Detuvieron a una de “Las Viejas” que operaba una de las bandas criminales vinculadas al femicidio de Johana Ramallo

Celia Giménez era una de “Las Viejas” que operaba las paradas en la zona roja del barrio El Mondongo, de La Plata, donde Johana Ramallo era prostituida al tiempo de su desaparición en julio de 2017. El miércoles pasado, había sido procesada en la causa que el juez Alejo Ramos Padilla investiga en el marco del femicidio de Johana, cuyos restos mutilados fueron hallados en agosto de 2018 en las costas de Berisso. Este lunes, esa sospechosa fue detenida y acusada por explotación sexual.

Giménez fue apresada este lunes por la tarde por orden de Ramos Padilla, juez federal N°1 de La Plata. La detención la concretó personal de la División Unidad Operativa Federal La Plata tras un allanamiento en calles 2 bis, entre 75 y 72, del bario Villa Elvira, en la periferia de la capital bonaerense.

Además de Giménez, Celia Benítez, Érica Paola Garraza, y el proxeneta Carlos Omar Rodríguez, alias “El Cabezón” y detenido en junio pasado, están imputados en la causa donde se investiga la desaparición y el femicidio de Johana. El miércoles pasado, el magistrado procesó también a Hernán Rubén García (47), Nicole Guerra Guerrero (40), de nacionalidad peruana; Sayuri Valentina León (33); nacida en Ecuador, Andrea Camila Barreto Clavijo (30), alias “Boris” y oriunda de Perú; Carlos Alberto Espinosa Linares(38), apodado “El peruano”, “El loco” o “Carlitos”; y Mirko Alejandro Galarza Senio (27).

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Según el procesamiento al que tuvo acceso Infobae, estos últimos están también imputados en la causa por la explotación sexual y venta de drogas, y eran parte del contexto en el que Johana se encontraba al momento de su desaparición. Más allá de que encima de ella tenía a “El Cabezón”, cuando el detenido no estaba en la “zona roja” del barrio El Mondongo, la explotación funcionaba igual.

Según la investigación judicial, Giménez se ocupaba de recibir dinero por administrar las paradas de las mujeres que eran explotadas sexualmente en las esquinas de la zona comprendida entre las avenidas 1, 60, 122 y 72.

Para el juez, “ese complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en la zona roja, conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona y, en particular, el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana”.

Desde marzo del año pasado, Ramos Padilla impulsó la investigación para analizar el contexto en que había ocurrido el femicidio de Johana y le dio intervención a distintas áreas especializadas en violencia de género y trata de personas, quienes propusieron distintas líneas de trabajo que culminaron en estas detenciones y procesamientos.

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Los detenidos abarcan toda la línea de comercialización de estupefacientes, desde quienes proveían cocaína fraccionada para distribuir para la venta, hasta quienes concretaban la venta al menudeo, explicaron las fuentes.

Las mujeres explotadas “se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad desde una perspectiva tanto social, como económica, vincular y familiar, presentando en algunos casos, además, fragilidad en su salud física y psíquica”.

“Estas vulnerabilidades constituían las condiciones necesarias para la explotación y el abuso por parte de los integrantes de las organizaciones criminales que operaban en la zona roja”, consideró Ramos Padilla al dictar el procesamiento.

A la vez, evaluó que “el ciclo de la explotación sexual y el comercio de drogas se retroalimentaba también a partir de la propia dependencia física y psíquica a las drogas por parte de las trabajadoras sexuales -especialmente cocaína- la que muchas veces era generada, estimulada e intensificada a su ingreso a la zona roja, tal el caso de Johana Ramallo”.

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En ese marco, indicó, “a muchas de ellas se les dificultaba salir de este círculo vicioso, pues necesitaban obtener dinero producto del ejercicio de la prostitución y la venta al menudeo de drogas para solventar su propio consumo de estupefacientes, que los mismos controladores que ejercían dominio sobre ellas y las ‘protegían’ distribuían allí y estimulaban consumir y comercializar”.

“Así ocurrió con Johana Ramallo y múltiples jóvenes que declararon ante este Juzgado y describieron pormenorizadamente la violencia y las dificultades que atraviesan aquellas que ejercen como trabajadoras sexuales en la zona roja”, aseveró el juez en la resolución.

El caso

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de la casa donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Casi dos meses antes, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de su mamá Marta y los problemas económicos la habían llevado a la explotación sexual.

La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta 2019.

Aunque aún no se determinó el autor material del femicidio, la investigación trabaja sobre el contexto en el que se produjo y en la forma en que operaba una red de explotación sexual, tráfico y comercialización de drogas en la zona roja de La Plata.

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