La justicia bonaerense pidió que se cumpla “inmediatamente” el fallo que beneficiaba con domiciliaria a los presos en riesgo por el coronavirus

La Cámara de Casación Penal Bonaerense le ordenó a los jueces que “inmediatamente” se dispongan los arrestos domiciliarios para los presos de la provincia que son grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus y que están detenidos por haber cometido delitos leves.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la decisión se tomó ante las denuncias de que no se estaba cumpliendo un fallo que Casación dictó hace dos semanas. Se trata de una resolución en la que se ordenó que mientras dure la pandemia se le otorgue el arresto domiciliario a los presos que son grupo de riesgo y que están detenidos por delitos leves y que se analice la situación de otros internos.

“Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”, sostuvo el magistrado de Casación Ricardo Borisnky.

La decisión llega en momentos de suma tensión en las cárceles de la provincia por el coronavirus. Este martes hubo reclamos, con presos subidos a los techos, en una de las dos unidades de Melchor Romero. Los internos de distintas prisiones lanzaron una huelga de hambre que se desactivó en una reunión que hubo ayer en la cárcel de San Martín con jueces y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como parte de una mesa de diálogo que desde fin del año pasado todas las partes mantienen.

El reclamo es que por el hacinamiento no hay aislamiento posible que se pueda aplicar como medida de sanidad si el virus ingresa a las prisiones. Inclusive, ya hubo un caso en la cárcel de Florencio Varela y un agente infectado en Campana. Los internos reclaman que la sobrepoblación -que en la provincia es del 100 por ciento con 45 mil detenidos y plazas para 23.400- se dispongan salidas de la cárcel, sobre todo de los presos que están cerca de cumplir la pena, como medida para aliviar la situación interna sanitaria. Piden que los jueces y fiscales tengan más intervención ya que por la pandemia dejaron de ir a las prisiones.

La situación llega a tal extremo que ayer los 19 defensores generales de la provincia le pidieron al gobernador, Axel Kicillof, la conmutación de penas para dos grupos de internos: quienes tengan condenas firmes que se vencen en el transcurso del año y quienes con condena firme tengan penas que no superen los años años de prisión y que durante el 2020 cumplieron o lo hagan con el requisito de acceder a la libertad condicional. Ese universo, según calculos extraoficiales de los defensores, alcanzaría a unas cinco mil personas.

El 8 de abril pasado la Cámara de Casación hizo lugar a un pedido de los defensores generales y ordenó el arresto domiciliario, mientras dure el aislamiento social, de los presos detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Pero también que sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctimas. También les encomendó a los jueces que de oficio analicen la situación de las personas bajo prisión preventiva y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena. Y que hagan lo mismo si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

Los presos en situación de riesgo ante el coronavirus -que son mujeres embarazadas y con niñas/os, personas mayores de 60 años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV- son 2.300, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia. Pero podrían ser más por una actualización y por un mejor diagnostico médico. De esos 2.300, 420 son sobre los que Casación ya dispuso la prisión domiciliaria.

Pero en la mayoría de los casos no se otorgaron. Así fue denunciado por los defensores oficiales. Los jueces que no dan las prisiones domiciliarias sostienen que en muchos casos la condena no está firme. Ahora Casación dijo que esa distinción no se hizo en el fallo y que por lo tanto no es obstáculo para otorgarlas y que se deben dar.

Pero las prisiones domiciliarias presentan otros problemas. Requieren ciertos trámites previos, como constatar si el domicilio es apto, si allí no vive la víctima del detenidos y de qué manera se controla la detención hogareña. El método más usado es el uso de tobilleras electrónicas. Pero la provincia no tiene más dispositivos. Los 1.960 que posee están en uso y tiene un listado de 250 personas que esperan uno.

El juez Borisnky también le ordenó a los magistrados que cuando otorguen un arresto domiciliario le sea informado a las víctimas del caso. Fue ante un pedido de la asociación “Usina de Justicia”.

El fallo que ordenó los arrestos domiciliarios está bajo discusión judicial. El fiscal de Casación Carlos Altuve lo apeló con varias objeciones, mientras que de los defensores generales plantearon que siga vigente. Se espera la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Toda esa discusión con un hacinamiento histórico en las cárceles de la provincia y ante el riesgo del coronavirus que genera tensiones con un final impredecible que todos buscan evitar.