Este fin de semana, la Prefectura Naval Argentina encontró a la vera del río Uruguay, en la localidad correntina de Santo Tomé -plena frontera con Brasil-, algo que no suele verse con frecuencia en el esquema narco argentino: un laboratorio para tomar pasta base, mezclarla con químicos y producir cocaína.
Los efectivos llegaron al lugar tras seguir varios testimonios que indicaban la presencia de la cocina narco, con un expediente a cargo de la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres con el fiscal Aníbal Martóínez. Con esa información, se realizó un intenso rastrillaje en la zona de Puerto Zanja Romero, sobre el kilómetro de 766 del río Uruguay. Allí estaba el laboratorio, oculto entre la maleza, a la intemperie y cerca de varios toldos. No muy lejos, del otro lado de la frontera, se encuentra una casa marcada como sospechosa. Entre Sao Borja y el centro de Santo Tomé, por ruta, hay solo 17 kilómetros de distancia.
Fuentes del caso confirmaron a Infobae que se sospecha, precisamente, de una banda brasileña que trasladó su operación productora al lado argentino.
La cocaína hallada fue poca, apenas doce gramos. Lo interesante fue todo el resto. Se incautaron dos prensas hidráulicas de producción brasileña, una balanza, 19 frascos de acetona, catalizador químico, cinta de embalaje, film y aluminio, moldes para darle formato al polvo, paracetamol y otras sustancias de estiramiento. También había carpas para alojar a cuatro personas. Todo quedó incautado y la investigación continúa.
No es raro que los narcotraficantes brasileños invadan territorio para montar operaciones narco a la intemperie. Suelen montar precarios campamentos para cosecheros en medio de las estancias que usurpan en Pedro Juan Caballero, en la llanura paraguaya, con áreas arboladas que copan desde adentro para talar y plantar marihuana, con varias hectáreas a la vez. Los cosecheros que ganan 20 dólares al día duermen bajo lonas y plásticos.
Tampoco es el primer laboratorio encontrado en Argentina en la historia reciente. Roberto José Loayza Camacho, alias “Chango”, de 60 años de edad, y su mujer, Miriam Tapullima, ambos bolivianos tenían una en su casa sobre la avenida Bonorino al 2800, justo frente a la 1-11-14. Su cocina estaba, por así decirlo, visiblemente nevada: botellas, ollas, una licuadora, una multiprocesadora, todos manchadas de polvo blanco.
La división Operaciones Antidrogas Urbanas de la PFA allanó la casa de Camacho y Tapullima el lunes 26 de junio de 2017 a pedido del juez Sergio Torres y el entonces secretario Martín Yadarola, en el marco de un expediente que comenzó este año desprendido de otra investigación a transas paraguayos de la zona, con escuchas telefónicas y seguimientos. Gendarmería Nacional todavía debe analizar en un laboratorio todo lo que se incautó en el allanamiento, pero Camacho y su mujer lo tenían todo, aparentemente: había pasta base, varias botellas y bidones con químicos con un fuerte olor a acetona y éter, los precursores básicos para fabricar cocaína, un barril de plástico azul con su etiqueta arranca, un microondas para secar la materia prima cuando llegaba un poco húmeda, junto a casi 20 celulares.
El hallazgo de la cocina era también parte de una red mayor: Camacho y Tapullima estaban acusados por Torres de ser proveedores de una organización regenteada por bolivianos -varios de ellos con condenas previas y causas abiertas por narcotráfico- junto a cómplices argentinos que se extiende desde el Bajo Flores hasta la villa Zavaleta, Laferrere, La Plata y González Catán.
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