Mueren más personas en los psiquiátricos bonaerenses que en las cárceles

La semana pasada, la Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe sobre la situación en hospitales psiquiátricos, cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires a lo largo de 2019. El documento, de 405 páginas, tiene un adjunto, una lista de muertos al final, las personas que perdieron la vida bajo el cuidado del Estado en una celda de pabellón, en una dependencia policial o internadas en una sala.

148 personas murieron en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hay otra lista que le sigue, con un número mayor. En el mismo período 150 personas fallecieron en el contexto de internaciones por motivos de salud mental, un número que proviene del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Suprema Corte bonaerense a partir de las notificaciones que recibe de los juzgados intervinientes en la internación de las personas fallecidas, tanto del ámbito público como privado.

La tasa de mortandad en psiquiátricos es más alarmante si se toman en cuenta los números generales: 1785 internaciones contra más de 45 mil presos en las cárceles provinciales.

En 68 de esos casos, la CPM no pudo encontrar un juzgado civil o de familia a cargo de supervisar su situación, muertos que se escurrieron por el sistema que fueron legal y literalmente de nadie.

La comparación, más muertos en psiquiátricos que en penales, tampoco es nueva. En su informe que relevó los datos del período 2018, la CPM había contado 180 fallecidos en hospitales públicos e instituciones privadas contra 140 en el Servicio Penitenciario provincial. El hospital Esteves tuvo 12 muertos, con 37 en Open Door y 16 en Melchor Romero, cuyos diversos problemas fueron históricamente denunciados por el CELS. 35 casos más fueron notificados posteriormente para ese período: 215 en total.

La cifra de 2019, por lo pronto, es considerada preliminar. Pueden agregarse más casos con el tiempo.

En 2019, Open Door concentró la alta mayoría de las muertes, con 41 por ciento de los casos. El hospital de Alejandro Korn tuvo un aumento en sus fallecimientos, de 40 casos en 2018 a 47 en 2019.

Al manicomio, por otra parte, se vuelve mucho más de lo que se entra por primera vez. De dos mil ingresos en 2019 a los cuatros centros monovalentes de la provincia como el Cabred en la zona de Open Door, el 68 por ciento se trató de reinternaciones. De esos dos mil casos, por otra parte, el 82 por ciento ocurrió de forma involuntaria. En Open Door, el 44 por ciento está hace más de tres años internado allí; en Alejandro Korn, ese segmento llega al 78 por ciento de todos sus pacientes. De los 1886 egresos en monovalentes públicos según el informe, un 39 por ciento abandonó el tratamiento. En 2019 también se monitorearon los hospitales Ramos Mejía e Ingenieros, especializados en problemas ligados a la discapacidad; el primero aloja mujeres a partir de 18 años y el segundo varones desde los 18 años. En ambos lugares el promedio de internación supera ampliamente los 10 años.

Entre los fallecidos, 76 casos, más de la mitad, fueron personas de entre 60 y 79 años. Las causas de muerte, encontró la CPM, son un enigma. “Paro cardiorespiratorio”, el término genérico para una muerte humana, está en más del 35 por ciento de las planillas; el 7 por ciento ni siquiera menciona un motivo. “Problemas de salud” es el motivo preponderante.

La lista de causas de muerte, por ende, no revela motivos como homicidios, fallecimientos por posible violencia entre pacientes o consecuencias del trato del personal. El informe de 2018 de la CPM había marcado diversas denuncias de abuso sexual hechas por internas del hospital Esteves en Temperley, testimonios que fueron reflejados por Infobae. Una inspección posterior de la Comisión encontró mejoras en condiciones edilicias y de vida.

El penal psiquiátrico de Melchor Romero, la Unidad N°34 del SPB reservada a detenidos declarados inimputables, tiene su problemática reflejada en el informe.

En febrero de este año, Cristian Moreno Garzón, un joven colombiano estudiante de veterinaria fue llevado a la Unidad N°34 tras sufrir un brote psicótico en la pensión donde vivía, que terminó en un forcejeo con una vecina y un traslado a la Comisaría 2°. Falleció en el hospital de Melchor Romero tras haber recibido, supuestamente, un ataque de otro interno en el penal psiquiátrico que lo dejó en coma. La CPM formalizó quejas sobre su situación. No fue el único.

Maximiliano A., un hombre de San Isidro de 38 años, había sido condenado a 18 años de cárcel por homicidio agravado en 2014, una pena impartida por el Tribunal Oral N°7 de la jurisdicción, luego de una larga historia de causas menores y consumo de cocaína. En paralelo enfrentaba otro proceso en el Tribunal Oral N°3 donde, paradójicamente, se lo declaró inimputable y fue derivado a un juzgado de familia para su control, con un correspondiente sobreseimiento.

Así, Maximiliano fue trasladado a la Unidad N°34. Las evaluaciones coincidieron en que el acusado presentaba un diagnóstico psicótico agudo: un después fue diagnosticado con VIH, lo cual agravó su situación. Su madre y la CPM denunciaron su situación con presentaciones en el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Isidro, a cargo de controlar su situación. Su defensa oficial, según el informe, nunca tomó interés. El contexto general era el problema. “Se realizaron numerosas acciones judiciales, en las cuales se reflejaba enfáticamente la ausencia de cualquier dispositivo de salud mental en la Unidad, lo que se agravaba por las deplorables condiciones de alojamiento. Maximiliano permaneció al menos tres años consecutivos bajo un aislamiento extremo en el pabellón SAC”, asegura el informe.

El pabellón SAC, sigla de Servicio de Atención en Crisis, fue el foco de un hábeas corpus colectivo. Según el personal médico, los internos pedían estar allí, una suerte de aislamiento optativo, algo que, según opina la CPM, es parte de las patologías mentales. Se entrevistaron pacientes: algunos afirmaron haber pasado años allí. Finalmente, el pabellón fue clausurado a fines del año pasado, tras una decisión de la jueza platense Marcela Garmendia.

Una evaluación determinó que Maximiliano, presentaba un adelgazamiento extremo con episodios convulsivos que se sumaban a su cuadro psicótico, marcado por una sobremedicación evidente y los años de aislamiento. Las pastillas eran su única “terapia”, con el único fin de controlarlo. La historia clínica, según el informe, no cumplía con los parámetros legales, había “escasas anotaciones de profesionales de psiquiatría y psicología, y una ausencia absoluta de abordaje interdisciplinario”. Su expectativa de vida era ínfima.

Finalmente, ante esta situación, recibió el arresto domiciliario, a cumplirse en un centro de salud. Fue trasladado al hospital Ramón Carrillo, donde mejoró visiblemente.

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