Detuvieron a un exsubjefe de Policía de Córdoba por asociación ilícita y violencia de género

Un exsubjefe de la Policía de la provincia de Córdoba fue detenido acusado de integrar una banda -con otros miembros de la fuerza- que se dedicaba a la falsificación de certificados de habilitación a comercios. Además, ya había sido imputado por violencia de género contra su pareja.

Se trata de Gustavo Folli, quien antes de integrar la fuerza de seguridad provincial fue jefe de Bomberos de la policía. Luego, desde 2019, se desempeñó como Director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, cargo que ejerció hasta el pasado 10 de diciembre.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en los años que fue jefe de Bomberos. En esa causa ya hay detenidos desde el pasado mes de septiembre ocho agentes de la misma división, entre ellos quien lo sucedió en el cargo: Sergio Sosa. Para la Fiscalía, “el origen estructural de la organización ilícita habría sido diagramado años anteriores por el mencionado Folli en la época en que fuera director de Bomberos y secundado por Sosa cuando aquel fuera designado Subjefe de Policía”.

La detención ocurrió el martes pero trascendió ayer. El entonces jefe policial quedó a disposición del fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2° Guillermo González, quien tiene a su cargo el expediente que fue bautizado por los investigadores como la “causa Bomberos”.

La fiscalía resaltó que la investigación y las detenciones de Folli y Sosa “se vinculan de manera directa” con la participación de los otros apresados en el marco de la pesquisa, identificados como Marcos Fernando Luquez (39), oficial principal de Bomberos de la Policía de Córdoba; Leonardo Gorosito, policía activo que trabajaba en la Secretaría Privada de la Subjefatura de la Policía; Eduardo Arturo Rivadero (58), bombero retirado; Julio Zárate (55), exbombero retirado; Félix Rafael Calama (56) y Mario García (48), ambos ingenieros en Higiene y Seguridad; Roque Javier Olmedo (48), técnico en Gestión Ambiental. A todos ellos se les imputa haber participado de una asociación ilícita a la que se le adjudica confeccionar certificados apócrifos de bomberos e informes técnicos ideológicamente falsos, entre otros delitos.

“En ese marco corresponde aclarar que se han practicado cerca de 60 allanamientos sobre locales comerciales de diferentes rubros”, detalló el informe judicial.

Javier Novillo, prosecretario de la fiscalía que encabeza González, manifestó en declaraciones a Cadena 3 que se establecieron “irregularidades edilicias, por lo que se le dio intervención a la Municipalidad para que controle esas circunstancias”.

Y señaló que dichos locales de concurrencia masiva “no resguardaban las medidas de seguridad correspondiente”, por lo que “podía potencialmente ocurrir una tragedia”.

En este contexto, agregó que están investigando la documentación secuestrada para ver “si puede haber eventual responsabilidad penal de los propietarios de esos locales comerciales”.

Desde la fiscalía advirtieron que “el proceso continuará luego de recabar los elementos de prueba necesarios, con la declaración de ambos imputados (Folli y Sosa), y seguidamente se resolverá la situación procesal de los involucrados”. Tras esos procedimientos se determinará “si corresponde dictar la prisión preventiva o en su defecto, el recupero de libertad, para finalmente arribar a la clausura de la investigación penal y consecuente elevación de la causa a juicio”, concluyó el comunicado oficial.

Además, Folli deberá afrontar una imputación por los delitos de “instigación al aborto y supuesta autoría de los delitos de abuso de autoridad y amenazas” en perjuicio su expareja, hechos que habrían ocurrido en un contexto de violencia de género en la cual la víctima se vio inmersa durante muchos años, evidenciándose en la actualidad presumiblemente un daño psicológico en su persona”, agrega el informe de la fiscalía interviniente.

Con información de Agencia Télam.