El ex policía federal Raúl Armando Cabral, acusado por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa conocida como ESMA IV, recibió este jueves un revés judicial por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y deberá volver a la cárcel, después de gozar varios meses del beneficio de la prisión domiciliaria, que obtuvo a fines del año pasado.
Cumpliendo el arresto en su casa, Cabral fue denunciado por violencia de género. A raíz de ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 5 revocó su prisión domiciliaria. La defensa del acusado apeló la resolución pero la Sala II del máximo tribunal penal del país confirmó la decisión del TOF Nº 5.
Ante esta situación, la defensa de Cabral interpuso un recurso extraordinario, que finalmente el mismo tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, resolvió “declarar inadmisible”. De esta manera, con el rechazo al recurso extraordinario con el que pretendía llegar a la Corte Suprema, Cabral deberá volver a prisión, confirmaron fuentes judiciales a Télam.
Las fuentes también resaltaron a la agencia que la revocatoria y sus posteriores confirmaciones se dieron luego de que Cabral fuera “recientemente denunciado por su esposa por violencia de género”.
Cabral está siendo juzgado en la causa “ESMA IV”, por sus funciones como miembro de la Policía Federal Argentina e integrante del grupo de tareas 3.3.2. El juicio que lleva adelante el TOF Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez, comenzó en agosto de 2018 y se encuentra próximo a culminar.
El tribunal debe expedirse sobre la acusación a Cabral y el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari; el oficial retirado Carlos Mario Castellví; los suboficiales Ramón Roque Zanabria, Carlos Néstor Carrillo, Jorge Luis Ocaranza y José Luis Iturri –todos ellos de la Armada–; y el agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino, Miguel Conde.
Todos están acusados de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales en perjuicio de 805 víctimas.
A fines de mayo del 2019, la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado concluyó su alegato y el representante del Ministerio Público Fiscal, Félix Crous, solicitó la pena de prisión perpetua para los ocho acusados.
En tanto, el fiscal Crous pidió también se condene a seis años de prisión a otro imputado, Claudio Vallejos, por su responsabilidad en el secuestro del diplomático argentino y dirigente de la UCR Héctor Hidalgo Solá.
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