
A un año de la muerte de Cristina Vázquez -la mujer que estuvo presa durante 11 años acusada de un crimen en Posadas (Misiones) del que fue absuelta por la Corte Suprema de la Nación en diciembre de 2019- su familia pide que se avance en la investigación sobre las responsabilidades de quienes “la acusaron y condenaron” y reclama “una reparación”.
“Reformas estructurales no hubo, lamentablemente tampoco se ha reparado íntegramente a la familia, entonces la sensación es de mucha impotencia y de que muchas cosas deberían cambiar”, dijo a Télam Indiana Guereño, la abogada de la mujer de 38 años que el 26 de agosto de 2020 fue encontrada muerta en su vivienda de la capital de Misiones, poco tiempo después de haber recuperado su libertad.
La letrada contó que, junto a Magdalena Hernández y Gabriela Cueto (directora y productora, respectivamente, del documental “Fragmentos de una amiga desconocida” que relata el caso de Cristina), hizo un descargo a través de las redes sociales y además convocó a la sociedad para que participe en el reclamo de una justicia “con perspectiva de género”.

“La participación de la gente es fundamental, porque pasó un año de la muerte de Cristina y da la sensación como que nada ha cambiado”, afirmó Guereño, quien recordó que “cuando una persona es absuelta por un error judicial tiene que hacer un juicio por daños y perjuicios que lleva años para llegar a una reparación”.
Asimismo, la abogada se lamentó de que Vázquez “no haya recibido un tratamiento psicológico acorde a la violencia que sufrió por tantísimos años de injusta prisión”, por lo que reclamó una reforma estructural de la Justicia provincial con perspectiva de género.
Por otro lado, señaló que la reparación debería ser “inmediata” y esa “es una de las acciones que se pueden llevar adelante” como así también la de “trabajar en la responsabilidad sobre quienes la acusaron y la condenaron porque se equivocaron”.

Cristina Vázquez (38) y Cecilia Rojas (37) -la otra mujer condenada por el crimen de Ersélida Dávalos de Insaurralde (79)- fueron beneficiadas el 27 de diciembre del 2019 por el fallo del máximo tribunal, luego de que durante años sostuvieran que eran inocentes y fueran defendidas por distintas organizaciones que reúnen a penalistas de todo el país.
El caso comenzó el 27 de julio de 2001, cuando la jubilada del Poder Judicial de Misiones fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas. La empleada doméstica la encontró al día siguiente en el lavadero y se determinó que de la vivienda habían robado dinero y joyas, pero no se hallaron testigos para esclarecer el hecho. No obstante, en 2002 fueron presas ambas mujeres, luego liberadas y detenidas otra vez en 2008; finalmente en 2010 recibieron prisión perpetua por “homicidio calificado criminis causa”.
El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, pero fue apelado a la Corte Suprema que, en 2016, ordenó revisarlo integralmente. Como eso no se hizo, volvió al máximo tribunal.

La defensa siempre planteó serias irregularidades: al momento del crimen, Vázquez estaba a ocho kilómetros de donde mataron a Dávalos de Insaurralde y ninguna prueba científica ni testimonial directa pudo comprobar su participación en el delito. Sólo se tomó en cuenta que el día anterior por la tarde Cristina había pasado por la puerta de la casa de la víctima con una amiga y testimonios contradictorios.
Tras recuperar la libertad, en diciembre de 2019, Cristina dijo estar “muy contenta” y deseó que su caso “sirva para que los jueces de Misiones y de todo el país cambien” y “cumplan con la ley y la Constitución”.
“Yo quiero que esta causa, que estos 11 años que estuve presa siendo inocente sirvan para que los jueces, la Justicia misionera y la del país cambien, que simplemente hagan lo que tienen que hacer, que cumplan con la ley, con la Constitución y los códigos”, resaltó Vázquez. Ocho meses después fue hallada muerta en su vivienda del barrio El Palomar.
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