Rosario: internaron en una clínica psiquiátrica a la mamá de la beba de 4 meses hallada muerta en un contenedor de residuos

La historia por el hallazgo ocurrido el domingo pasado de una beba de cuatro meses muerta en un contenedor de residuos en Rosario tuvo un nuevo capítulo. Este viernes, se suspendió la audiencia donde iba a ser imputada la madre de la menor, Jésica G. (18 años). En tanto, la pareja de la mujer, Antonio G. B. (23), un varón transgénero, quedó en libertad porque no se encontraron elementos que lo relacionen con el deceso de la nena.

La resolución, tomada por el juez penal de primera instancia Gonzalo Fernández Bussy, tuvo lugar luego de que tanto el fiscal Luis Schiappa Pietra como la defensa particular de la joven indicaran que “presenta un estado dudoso en cuanto a la comprensión del acto de imputación de cargos”.

Por este motivo, el magistrado hizo lugar a la solicitud y ordenó que sea trasladada al Hospital de Salud Mental Agudo Ávila para recibir la atención adecuada.

A seis días del hecho, Schiappa Pietra citó a las partes a audiencia y junto a las defensoras Daiana Araya, Sofía Basso y Vanesa Vargas explicaron ante el juez Fernández Bussy que como todavía no estaba determinada la causa de muerte y el estado de salud mental de la joven se había agravado por la muerte de la beba, correspondía internar a la mujer.

Hasta el momento, los investigadores aún no pudieron determinar la causa del fallecimiento de la beba, por lo que la carátula permanece como muerte dudosa. En el preinforme de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal se estableció que el cadáver no tenía golpes ni signos de violencia externa que hayan podido causar el deceso.

Para poder avanzar en la causa, el fiscal solicitó exámenes médicos complementarios y anatomopatológicos para obtener nueva información. No obstante, confirmaron que habían transcurrido entre seis y ocho horas desde que la menor de edad murió, hasta que fue encontrada por un hombre que recolectaba cartones por la zona.

El caso se conoció el domingo a la mañana, cuando un hombre de 39 años que cartoneaba en la zona del Monumento Nacional a la Bandera abrió un container en San Juan al 400 y halló el cuerpo de la menor. Como no llevaba celular, le pidió a una mujer que atendía en un kiosco de la cuadra que llame al 911 para que puedan llevar adelante el operativo correspondiente.

Al día siguiente, cuando la noticia ya recorría los medios locales y nacionales, Jésica G. se presentó ante la comisaría 1ª, acompañada de su abuela, para denunciar que le habían robado a su beba. Con el correr de la entrevista ante los agentes, dijo que junto a su novio habían arrojado el cadáver al contenedor, aunque dicha declaración carece de valor judicial. Fue esa declaración la que motivó la detención de Antonio G. B.

Previo a que se produjera el quiebre en la declaración, la principal sospechosa aseguró que el sábado a la noche había dejado a la bebé bajo el cuidado de un hombre que formaría parte de su círculo de conocidos. Sin embargo, nunca llegó a identificar al supuesto cuidador, debido a que las fuentes oficiales del caso señalaron que cambiaba el relato mientras testificaba ante las autoridades.

Por este motivo, los funcionarios judiciales también buscarán establecer si efectivamente existió una tercera persona en el relato y si esta tuvo algún tipo de vinculación con el hecho. Aunque el testimonio de la madre será tomado con pinzas por el estado psicológico en el que se encuentra, llegó a informar que el masculino le habría asegurado que la bebé dormía al momento que habría regresado al domicilio que compartía con la menor.

En un primer momento, el fiscal dispuso una evaluación médica para Jésica G. y, tras el resultado de la misma, ordenó que permanezca detenida mientras aguardaba por el resultado de algunas medidas que había pedido a la Policía de Investigaciones.

A pesar de que no se conoció la existencia de cámaras de seguridad que pudieran haber captado la secuencia, los investigadores afirmaron que los detalles que pudieran descubrir por medio del peritaje realizado a los teléfonos celulares de los acusados serían valiosos para la causa.