
En medio de una requisa realizada en la Unidad Carcelaria de Coronda, los agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe secuestraron un botín que se encontraba oculto en las celdas que alojan a los detenidos vinculados a las redes de narcotráfico. El operativo fue ordenado luego de que un penitenciario fuera detenido cuando intentaba ingresar celulares en el recinto.
Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro reforzara las medidas de seguridad y control en las prisiones, con el objetivo de desarticular el funcionamiento criminal desde el interior de las cárceles santafesinas, las autoridades de la penitenciaria incautó 26 teléfonos celulares, dos objetos cortopunzantes consideradas como armas blancas y 37 envoltorios de nylon negro que contenían una sustancia que aparentaba ser cocaína.
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El hallazgo se realizó en las celdas del Pabellón 1 tras ordenarse una requisa de manera “sorpresiva y preventiva” para que los presos no pudieran ocultar cualquier tipo de dispositivo y/o material que les facilitara el camino para continuar con sus actividades delictivas. Según explicaron desde el Gobierno de Santa Fe, el plan de control carcelario consiste de dos tipos de allanamiento: los realizados durante el ingreso de las visitas y los decomisos sin previo aviso.
Entre las reformas que se aplicaron para recortar los beneficios y privilegios de los presos de alto perfil, las autoridades apuntaron a evitar que puedan tener contacto directo con sus familiares y se redujo la cantidad de visitas permitidas. “Actualmente, son sin contacto sino por Blindex. También se eliminó el ingreso de mercadería por visita a los internos de alto perfil”, detallaron.
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La requisa fue ordenada días más tarde de que un efectivo del Servicio Penitenciario fuera detenido por ingresar varios celulares en la cárcel de Coronda. El hecho ocurrió el pasado 17 de marzo, cuando el empleado fue descubierto con varios celulares bajo su poder. A pesar de que el hombre no cumplía funciones como guardiacárcel en el área, éste fue aprehendido de forma inmediata.
“Todos los empleados que se presentan a tomar servicio deben pasar por una serie de controles, entre los que se destaca pasar por un escáner para detectar objetos prohibidos”, explicaron fuentes oficiales, para después informar que el sospechoso fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
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Según las fuentes a la que accedió Infobae, el acusado llevaba un total de siete dispositivos, un par de auriculares inalámbricos y cuatro cargadores de celular. Asimismo, las autoridades plantearon como hipótesis que el ex penitenciario habría intentado hacerle llegar los teléfonos a los presos de alto perfil.
“Coronda es una cárcel provincial donde hay régimen de alto perfil, más allá de que el detenido no cumplía sus funciones como celador en esa área. La otra similar es Piñero”, precisaron. No obstante, las autoridades aseguraron que ya se tomaron medidas en paralelo para incrementar las medidas de control en las prisiones.
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“Se está actuando en diferentes acciones mientras se amplía el sistema penitenciario con la construcción de plazas adecuadas para alojar internos de alto perfil y en la ampliación de espacios para presos comunes”, describieron, en referencia a la intención que manifestó el gobernador de separar a los detenidos por causas federales de aquellos que cumplen condenas por delitos comunes.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anticipó que “las medidas van a ser cada vez más enérgicas”. En medio de la oleada de crímenes y amenazas que se reportaron en Rosario durante las últimas semanas, el funcionario público señaló que “un punto muy importante de controlar las calles es controlar las cárceles”.
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“Buena parte de la criminalidad que azota a Rosario se produce desde el interior de las cárceles”, remarcó al indicar que fueron los resultados del diagnóstico que el Gobierno realizó desde el cambio de gestión. Incluso, explicó que la implementación del método impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el ministro afirmó que se trata de un “procedimiento de requisa estandarizado y que es una medida de seguridad” para el personal penitenciario.
Con respecto a la posibilidad de que aparecieran denuncias por violaciones de derechos humanos, el titular de la cartera defendió la medida al manifestar: “Controlamos estrictamente para que no haya ningún exceso y poder garantizar la integridad física de los reclusos”. De la misma manera, el hecho de que los agentes cubrieran parte de su rostro es una política aplicada con la finalidad de que no fueran reconocidos y sufrieran amenazas por parte de las bandas.
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