Condenaron a ex funcionarios kirchneristas por malversación de fondos durante la emergencia climática de Chubut

En una causa conocida como “Emergencia Climática I”, El Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia condenó con penas de prisión de hasta cinco años a dos ex funcionarios kirchneristas de la Municipalidad de esa ciudad chubutense acusados, junto a otras 11 personas, de defraudar a la Administración Pública durante la crisis que desató el fuerte temporal del año 2017. Ambos fueron responsabilizados por malversación de fondos públicos destinados a obras de infraestructura pautadas para mitigar las inundaciones que azotaron al territorio.

La resolución puso fin a un debate oral que comenzó el 7 de mayo pasado y terminó con condenas de cárcel para los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque y distintos empresarios acusados de no realizar las obras públicas acordadas con el municipio para paliar la grave situación.

En rigor, el caso se originó a partir de las devastadoras inundaciones que afectaron a Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, cuando un ciclón extra-tropical dejó caer casi 400 mm de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno climático provocó un desastre en distintas zonas de la ciudad, con anegación de calles y viviendas, y múltiples destrucciones en infraestructura y logística. El contexto de crisis llevó al Consejo Deliberante local a declarar el 5 de abril de ese año la emergencia económica, social y administrativa.

Esa medida administrativa permitió al Poder Ejecutivo municipal contratar de manera directa a 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial para remover el lodo y reparar la enorme cantidad de daños que obligó a miles de personas a evacuar de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo a las actuaciones, en lugar de ejecutar las obras estipuladas se aprovechó la situación para desviar fondos a través de pagos fraudulentos y partes diarios fraguados, todas maniobras que fueron aprobadas por los entonces secretarios Boyero y Palomeque. Ambos eran funcionarios del entonces intendente Carlos Linares, quien ocupaba ese cargo desde 2015 tras ganar las elecciones como candidato del Frente para la Victoria. Linares, sobreseído en esta causa, se desempeña actualmente como senador nacional por el Partido Justicialista.

Abel Boyero, condenado a cinco años de prisión efectiva, se desempeñaba como secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, mientras que Palomeque, quien recibió una pena efectiva de cuatro años, estaba al frente de la secretaría de Servicios a la Comunidad. Los dos quedaron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras comprobarse la desviación de aproximadamente 408.000 dólares destinados a la ejecución de distintas reparaciones que nunca se realizaron.

Además de Boyero y Palomeque, el Tribunal Colegiado, presidido por el juez Mariano Nicosia e integrado por sus colegas Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, condenó a otros implicados en la causa. Y es que los empresarios Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas recibieron penas de prisión efectiva de entre 3 y 5 años. La resolución también dispuso la inhibición general de sus bienes y la restitución de sumas de dinero a la administración pública municipal como reparación de los perjuicios causados.

A su vez, cuatro inspectores municipales fueron condenados por su participación en el fraude, en tanto aprobaron certificados de obra que luego no se materializaron. Así, Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Heerden recibieron penas de entre 2 y 3 años de prisión y quedaron imposibilidades de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces destacaron como agravante común en todos los casos el aprovechamiento del estado de necesidad generado por la crisis humanitaria que provocó la emergencia climática. Para ellos, el dramático contexto fue utilizado por los imputados para llevar a cabo la defraudación, ya que la urgencia llevó a la flexibilización de las normas de contratación con las empresas constructoras.

Por otra parte, la sentencia también incluyó el sobreseimiento definitivo de los contratistas Gonzalo Sebastián Pérez y Esteban Julián Astiz por la “falta de adecuación de los hechos imputados a una figura legal”, y la absolución del inspector municipal Ernesto Alejandro Herk “por insuficiencia de pruebas”.

Durante el juicio, la fiscalía, representada por Cecilia Codina y Cristian Olazabal, solicitó penas más severas en base a la “gravedad” de los delitos y el impacto que tuvo el incumplimiento de las obras comprometidas durante el temporal de 2017. A su vez, las defensas argumentaron en contra de la prisión y la inhibición general de bienes y, de forma subsidiaria, solicitaron penas menores y en suspenso para los acusados.

El Tribunal de Comodoro Rivadavia decidió no otorgar la prisión preventiva para los condenados con penas de prisión efectiva. En lugar de ello, se impusieron medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Esta decisión no estuvo en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal, de quien se espera una inminente apelación para elevar el caso.

El gobernador provincial de entonces, Mario Das Neves, durante la emergencia del ciclón había descripto a la ciudad como una “zona de catástrofe”, con miles de evacuados, infraestructura destruida y más de 3000 viviendas por “reconstruir”. “Toda la población de Comodoro Rivadavia”, que supera los 200 mil habitantes, “está afectada por esta situación, de alguna forma u otra”, señaló en ese momento.