“Una pregunta, señorita: ¿Qué va a pasar? Tengo una niña”, dice del otro lado del teléfono la voz de una mujer que no puede parar de llorar y que le pide por favor a la operadora del 911 que atendió su llamado que la rescaten de donde está: una casa indefinida en una calle que no recuerda y que no puede ubicar, dentro de la que, cree, es la Villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores.
“No sé, no me acuerdo”, responde la mujer ante cada pregunta o pedido de precisión sobre su ubicación. “Recién vine de Bolivia, el hombre me trajo y ahorita me agredió”, dice entre sollozos y en evidente estado de shock.
La información del llamado -que ingresó al sistema de Emergencias este domingo a la noche- no bastaba para que los efectivos pudieran ir directamente a buscarla. Sin embargo, tras una serie de tareas investigativas a cargo del fiscal Ramiro González de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Carlos Rívolo y, por pedido suyo, de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, su captor fue detenido y la mujer y su hija de apenas cuatro años rescatadas.
Con los datos personales de la mujer, de 31 años, y de su hija, el nombre del captor y apenas algunas precisiones sobre su reciente llegada al país, los agentes federales del Departamento Unidad Federal de Investigación sobre Trata de Personas comprobaron en primer lugar que las víctimas no habían ingresado de forma legal al país.
Luego, gracias a un relevamiento en redes sociales abiertas y bases de datos comerciales y públicas se logró determinar la identidad del acusado y se identificaron los perfiles en los que la mujer secuestrada había interactuado con su captor.
Rápidamente se efectuaron una serie de tareas investigativas en el interior del barrio. En base al seguimiento de algunos familiares del captor, los efectivos de la PFA lograron reconocer la casa donde estaba retenida la mujer y su hija y solicitaron al juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, una orden de allanamiento y detención.
De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la mujer, en estado de vulnerabilidad, fue captada en Bolivia a través de ofrecimientos engañosos afectivos y promesas de una mejor situación económica, pero al llegar a Buenos Aires fue encerrada y forzada a trabajar en la producción de prendas de vestir en un taller clandestino y sometida a violencia tanto física como psicológica.
Tras el operativo, la víctima fue entrevistada por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que detectaron que se trataba de un clásico caso de trata laboral, y la trasladaron junto a su hija a un refugio.
No es un caso aislado de trabajo esclavo en el área metropolitana de Buenos Aires. La semana pasada, la Policía Bonaerense rescató a 80 adultos y 19 menores de edad que eran mantenidos cautivos en condiciones denigrantes y sometidos a trabajo esclavo en un campo dedicado al cultivo de hortalizas en una zona de quintas de la ciudad de La Plata.
Los capataces Gerardo Gareca y Nery Marcial Vera Espinosa, de 36 y 39 años, ambos oriundos de Paraguay, fueron detenidos cuando dos grupos de trabajadores lograron escapar del predio de 6 hectáreas -que era protegido por cercos electrificados- y fueron vistos cuando corrían por la Ruta 36, tratando de escapar.
A ese lugar, habían sido llevados contra su voluntad cerca de 100 trabajadores paraguayos, bolivianos y argentinos, la mayoría oriundos de la provincia de Corrientes, para trabajar irregularmente en la siembra, cosecha y embalaje de las hortalizas, mientras eran mantenidos cautivos en unas casillas precarias al fondo del campo sin acceso a servicios básicos.
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