Con prontuario internacional y todo, Jhonnie Ismael Perdigón Jiménez llegó a vivir una vida perfectamente argentina.
Nacido en Venezuela, de 54 años, sus registros de empleo en el país comienzan en 2016, con trabajos en dos empresas de seguridad privada. Luego, se dedicó a manejar autos como chofer de aplicaciones. Tuvo domicilios en Hurlingham y en Capital Federal. Más tarde se mudó con su esposa a Morón, donde vivió hasta hoy. Allí lo detuvo esta mañana un grupo de agentes de la división Interpol de la Policía Federal, que lo arrestaron al verlo descender de su auto por una vieja cuenta pendiente.
En octubre de 2019, Marco y Raúl Linares, padre e hijo, dos efectivos de la Policía Municipal de Zamora, fueron arrestados por el asesinato de Freider Edgardo Gómez Pérez, supervisor de informática de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima PDVZA, la petrolera estatal del régimen de Nicolás Maduro. Para la Justicia venezolana, Perdigón Jiménez ordenó el crimen desde Argentina junto a un cómplice.
El hecho había ocurrido tres meses antes en la zona de la parroquia Caricuao, en el Municipio Libertador del Distrito Capital. Allí, Gómez Pérez, que le llevaba medicamentos a su mamá, fue interceptado al salir de su auto por dos hombres. Investigadores del caso se convencieron de que se trataba de un caso de sicariato, según un artículo de El Universal.
Pero a Gómez Pérez, sin embargo, lo mataron por error. El vuelto no le correspondía.
Su blanco era un tal Edward, a quien Perdigón Jiménez y un cómplice -yerno de Jhonnie Ismael- habían marcado para morir. Supuestamente, el tal Edward le había robado a Perdigón años atrás, un hurto menor de varios electrodomésticos. Al parecer, Edward y Gómez Pérez conducían un auto similar. Y al parecer, también, los policías sicarios se confundieron: el supervisor petrolero fue asesinado con una pistola reglamentaria.
El cómplice y yerno de Perdigón también vivió en la Argentina con un DNI legal. Se registró en los rubros de salud humana de la AFIP en 2018, con un domicilio en Villa Ortúzar. Un año antes trabajó en la misma empresa de seguridad privada en la que trabajó Jhonnie Ismael según registros consultados por Infobae. Sin embargo, a este hombre, de 26 años, la división Interpol no recibió la orden de arrestarlo. Su nombre no puede ser encontrado entre fallos de Cámara o primera instancia de la Justicia federal, porteña o bonaerense.
“Peligroso, propenso a la evasión, violento”, dice la circular roja de Interpol sobre Perdigón que pide su captura por el homicidio con alevosía y motivo fútil del petrolero. La ficha también habla de un expediente por robo de autos, pero en Morón, sobre la calle Anunciación, Perdigón se entregó en paz.
Así, será remitido a una celda y su extradición será un asunto para el Juzgado Federal N°1 de Morón. Promete ser un asunto complicado. En los últimos años, las relaciones bilaterales con Venezuela para intercambiar detenidos, sin un tratado vigente, se convirtieron en una situación compleja con presos en ambos países. “Te contestan lo que quieren”, se queja un funcionario local, frustrado ante consultas.
Hay un caso testigo, el del secuestro del empresario Javier Moscuzza, capturado por un grupo comando en Quilmes en octubre de 2020. Moscuzza vio cómo los delincuentes cavaban un pozo en el fondo de un terreno en las afuera de La Plata donde planeaban enterrarlo. También escuchó cómo le gatillaban en la cabeza para amenazarlo y lo liberaron luego de que su familia pagara un rescate en bitcoins, equivalente a 65 mil dólares, un hecho sin precedentes en el hampa nacional. También se comprometió a hipotecar bienes para entregarles más dinero a los secuestradores.
Hubo un detenido por el hecho en tiempos recientes, alguien a quien el empresario, dedicado al negocio de los supermercados, conocía bien: Rafael Carrillo Rodríguez, oriundo de Venezuela, había sido un policía en su país antes de llegar a la Argentina. Al conocer a Moscuzza, el hombre le dio trabajo. Luego, según la acusación en su contra, Carrillo Rodríguez se convirtió en el cerebro del secuestro. Volvió a su país de origen en plena pandemia. Allí fue capturado.
Durante meses, Moscuzza reclamó para que Carrillo Rodríguez sea extraditado a la Argentina para enfrentar a la Justicia, sin resultados. Perdigón Jiménez queda del otro lado de este cerco internacional.
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