Luego de pasar cuatro días en celdas de la DDI de Villa Gesell, la comisaría 2º de la localidad costera y la 1º de Pinamar, los 10 detenidos por el brutal ataque comienzan el camino del calabozo a la cárcel: el Servicio Penitenciario Bonaerense recibió ayer lunes el pedido de traslado y recepción del juzgado de garantías que interviene en la investigación del caso para admitirlos en un penal de la provincia, apuntaron fuentes cercanas al caso a Infobae.
La Unidad Nº 6 en la jurisdicción de Dolores es la más cercana, por lógica deberían ser detenidos allí mientras la fiscal Verónica Zamboni recolecta pruebas del caso para fortalecer un eventual pedido de prisión preventiva.
Sin embargo, el pedido de envío a prisión todavía no fue efectivizado. Para empezar, en la Nº 6 de Dolores no hay lugar. El Informe Anual 2019 de la Comisión Provincial de la Memoria la marca como la cárcel más sobrepoblada de la provincia: 343% de exceso de detenidos, 3,4 presos donde debería haber uno. En diciembre de 2018 tenía un cupo establecido de 370 detenidos: había 833. La Unidad Nº 6 realizó obras en 2018, por las que se sumaron 72 nuevas plazas. Varios de sus detenidos se plegaron a la reciente huelga de hambre que alcanzó a una serie de penales como Olmos y Batán en la provincia.
La Defensoría bonaerense realizó una recorrida en mayo del año pasado; un informe posterior marcaba que los detenidos allí compartían colchones y mantas y que hasta seis presos compartían celdas de espacio mínimo. También tenían la posibilidad de realizar deportes, entre ellos, rugby. No es algo insólito: el rugby es uno de los deportes más frecuentes entre las paredes del SPB, unidades como la número 32 de Varela tienen sus propios equipos.
Así, se espera que los 10 acusados vayan a prisión: solo se espera que haya lugar. Eso es uno de los mayores problemas en el sistema penal provincial: la falta de cupo en cárceles lleva a que hombres y mujeres detenidos pasen meses dentro de comisarías a la espera de un traslado. Que sean enviados a una cárcel, por otra parte, no significa ningún agravamiento de la acusación en su contra por homicidio agravado, con dos jóvenes señalados por la autoría material del crimen y otros ocho como partícipes necesarios.
El SPB al recibirlos, por otra parte, podrá adoptar distintas medidas para separarlos de la población general dado su perfil de alto riesgo. Por lo pronto, la Justicia no pidió ninguna medida especial para ellos y ningún penal particular como destino.
Las medidas de prueba en la causa continúan. Mañana se espera que los once acusados enfrenten una rueda de reconocimiento: seis amigos de Fernando Báez Sosa que fueron testigos del hecho deberán marcar a quienes patearon hasta la muerte al joven y señalar qué rol tuvieron en el crimen.
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