La Policía Federal Argentina, tras un gran operativo, desbarató a una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades y el lavado de activos. Gracias al trabajo de la fuerza de seguridad, se rescató a 30 víctimas de trata -entre ellas, una menor de edad-, que eran obligadas a prostituirse en dos locales de karaoke de origen coreano en el Bajo Flores.
Según le informaron fuentes policiales a Infobae, se realizaron siete allanamientos en locales y domicilios particulares de la Ciudad de Buenos Aires. En dos de esos locales, por las noches montaban fiestas clandestinas del tipo “karaoke” y se ejercía la prostitución. Entre las víctimas de la explotación sexual, había mujeres brasileñas, venezolanas y argentinas.
A mediados de 2023, se solicitó la intervención de la PFA y del Departamento Trata de Personas, a fin de determinar la existencia de estos negocios, su vinculación con un ciudadano residente en CABA y la actividad de explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades y el lavado de activos.
Tras el operativo. se estableció que el cabecilla de la organización -uno de los detenidos, de 47 años de edad- era dueño de un comercio de dispensa de bebidas alcohólicas y dos karaokes en el Bajo Flores. En esos últimos dos, un sobrino suyo se encargaba de llevar mujeres de distintas nacionalidades, que prestaban servicios de “acompañantes coperas” para luego retirarse con sus clientes a lugares íntimos para mantener relaciones sexuales. Entre ellas, había una menor de 17 años de edad, subordinada a una encargada, por lo que se tomaron medidas urgentes.
De las entrevistas con las víctimas, se comprobó que había indicios de explotación sexual, así como falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades comprobadas que motivaron las clausuras de todos los comercios involucrados.
Los detenidos fueron trasladados al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y fueron puestos a disposición judicial. Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Los allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría Nº 2, del Dr. Sebastián Martínez, por una investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 12 a cargo de la Dra. Alejandra Mángano.
La fuerza federal dispuso un despliegue de efectivos que incluyó brigadas especializadas en Trata de Personas, grupos de contención para los locales de “karaoke”, personal del Departamento Técnico del Cibercrimen y de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, para que aporten dos aeronaves no tripuladas (para asegurar visión desde las alturas), encontrándose también durante el desarrollo de los mismos personal de la Fiscalía de la Dra. Mángano y del magistrado Interventor.
También concurrieron entes gubernamentales, tales como el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP: Protección de trabajo - Habilitaciones y permisos, Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de CABA.
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