El preso que atacó a la fiscal en Mendoza habría ocultado el arma entre sus partes íntimas

El director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, planteó la hipótesis de que el preso que intentó atacar a la fiscal durante un juicio oral habría escondido el arma blanca en sus partes íntimas, debido a que esta no logró ser detectada durante los protocolos de seguridad. “Existió una falla humana”, reconoció el magistrado.

El ataque a la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) Claudia Ríos ocurrió en una audiencia celebrada en el Polo Judicial de Mendoza durante la mañana del miércoles, cuando el detenido, identificado como Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33), trató de apuñalar a la funcionaria pública. El reo se encontraba junto a otros dos imputados por el homicidio del ex recluso Nicolás Lozano, quien fue asesinado en el penal de Almafuerte el 26 de diciembre de 2019.

Mientras que la fiscal a cargo del caso Andrea Lazo no imputó a ningún agente penitenciario por las irregularidades en los controles y traslados, Orellana reveló que una de las sospechas apuntaba a que el atacante llevaba la faca “en una cavidad dentro de su cuerpo”. “Uno de los custodios relató luego en el marco de la investigación que, dentro del baño, el preso se bajó los pantalones, por lo que una de las sospechas es que allí pudo haber extraído de su cuerpo el arma blanca”, afirmó.

Según las declaraciones recopiladas por Télam, el director penitenciario explicó que si el arma había sido envuelta en una tela, era probable que pudiera haber ingresado en la cavidad de una persona. En cuanto a la falla de los detectores de metales, argumentó que “eso pudo haber sido el motivo por el que no lo alertaron los sensores”, en referencia a que estos no podrían atravesar los tejidos humanos.

“Pasaron por tres requisas y dos detectores de metales, y el elemento corto punzante no fue detectado o no fue requisado en alguno de los puntos, lo que nos hace presumir que el elemento no estaba en la sala, sino que el detenido ya ingresó con él en su poder”, sostuvo el director mendocino al comunicar que los siete agentes penitenciarios que participaron de los controles serán investigados.

Al mismo tiempo, Orellana reconoció que “la responsabilidad mayor recae sobre el Servicio Penitenciario que es el responsable de llevar a las personas detenidas”, este remarcó que “indudablemente en alguno de los tres controles hubo una falla humana”, ya que el personal encargado del traslado está especializado para evitar que este tipo de casos ocurran.

“A pesar de que hay protocolo, hay directivas, tecnología, capacitación del personal y entrenamiento, alguien de esa cadena de custodia cometió una falla”, reiteró, a la vez que simpatizó con los agentes al declarar: “Tenemos prohibido revisar las cavidades de las personas, si hubiésemos tenido dudas, tendríamos que haber solicitado la presencia de un médico para que lo revise”.

De acuerdo con la reconstrucción del traslado, esa mañana Arredondo Suárez y los demás acusados del crimen de Lozano fueron sometidos a un control realizado por cinco miembros del Servicio Penitenciario del penal de Almafuerte, en donde se encuentran alojados actualmente. Acto seguido, procedieron a transportarlos en dos móviles a cargo de otros siete agentes, mientras que al llegar al Polo Judicial fueron requisados por otros dos efectivos y, finalmente, eran custodiados por cinco guardiacárceles en el interior del juzgado.

Por otra parte, Orellana reveló que el atacante le confesó en una entrevista realizada después del hecho que el motivo detrás del ataque era poder llamar la atención, como una forma de reclamo porque no puede ver a su hija desde hace cuatro meses. Si bien la fiscal resultó ilesa, la estudiante y pasante de abogacía que fue apuñalada en el cuello ya fue dada de alta tras haber sido asistida.

Asimismo, los empleados del Polo Judicial Penal de Mendoza suspendieron las actividades durante la jornada del jueves en forma de reclamo por los incidentes ocurridos, por lo que realizaron una asamblea en la explanada del edificio. “Exhortamos a las autoridades de los Ministerios Públicos que coordinen inmediatamente con las distintas fuerzas de seguridad un plan de contención de seguridad en las audiencias públicas y orales”, exigió la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) luego de solidarizarse con la fiscal Ríos.