado cinco años de prisión, mientras que su defensor, Javier Romero, pidió una pena de cuatro años.

Huichaqueo fue hallada culpable en dos procesos judiciales: el caso “Royal Canin” y el de la “Emergencia Climática”. La emergencia a la que se hace referencia tuvo lugar entre marzo y abril de 2017, cuando un temporal sin precedentes golpeó a Comodoro Rivadavia y provocó casi 400 mm de lluvia, algo que dejó a la ciudad en estado crítico. El entonces gobernador de Chubut, Mario Das Neves, declaró la región como “zona de catástrofe”, y había señalado que “toda la población de Comodoro Rivadavia”, que cuenta con más de 200 mil habitantes, se vio afectada “de alguna forma u otra”.

En el contexto de esta catástrofe, Huichaqueo fue acusada por el manejo ilícito de fondos y recursos destinados a la ayuda de los damnificados. El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó lo siguiente: “En la causa de la emergencia climática, Huichaqueo fue condenada a dos años de prisión en suspenso más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al ser hallada culpable del delito defraudación contra la administración pública, además de administración fraudulenta”.

La segunda causa, conocida como “Royal Canin”, involucró la venta clandestina de 450 bolsas de alimento balanceado donadas por la firma Royal Canin a través de la Casa del Chubut en Buenos Aires, con la intención de asistir a las personas y mascotas afectadas por el temporal. El Ministerio Público Fiscal comprobó que Huichaqueo y su esposo, Juan Carlos Gómez, comercializaron estas donaciones a bajo costo a través de redes sociales, tal como contó Infobae recientemente.

Según el fiscal Marcos Iturrioz, solo una pequeña parte del alimento balanceado llegó a algunas ONG protectoras de animales. Sobre este caso, el Ministerio Público Fiscal precisó: “Por la causa, Royal Canin, también en juicio oral y público, (Huichaqueo) fue hallada culpable y condenada a ser inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos más cuatro años de prisión efectiva por el delito de peculado en carácter de delito continuado”.

Durante la audiencia de unificación de penas, el fiscal Rodríguez enfatizó que “fueron doce los jueces que confirmaron su culpabilidad en los hechos”. Subrayó que Huichaqueo se aprovechó de “los controles laxos del Estado” en un momento de urgencia extrema, cuando la población de Comodoro Rivadavia requería asistencia inmediata tras los daños severos a la infraestructura y a miles de viviendas. El fiscal añadió que la conducta de Huichaqueo erosionó la confianza de la ciudadanía en las instituciones, al abusar de su cargo como ministra de Familia, cuyo objetivo principal es “el desarrollo humano y de las familias”.

Durante la audiencia, la defensa de Huichaqueo, a cargo de Javier Romero, sostuvo que la ex ministra no aumentó su patrimonio como resultado de estos actos ilícitos y que siempre cumplió con las disposiciones judiciales. Romero presentó documentos que acreditan la participación de Huichaqueo en cursos de capacitación, así como constancias médicas sobre su estado de salud, en un intento de reducir la pena, de acuerdo a lo consignado por Diario Jornada. Huichaqueo, quien actualmente cumple arresto domiciliario en su hogar en Gaiman, participó en la audiencia de forma remota y reiteró su inocencia, además de informar sobre su situación física y psíquica, según un comunicado de la Fiscalía.

Además de Huichaqueo, otros funcionarios también fueron condenados por delitos vinculados a la emergencia climática de 2017 en Chubut. Entre ellos se encuentra Marcelo Fabián Suárez, exsubsecretario de Promoción Social del Ministerio de Familia de Chubut, quien recibió una condena en agosto de 2021 por encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público. Suárez habría falsificado documentos para encubrir el desvío de donaciones durante el temporal, asegurando en declaraciones juradas que las donaciones de alimentos balanceados se habían entregado a las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia, cuando en realidad fueron vendidas de forma irregular.

En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de Suárez al desestimar un recurso de queja presentado por su defensa, encabezada por Sebastián Daroca. El tribunal consideró “inadmisible” el planteo en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Antes de llegar a la Corte Suprema, Suárez había apelado ante la Cámara Penal de Trelew y la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, aunque ambos organismos ratificaron su responsabilidad en los hechos.

El caso de Suárez se originó luego del gran temporal que afectó a Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017. Este fenómeno, calificado como una de las peores crisis climáticas de la región, dejó a miles de personas sin hogar, destruyó infraestructura crítica y generó la necesidad urgente de reconstruir más de 3000 viviendas. La gravedad de la situación motivó el envío de donaciones, entre ellas alimentos para mascotas, que fueron desviadas de su propósito original.

En tanto, recientemente, en la causa denominada “Emergencia Climática I”, el Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia dictó penas de hasta cinco años de cárcel contra dos exfuncionarios kirchneristas de la Municipalidad y otros once acusados de fraude a la Administración Pública durante el temporal de 2017. Los exsecretarios municipales fueron hallados responsables de desviar fondos públicos que debían destinarse a obras de infraestructura diseñadas para contrarrestar las inundaciones en la región.

La sentencia llega tras un juicio oral iniciado el 7 de mayo y culmina con condenas para los exsecretarios Abel Boyero y Rubén Palomeque, junto con empresarios acusados de no cumplir con los proyectos acordados con el municipio para mitigar la crisis. La administración local autorizó la contratación directa de 197 empresas y maquinaria vial para remover lodo y reparar daños, lo que facilitó el desvío de fondos mediante pagos y reportes falsos, con la aprobación de Boyero y Palomeque, funcionarios del entonces intendente Carlos Linares, quien fue absuelto en la causa y actualmente es senador.

Boyero, condenado a cinco años, era secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, mientras que Palomeque, sentenciado a cuatro años, dirigía la secretaría de Servicios a la Comunidad. Ambos quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos al demostrarse el desvío de aproximadamente 408.000 dólares que debían utilizarse en reparaciones nunca realizadas.

Además, el tribunal presidido por el juez Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco condenó a empresarios como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas a penas de entre 3 y 5 años de cárcel, y ordenó el embargo de sus bienes y el reembolso de fondos a la administración municipal como compensación por los daños.

Cuatro inspectores municipales, que aprobaron certificados de obras no ejecutadas, también fueron condenados a penas de 2 a 3 años de prisión e inhabilitación permanente para cargos públicos. Los jueces resaltaron que el contexto de crisis fue explotado por los implicados, aprovechando la urgencia para evadir controles en la contratación de las empresas.