El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó este martes un nuevo protocolo de gestión para presos de alto riesgo. En un acto que tuvo lugar en el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza, la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, anunció el nuevo sistema que se aplicará en las cárceles federales con el fin de evitar que los jefes de organizaciones criminales sigan operando tras las rejas.
Para ello, se han implementado una serie de medidas que incluyen la incorporación de tecnologías avanzadas como escáneres de rayos x (para el ingreso de todas las personas al sector), el uso de sensores infrarrojos que captan movimientos y de detectores de metales, el monitoreo durante las 24 horas todos los días del año con reconocimiento facial, el control de llamadas telefónicas y la puesta en funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial para el análisis de datos.
Estos controles se aplicarán estrictamente sobre cerca de 150 presos alojados en su mayoría las unidades de categoría “A” Servicio Penitenciario Federal (SPF), es decir, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y la Unidad 6 de Rawson, además del mencionado penal de Ezeiza. Los internos en cuestión, remarcaron las autoridades, cuentan con la capacidad fáctica de fugarse, dirigir actividades criminales desde la cárcel, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos para alcanzar objetivos criminales.
En el marco del flamante sistema también habrá mayor frecuencia de requisas, visitas monitoreadas y sin contacto (mediante la instalación de locutorios), límite en la tenencia de objetos personales en las celdas y restricciones en la compra de productos de bienes de uso a través de la proveeduría. También se avanzará con la implementación de líneas telefónicas unidireccionales (solo salientes) con listas blancas verificadas y solo en horarios preestablecidos.
Las salidas extramuros, además, se darán en casos calificados como “estrictamente necesarios” y ante esas circunstancias se pedirá el apoyo de otras fuerzas de seguridad. Mientras que las audiencias judiciales de los detenidos se llevarán a cabo de manera virtual.
Para “garantizar la eficacia” de las operaciones, el nuevo protocolo, además, implica la creación de un grupo especial para su aplicación, que fue capacitado para tratar con delincuentes de alta jerarquía. En ese sentido, se detalló también que habrá un riguroso control del personal seleccionado, rotación controlada y sanciones al personal del SPF ante eventuales incumplimientos. La identidad del personal será preservada, con el fin de garantizar su seguridad y la de sus familias.
“Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Los argentinos necesitamos vivir en paz, sin miedo y en libertad”, declaró Bullrich durante la presentación y definió al protocolo como “un hito trascendental en nuestro compromiso con la seguridad y la gestión de personas privadas de la libertad”.
En esa línea, explicó que se detectaron casos de conexiones “directas y fluidas entre presos y quienes afuera llevan adelante sus directivas” para continuar delinquiendo, motivo por el cual se decidió “llevar adelante el protocolo para que se desconecte a la persona privada de su libertad por sicariato, crímenes, homicidios, venta de narcóticos o todo junto para generar una verdadera realidad de aislamiento del delito dentro de las cárceles y en relación a quienes están afuera”.
El acto se desarrolló en la sede penitenciaria de Ezeiza y junto a la ministra estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julian Curi; el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Juan Eduardo Velarde; el director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado; y el jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, entre otros funcionarios.
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