La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa sean considerados “particulares damnificados” en una causa en la que su defensa denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a la fiscal que intervino en la investigación del caso.
Fuentes judiciales informaron este jueves que los jueces de la Sala 1 del tribunal, Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone, hicieron lugar a un recurso en ese sentido presentado por Hugo Tomei, el abogado de los imputados por el homicidio de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell.
El defensor denunció desde el inicio de la causa presuntas irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los imputados horas después de su detención y en un expediente aparte de la instrucción principal acusó a la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Villa Gesell, por “falsedad ideológica de instrumento público” y “privación ilegítima de la libertad”, en marzo de 2020.
Ese planteo fue rechazado por el juez de Garantías David Mancinelli, quien el último el último 15 de diciembre consideró que los rugbiers no podían actuar en calidad de particulares damnificados, y tras un recurso de apelación por parte de Tomei, el caso quedó en manos de la Cámara.
El tribunal de apelaciones revocó el último martes la resolución del magistrado, y consideró que Máximo Thomsen (22), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22), que aguardan el inicio del juicio oral por el crimen, pueden impulsar la acción penal contra la fiscal en esta causa, que permanece archivada.
A partir de esta resolución de la Cámara, la defensa de los rugbiers, imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, podrá tratar de reactivar la acusación contra la fiscal, con pedidos de medidas de prueba nuevas.
Además de Zamboni, la acusación de Tomei apunta a la defensora oficial que intervino en el inicio de la investigación, Marina Veronica Olinidi Huespi, y a dos secretarios de la fiscalía.
Los detenidos, en tanto, continúan alojados en la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero, donde cumplen prisión preventiva y aguardan el inicio del juicio por el homicidio ocurrido frente al boliche “Le Brique”.
El juicio oral se desarrollará desde el 2 de enero de 2023 y a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos, en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.
Según la fiscal Verónica Zamboni, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” a Báez Sosa, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.
En su requerimiento, la fiscal señaló que, “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.
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