El Ministerio Público Fiscal (MPF) mendocino informó este lunes que presentó los recursos formales contra la sentencia de las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, a cargo del Tribunal Penal Colegiado 2, que absolvieron a todas las acusadas en el expediente por los delitos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia.
El veredicto se conoció el 18 de octubre pasado tras más de dos años de debate, en los que pasaron más 100 testigos en unas 300 audiencias, en el marco del tercer juicio por abusos sexuales y omisión de denuncias por abusos que había comenzado el 3 de mayo de 2021.
Según se informó este mediodía, el fiscal jefe Alejandro Iturbide y su adjunto penal, Gonzalo Nazar, plantearon en el recuso “los vicios de la sentencia”.
Los funcionarios judiciales solicitaron “su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos, que exceden el interés de las partes de este caso, al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.
Entre los agravios principales que destacaron los fiscales, aparecen:
-Las jueces no valoraron “el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad”.
-Haber “quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual”, que depende del MPF, bajo el argumento de que sus profesionales trabajaron “sólo con sesgo de confirmación de los hechos”, y remarcando que las tres “juezas, en momentos inmediatos anteriores a la sentencia, e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna, y considerando valioso el aporte de sus profesionales”.
-”No haber tratado 22 pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas”, dijeron.
-Y finalizaron con la queja de “haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate”.
Tras la sentencia absolutoria, la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza salió en apoyo a las víctimas del Instituto Próvolo, a través de un comunicado: “Queremos expresar nuestro continuo e inquebrantable apoyo a las víctimas, compartimos su desazón, así como el de toda la comunidad de personas sordas”.
De la vereda de enfrente, el equipo de abogados defensores de las nueve mujeres absueltas afirmaron que se hizo justicia en el fallo y pidió la renuncia de los dos últimos fiscales de la causa.
Las absueltas fueron las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como ex directoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.
El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y, rápidamente, escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacusias que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
Anteriormente, en una audiencia realizada en mayo, el jefe de fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, Alejandro Iturbe, pidió una condena de 25 años en prisión para la monja japonesa Kosaka que fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en cinco hechos. También solicitó su inhabilitación por diez años para ejercer cargos educativos y de albergue en donde sean recibidos menores de edad. Sin embargo, la mujer fue absuelta.
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