
Ayer por la tarde, luego de una fuerte indignación de la familia de la víctima y en redes sociales, la jueza Karina Zucconi procesó a Irineo Garzón, el acusado de drogar y violar a una joven venezolana de 18 años en su local de venta de uniformes médicos en la calle Paso al 600 en Once, luego de una fuerte apelación de la fiscal Silvana Russi y la presentación de la víctima como querellante con los abogados Alejandra Cabrera y Pablo Baque.
Zucconi, a pesar de que Garzón fue encontrado junto a la víctima por la Policía de la Ciudad, con la joven balbuceando en un estado de llanto, con sus pantalones desabotonados y los calzoncillos del acusado en el pico, a pesar de que se encontró medicación analgésica en el local, a pesar de diversos chats que muestran un intento de seducción fallido y una pericia que demostró que la joven tenía tres lesiones sangrantes compatibles con un abuso, a pesar del riesgo de fuga y de entorpecer la investigación objetada en un principio por la fiscal Russi en su apelación original y de la expresa negativa de la víctima, dejó libre al acusado.
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Apenas le impuso, tal como pidió la defensa, una caución juratoria, una fianza bajo palabra, con una restricción de acercarse a la víctima y la imposición de presentarse en el juzgado. Ni siquiera ofreció un domicilio real para fijar: dio uno en la zona de Mataderos, la casa de su hermana, pero al parecer no viviría allí. Documentos de la causa indican que la calificación era de abuso sexual con acceso carnal desde un comienzo.
Ahora, tras la presión, Zucconi decidió procesarlo. Sin embargo, Garzón mantendrá su libertad, atado a las reglas impuestas el lunes. Esta libertad será apelada tanto por querella como por fiscalía, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
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Se hicieron secuestros en el local: el equipo DVR de cámaras de seguridad, la ropa de la víctima y del victimario, dos vasos con lo que parece ser jugo de manzana, teléfonos y notebooks. Un análisis de huellas reveló rastros compatibles con Garzón.
La víctima también declaró como testigo: aseguró que el contacto con Garzón había comenzado dos días antes en Facebook. Tras beber un vaso de agua, comenzó a sentirse mareada, “ella aceptó agua y luego sintió mareos, hormigueo en los brazos, dificultad para hablar, llegó a llamar a la hermana”, describe el expediente.
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“No supo precisar el tiempo transcurrido, ni lo sucedido desde entonces, pues sólo recordaba que en un momento escuchó, a lo lejos, golpes en la persiana, el momento en el que llegó personal policial con su madre, y a su vez, que el hombre le subía los pantalones mientras le pedía que se vistiese y se pusiese de pie. No recordó si había tenido contacto físico de tipo sexual”, sintetiza un documento del Juzgado N°15 sobre la declaración de la víctima.
Para sostener la libertad de Garzón, la jueza citó su fallo anterior, donde aseguraba que la sola amenaza de pena no era suficiente, entre otros factores como la falta de antecedentes. Hay, por lo pronto, más de 5500 imputados con una primera imputación por abuso o violación en las cárceles federales y bonaerenses de acuerdo a las cifras para 2019 del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena. Parece extraño que, de cara a semejante cantidad de pruebas, Garzón sea una excepción.
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Hoy por la mañana, amigas de la víctima convocaron a una marcha frente al local de la calle Paso para protestar por la decisión de Zucconi donde la jueza Zucconi fue el foco del repudio, en una clara reivindicación de los derechos de las mujeres migrantes en un caso donde la explotación de la vulnerabilidad a la hora de pedir un trabajo es evidente.
Por otra parte, una pericia clave del caso ya tiene fecha: el 2 de febrero se realizará el análisis toxicológico para determinar si efectivamente la víctima fue drogada antes del presunto ataque.
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Fuentes cercanas a la víctima aseguran que ya tiene un botón antipánico: su querella ya fue aceptada en el caso.
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