G. L., de 26 años, fue detenido en Colón, provincia de Entre Ríos por una brigada de la división Homicidios de la Policía Federal ayer por la mañana, buscado por un juzgado de su ciudad a cargo de la magistrada Natalia Céspedes. Cayó en la esquina de Dorrego e Iturri, no muy lejos de la casa de su familia en donde se escondía.
Había esquivado el pedido de captura en su contra durante meses, al menos desde noviembre de 2019. El delito era aberrante: abuso sexual simple y con acceso carnal a una menor, agravado por la condición de guarda y de ser tutor de su víctima, su hijastra de apenas siete años de edad.
El hecho ocurrió en un barrio de la periferia de Colón. Su víctima relató al menos dos episodios, ubicados entre junio y noviembre del año pasado en la habitación de la nena, en la casa que compartían y en horas de la madrugada. En el primero, relató cómo su padrastro la obligue a que la toque. Tiempo después, el 19 de noviembre, la atacó mientras dormía, una supuesta violación.
No fue particularmente difícil encontrar a G. L., cuyo nombre es mantenido en reserva para no exponer a su víctima: fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que acumuló varias notificaciones por violar la cuarentena cerca del domicilio donde fue encontrado. Se dedicaba, puntualmente, a cuidar coches como trapito.
Así, G.L fue enviado a la Justicia, donde será indagado y enfrentará el proceso en su contra. No fue el único abusador de menores prófugo detenido en la cuarentena.
En los últimos meses, casi una decena de prófugos y evadidos de la ley cayeron en diferentes operativos a cargo de las cuatro fuerzas federales, dirigidas por el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, dependiente de la Subsecretaría de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que analiza la información para encontrar a los prófugos con pedido de detención pendiente y se convierte en un nexo con los juzgados que requieren las capturas.
Entre esos casos, el 27 de agosto fue detenido Oscar Ramón Carballo, con un arresto a cargo de Prefectura. Lo buscaban por presuntamente abusar de una menor de 13 años en el año 2015 junto a un cómplice, con varios ataques, una captura pedida por el Tribunal Oral Criminal porteño N°25 en 2019. Carballo, un jubilado, ex empleado de la Secretaría General de Presidencia de la Nación durante casi 20 años según sus registros previsionales, tiene 80 años de edad.
El caso de Ernesto Córdoba, de 41 años, pensionado, también buscado por el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno, es particularmente oscuro. Su causa data de 2015. El 31 de agosto, la división Búsqueda de Prófugos de la Federal lo detuvo en la calle, cerca de una de las casas que frecuentaba, en el oeste de Gran Buenos Aires. Está imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal. Se descubrió que trabajaba junto a su pareja como entrenador de fútbol de menores de edad, según confirmaron fuentes de los organismos de seguridad a Infobae.
A comienzos de agosto, “Dani”, peluquero infantil del barrio de Villa Devoto, fue arrestado entre los gritos de sus vecinos por la división Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, tras una investigación de la UFI N°14 de San Martín, con la firma del Juzgado de Garantías N°4 de la jurisdicción. Dos chicas de 13 y 17 años lo denunciaron. Hablaron de una emboscada, según fuentes de la causa, una supuesta “oportunidad” para ser modelos y trabajar en “una productora conocida”. Cobrarían en dólares, viajarían por el mundo, eso les dijo. Así, según sus relatos, las habría llevado a hoteles alojamiento sobre la General Paz donde convertía las habitaciones en estudios fotográficos amateur. Los testimonios indican que en el hotel, “Dani”, cuyo nombre completo es preservado por la Justicia para no exponer a sus víctimas, tomaba imágenes.
“Dani” llegó a abrir su peluquería durante la cuarentena, beneficiado por los levantamientos a las restricciones originales: se encontró con una protesta de víctimas.
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