El gobierno de Corrientes pidió intervenir como querellante en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, de quien nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando salió a buscar naranjas con su tío, dos adultos y otros cinco niños en el paraje rural Algarrobal y no regresó. Por la sustracción y el ocultamiento del menor, hay siete detenidos y el caso es investigado por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo.
La presentación, al que tuvo acceso Infobae, la hizo el fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, Horacio David Ortega, ante el Juzgado Federal de Goya.
Allí, solicita “participar de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”.
Hay que recordar que, por pedido del fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán; la querella, representada por los abogados de los padres de Loan, Fernando Burlando y Roberto Méndez, no ha podido presenciar las indagatorias pasadas.
Otro de los pedidos que hace el fiscal Ortega es “tomar vista de lo actuado a la mayor brevedad”. O, sea, tener acceso a la causa, que hoy está en secreto de sumario.
En el escrito, de 29 páginas, el fiscal de Estado pide el procesamiento con prisión preventiva para todos los imputados. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Laudelina Peña, Francisco Amado Méndez y Walter Adrián Maciel.
El documento, el fiscal Ortega destaca la urgencia de proteger los derechos del menor desaparecido, basándose en normativas nacionales e internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Por ello, considera que es indispensable el procesamiento y prisión preventiva de los imputados para garantizar que no se entorpezca la investigación. Y avisa que, en caso de ser aceptada, Corrientes mantendrá abierta la posibilidad de ampliar la querella en función de nuevos imputados o hechos que se descubran durante la investigación.
El caso
Loan fue visto por última vez el 13 de junio pasado, en inmediaciones de la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, a la que había llegado en caballo junto a su papá, para almorzar con algunos miembros de su familia y dos parejas amigas por el día de San Antonio.
Luego de comer, salió a buscar naranjas a un árbol ubicado a 600 metros, junto a otros cinco menores y tres adultos: su tío, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.
Laudelina Peña, su tía y esposa de Benítez, y Camila Núñez, prima del nene, habían acompañado al grupo hasta una tranquera y, luego, regresaron a la vivienda. A las 14.25, Benítez llamó a Laudelina. La conexión duró 9 minutos. Ambos, junto a Benítez, Millapi, Ramírez y el matrimonio de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, permanecen detenidos por la desaparición. Además, está preso el ex comisario del pueblo, Walter Maciel.
Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, “un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en ‘Alto Riesgo Inminente’, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”. Al mismo tiempo, la cartera que dirige Patricia Bullrich ofreció una recompensa de 5 millones por datos fehacientes que permitan hallar al nene, que continúa vigente.
En la búsqueda participaron más de 400 agentes de fuerzas de seguridad provinciales y federales, quienes rastrillaron un área de 25 hectáreas con perros, drones, vehículos, motos y hasta parapentes. Los primeros 11 días, la investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, bajo la carátula de abandono de persona. Los fiscales de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, pidieron la incompetencia provincial, luego de considerar que estaban frente a una captación con fines de explotación.
En el fuero federal, la jueza Cristina Pozzer Penzo imputó a los detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan aunque, por el momento, no hay ninguna evidencia fuerte que pueda sostener esa acusación.
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