En medio de la lucha en el Congreso de la Nación por considerar a la pornoextorsión un delito penal, en los últimos meses varias jóvenes y adolescentes de distintas partes del país denunciaron que fueron robadas fotos privadas de sus perfiles de Instagram y otras redes sociales, y publicadas en páginas web pornográficas.
El fin de semana pasado se conoció el caso de 21 chicas de la zona del Alto Valle (Neuquén y Río Negro) que aparecieron en una conocida web para adultos. Ahora se presentó otra denuncia que involucra a jóvenes de las ciudades de La Plata, City Bell y Villa Elisa.
La denuncia fue presentada ante el área de Delitos Informáticos de la policía Bonaerense. Allí consta que L.P. descubrió que le habían sustraído de sus redes sociales imágenes privadas y esas fotografías fueron subidas a la página web porno.
Según la denuncia, esas fotos que fueron tomadas sin ningún tipo de autorización, eran ofrecidas por un usuarios como intercambio de “imágenes eróticas” y en algunos casos pornografícas. En dicha web también se ofrecen video de alto contenido sexual.
La joven involucrada decidió hacer visible su situación y de inmediato se multiplicaron las testimonios de otras chicas que habían pasado por la misma situación.
“Si hay gente que quiere hacer este tipo de cosas está en su derecho, pero de ninguna manera se puede permitir que quienes no tenemos nada que ver aparezcamos en una página porno”, dijo una de las víctimas a un diario local.
Florencia Zerda es abogada especializada en violencia de género digital. En diálogo con Infobae, la letrada admitió la existencia de un vacío legal para estos casos. Sin embargo, explicó que hay alternativas en el Código Penal por las cuales se podrían haber encarado las denuncias.
“Sin conocer ninguna de los 21 casos, se podrían haber aplicado los artículos 153 y/o 153 bis, que hacen referencia a la violación de la privacidad y el uso de imágenes sin autorización. También se podría alegar violación de derechos de autor, que también tiene sanción penal. Es decir, si bien hay un vacío legal, hay figuras legales por las cuales se podría encarar”, dijo la abogada, quien incluso destacó que haber obtenido los números IP (como ocurrió en este caso) hubiese servido aún más para avanzar. “Es muy difícil acceder a ellos y en este caso tuvieron esa ventaja”, recalcó.
Asimismo, Zerda recordó la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley que impulsa el aumento de penas por la difusión no consentida de imágenes sexuales. Iniciativa que propone modificar los artículos 155 (protección de la intimidad) y 169 (chantaje) del Código Penal, en orden a tipificar y sancionar penalmente la difusión no consentida de contenidos de desnudez, sexual o erótico, incluso si se ha obtenido con consentimiento de la víctima. O también el anteproyecto de modificación del Código, que contempla cambios en este sentido.
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