
Escondido, con alguien que lo refugia, el contador Leandro Sebastián Martínez, vecino durante los últimos años de varios countries de la zona Oeste, socio gerente de una conocida empresa del rubro de pigmentos, le dice a su defensa que quiere entregarse.
Ya se había convertido en un prófugo el 23 de enero pasado, cuando el fiscal Pablo Masterrer de la UFI Nº11 ordenó arrestarlo y allanar la casa que compartía junto a su mujer y a sus dos hijos en el barrio Weston de la zona de Francisco Álvarez en Moreno. Lo había acusado de abusar de la nena de 12 años diagnosticada con un retraso mental moderado que lo llamaba su tío, cuatro hechos en total que databan desde 2018, en encuentros familiares, lo que consistiría un abuso sexual simple, manoseos “en la cola y en la vagina”, en su casa en otro country donde vivía antes, en fiestas familiares según el relato de la madre de la nena hecho por la Justicia a fines de diciembre del año pasado, hechos que contó en una clase de ESI en el colegio religioso al que asistía con una acompañante terapéutica, que le contó a su niñera, a una amiga.
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El vínculo no era directo: Martínez es el marido de una prima del padre de la nena, sin embargo le decía eso, “tío”.
Los términos en el oficio que firmó Masterrer y al que accedió Infobae son excepcionalmente duros. “El mencionado Martínez, aprovechando la circunstancia de encontrarse al cuidado de la niña y por ende bajo su guardia y de la inmadurez propia de la corta edad de ella, además de su estado de indefensión”, aseguró el fiscal, “la prolongación en el tiempo de los abusos sexuales lleva a degradar la personalidad de la víctima, lo que me permite considerarlos un sometimiento sexual gravemente ultrajante", continuó más tarde.
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El padre de la nena hizo la denuncia en la línea 144. La madre, Daniela, fue de las primeras en declarar: su testimonial es el centro de la causa contra Martínez, detalla en boca de su hija los cuatro episodios, ubicados en el tiempo.
La acompañante terapéutica de la víctima en la escuela, una psicomotricista, declaró también como testigo. Estaba presente cuando la víctima habló de lo que sufrió en la clase de ESI, en “octubre o noviembre de 2018”. “Chicos, chicos, a mí me pasó algo re feo, así que yo ahora no quiero hablar de la menstruación ni de nada que me diga la seño”, aseguró que dijo la víctima.
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-Bueno, a todas las mujeres nos pasa, dijo la docente, de acuerdo a la testimonial.
-No, porque a mí un pariente mío que tengo me tocó, contestó la menor, enojada.
Así, ambas salieron del aula: “Una vez que salimos del aula me contó que el fin de semana que había pasado fue a dormir a la casa del primo de su papá”, relató la acompañante sobre lo que sería en la causa el primer episodio, que se conoce en la causa como “hecho número I”. Así, aseguró la acompañante, le dio aviso al gabinete psicopedagógico del colegio. Luego, dijo, llamó a los padres de la menor. “Ellos me dijeron que sabían algo, que no era que no le creían pero que querían ver bien qué pasaba, que la mujer de su primo estaba embarazada -en referencia a Martínez- y le había costado un montón quedar embarazada, no querían hacer lío”. El colegio, continuó, “informó al Servicio local”. La menor le volvería a mencionar el episodio: “El tema del primo del papá lo cuenta frecuentemente”.
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La víctima, por otra parte, tiene una psicóloga. La madre de la nena la relevó explícitamente del secreto profesional para que hable en la causa. Esa psicóloga declaró el 31 de enero, su testimonio consta en la causa. Infobae accedió a su lectura de forma completa.

La especialista aseguró tuvo su primera entrevista con ella en octubre de 2019: notó ansiedad, miedo de la nena a estar sola, a situaciones de robo. Entonces, los padres le hablaron de la situación del “tío”, le mostraron los audios, el video en el cuarto con la cama cucheta. Así, “hicimos una sesión al día siguiente con la nena”. “Vino más nerviosa o tensa, no quería hablar, era raro porque era una nena muy extrovertida”.
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La psicóloga le propuso un juego: leer un cuento, resaltar las partes en las que se identificaba. Había una parte donde adultos hacían mimos. Identificó en estas situaciones “al tío Leandro”. Contó como en esas situaciones “se quería ir a casa” y que “se sentía sola y que no le salía contarle a la abuela porque no sabía cómo lo iba a tomar”.
En sesiones posteriores, la menor comenzaría a contar qué había pasado en episodios específicos. “¿Esto también le pasa a los otros nenes?”, preguntó en voz alta. Dijo que quería mostrar el video de la cámara de seguridad “en el juzgado, a la policía y a más familiares para que puedan estar conmigo y me crean”.
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La distinción es clara: la declaración es una testimonial, y no una pericia, siquiera de parte. Sin embargo, su valor es evidente. A la psicóloga, la fiscalía le preguntó específicamente si notó síntomas congruentes con abuso sexual: “A mí me llamó la atención cuando describió sensaciones, lo hace con un relato muy sentido, en todo momento reitera siempre lo mismo, no se modifica, tiene coincidencia de forma directa al preguntar y de forma indirecta al tratarlo con el libro”.
La defensa de Martínez, por su parte, encuentra documentos en el expediente que interpreta como favorecedores a su postura. Una nota del gabinete del colegio de la menor asegura que “no hay signos de abuso”. La Cámara de Morón, por su parte, favoreció al acusado con una modificación en la calificación: eliminó la figura de “abuso gravemente ultrajante” promovida por el fiscal al no encontrar que había pruebas para justificarlo, lo mismo fue para la figura de corrupción de menores agravada. La eventual guarda de la menor fue el único agravante que persistió.
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La víctima no declaró todavía en cámara Gesell. La valoración por especialistas de lo que diga será clave. Esa misma valoración fue clave para condenar a 14 años de cárcel a Jonathan Fabbro a fines del año pasado: el análisis del testimonio de su víctima descartó cualquier tipo de fabulación. El 21 de enero, dos días antes del pedido de arresto, el fiscal Masterrer pidió que se le requiera al Cuerpo Técnico Auxiliar del fuero de menores un estudio psicológico de la menor y que evalúe si está en condiciones de declarar.
Masterrer también pidió a la Asesoría Pericial del Ministerio Público un estudio psicológico y psiquiátrico sobre Martínez, si eventualmente se entrega o lo encuentran. La Justicia, por otra parte, rechazó un hábeas corpus planteado por su defensa. Mientras tanto, la defensa apunta a diversas recusaciones con audiencias programadas y niegan los cargos.
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