Comienza el juicio político contra el fiscal condenado por violar y golpear a su novia

El fiscal general Julio César Castro ya conocía el sonido de la música, con 30 años de justicia penal en su currículum. Fue parte de las solicitadas y actividades de la agrupación Justicia Legítima, aunque nunca fue un asociado. Fue designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. El ex procurador Esteban Righi lo designó en el cargo, en el año 2007. Castro también fue fiscal ante el Tribunal Oral Nº 15, estuvo entre los acusadores originales en el juicio al portero femicida Jorge Luis Mangeri, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.

Sin embargo, en el día de su sentencia, Castro pidió que la prensa no presenciara sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Criminal Nº8, en donde se declaró inocente, logró que prohíban también que tomen fotos de su cara o lo filmen. Pero esa sensación fabricada de intimidad quizás no le sirvió de mucho. A las 16 horas del miércoles 20 de noviembre de 2019, los jueces Alejandro Sañudo, Fernando Larraín y Fátima Ruiz López se sentaron en sus sillas en la sala de audiencias del Tribunal en el sexto piso del palacio de la calle Talcahuano.

Castro, rodeado de sus tres abogados, se entrelazó las manos y comenzó a mecerse al oír el veredicto y el monto de pena. Los escuchó y lloró.

Dijo “no, no”.

Después de cuatro meses de juicio, el Tribunal lo condenaba a seis años y seis meses de cárcel por violar y golpear a su ex novia, una abogada 20 años más joven que él, por dos hechos de abuso con acceso carnal en concurso con lesiones leves, la misma pena que había pedido en su alegato la fiscal de juicio Luz Castany, con una calificación abuso con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves. Castany, por su parte, contó con el apoyo de la UFEM.

Su víctima fue querellante en el caso: desistió de su querella al comienzo del juicio, desgastada, adujo motivos médicos. Sin embargo, su denuncia fue la clave. La presentó en 2017, primero ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, recibió una prohibición de acercamiento, luego instó la acción en la Justicia penal. El juez Hernán López, hoy camarista, procesó a Castro, le creyó a la víctima que sostuvo su relato con pruebas y pericias: la Sala VII de la Cámara ratificó su decisión.

La causa por violación no fue la única historia de horror alrededor de Castro. A mediados de la década pasada intentó ser juez, camarista federal. Se sentó frente a la Comisión de Acuerdos del Senado con una recomendación en su pliego firmada por el ministro Germán Garavano. No resultó. La Comisión, integrada en ese entonces por nombres como Juan Manuel Abal Medina y Federico Pinedo, presentó luego su resolución sobre el pliego de Castro: el rechazo fue total. “El candidato no reúne la condición de idoneidad”, aseguró el escrito de los senadores antes de remitir la notificación al Poder Ejecutivo.

Dos denuncias se cruzaron en su camino en el Senado. La primera fue formulada por una ex trabajadora de su fiscalía general, la recibió la Procuración misma en febrero de 2015, lo que inició una investigación interna contra Castro ordenada por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, llevada adelante por la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri. La ex empleada habló de ser forzada a un virtual freezer laboral tras negarse a supuestos avances de Castro, maltratos y acoso que incluso habrían ocurrido mientras la empleada estaba embarazada y de al menos otras cinco mujeres que habrían sufrido avances inapropiados.

Un abogado cercano a Cristian Ritondo y ex candidato a diputado lo impugnó por algo mucho peor: una serie de tuits que databan de febrero de 2014, dirigidos a una menor chaqueña de 15 años y que “denotarían un inaceptable proceso de seducción de un hombre adulto hacia una menor de edad, circunstancia incompatible con las cualidades exigidas a un funcionario público”. “¡Pero qué linda!”, le respondía Castro: “Dale, te voy a buscar”. La paradoja era incómoda. De acuerdo a esta impugnación, el fiscal que estuvo a cargo de luchar contra la pornografía infantil contactó a una menor por Twitter para tratar de seducirla.

Luego, su ex novia lo denunció.

Hoy, todos los caminos se reúnen. Castro continúa en libertad, suspendido en sus funciones por el procurador Eduardo Casal. Su sentencia no se encuentra firme. En paralelo, hoy martes 9 por la mañana, cinco años después, comienza el juicio político que puede costarle el cargo tras el expediente iniciado de manera interna en la Procuración en 2015 con una investigación modelo de la fiscal Mazzaferri. El juicio político, más allá de su condena, puede costarle a Castro su destitución: según registros, habría percibido su último sueldo de la Procuración en agosto de 2020.

La demora en comenzar el juicio político fue notable: la fiscal Mazzaferri hizo su presentación inicial para el jury en septiembre de 2017, con Alejandra Gils Carbó todavía como procuradora. Luego, Gils Carbó decide ampliar el sumario administrativo ante la causa por violación. El informe final es presentado a mediados de 2018.

El juicio político a Castro, según fuentes del caso, se realizará de manera semi-presencial. Castro participará por Zoom con tres abogados defensores.

El tribunal estará presidido por Adriana Olga Donato en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, junto a César Antonio Grau -en representación del Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón por el MPF, además de Héctor Pedro Recalde por el Poder Ejecutivo, junto a otros funcionarios.

Federico Guillermo Reynares Solari y Cecilia Alida Indiana Garzón serán los fiscales acusadores.

En su investigación volcada en un documento de 100 páginas, la fiscal marplatense descubrió en su investigación no solo una, sino siete presuntas víctimas de acoso sexual de Castro. Cinco de ellas trabajaron con él en varias dependencias, otras dos eran empleadas en otras dependencias de la Justicia. “Una multitud de actos”, apuntó Mazzaferri en su presentación, “que conforman un patrón de conducta permanente y verdadero terror laboral”. “Todas las conductas atribuidas al doctor Julio César Castro se caracterizan por la cosificación de sus empleadas y funcionarias a su cargo y su consecuente despersonalización”, aseguró la fiscal que tomó un criterio de trabajo exhaustivo que abarcó la carrera de Castro desde mediados de los 90, cuando fue designado fiscal.

La extorsión, por lo visto, habría sido el modus operandi: la promoción o el buen pasar o siquiera mantener los puestos de las empleadas “dependía de que las funcionarias dependientes de Castro accedieran a sus invitaciones o insinuaciones o que tuvieran que soportar sus comentarios sexuados o miradas libidinosas”, apunta el informe.

Los comentarios sucios y los avances no son los únicos elementos. “Maltrato”, “descalificación” y “difamación” son otros términos empleados, ya que la investigación también investigó el maltrato laboral a empleados masculinos. Los tuits a la menor chaqueña, por otra parte, también fueron incluidos en el documento elevado a Gils Carbó.

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