Esta semana, los equipos de Seguridad Ciudadana y PRI, las policías locales del municipio de Lanús con 250 efectivos, comenzarán a ser capacitados en el uso de una nueva arma: el modelo Byrna, fabricado por Bersa, una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros. Otros modelos tienen formato de fusil de asalto. Sus cargas no son letales. La pistola, vendida a 250 mil pesos en armerías, no requiere registro en la ANMAC. La decisión fue tomada por el intendente interino y secretario de seguridad Diego Kravetz, que realizará este jueves en la Escuela de la Policía Local, ubicada en Gerli.
“Nosotros estamos haciendo un convenio de comodato con una cantidad limitada de armas para los efectivos que vamos a formar inicialmente, más que nada en las divisiones operativas y luego usarlas en los grupos de prevención”, asegura Kravetz a Infobae: “Después, en función de eso, iremos a licitación para ver cuantas compro. Hay que probarlas en calle. Las probé personalmente, son útiles para nosotros”. Las armas son solo para la policía municipal de Lanús, el plan no alcanzará a la Policía Bonaerense.
Así, Kravetz se ubica en el centro de una situación -y en el centro de una polémica- que sobrevuela hace años el mapa de las políticas de seguridad argentina: el uso de dispositivos de fuerza no letal, con la larga polémica de las pistolas taser que todavía se arrastra sin una resolución evidente. Kravetz hace un punto obvio: que la primera respuesta de un policía no sea disparar con plomo.
Kravetz grafica el punto:
“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura. Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”. Los disturbios en el marco de detenciones -con un violento episodio ocurrido el mes pasado en la Comisaría 6° de Monte Chingolo, con un comisario sumariado y separado de su cargo por enfrentar a tiros de escopeta a un grupo que apoyaba a un hombre que buscaba recuperar su moto incautada en medio de agresiones- o los policías que matan a delincuentes que intentan robarles con sus pistolas reglamentarias mientras están de civil, son parte del menú de violencia usual en territorio bonaerense.
“En este contexto, estamos buscando alternativas menos peligrosas y que tienen una cuota de efectividad”, sigue el intendente interino: “Estamos buscando proteger la vida de los vecinos, de los delincuentes y de los efectivos.
El costo de las pistolas Byrna, de fabricación nacional, es comparativamente menor al de las pistolas taser. El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició un proceso administrativo para comprar cien armas taser modelo T7, con su correspondiente kit de accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares. De acuerdo a las últimas estadísticas de la Procuración bonaerense, el departamento judicial Avellaneda-Lanús tuvo uno de los descensos más pronunciados en cuanto a homicidios: pasó de 44 hechos en 2021 a 24 en 2022.
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