El martes 31 de octubre de 2017, mientras pedaleaban a bordo de las bicicletas que habían alquilado para recorrer la zona baja de Manhattan, en Nueva York, cinco argentinos fueron asesinados junto a tres personas más por el terrorista Sayfullo Saipov, un inmigrante uzbeko que ingresó con un camión a una zona exclusiva para ciclistas e hirió a otras 12 personas.
Diego Angelini, Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Hernán Mendoza y Alejandro Pagnucco formaban parte de un grupo de diez amigos, ex estudiantes del Instituto Politécnico Superior de la ciudad de Rosario, que celebraban su trigésimo aniversario de graduación.
Tras casi dos años de investigación, Saipov, quien aquel día intentó escapar a pie con dos armas de juguete, continúa detenido a la espera del desarrollo del juicio que defina su futuro. La Fiscalía General de Nueva York y el FBI solicitaron que la condena hacia el terrorista sea la pena de muerte.

Infobae entrevistó al abogado Juan Félix Marteau, quien representa a Ana Evans, esposa de Hernán Mendoza, con el objetivo de repasar los hechos, conocer qué pruebas se obtuvieron durante dos años y saber cómo continuará la causa en los próximos meses.
—¿Qué ocurrió tras el episodio en el que murieron los cinco argentinos?
—Lo que se produjo posteriormente fue la investigación del FBI y los fiscales del Distrito Sur de Estados Unidos. Llegaron a la conclusión de que este era un ataque inspirado en el ISIS. Esto quiere decir que la organización no estaba en el ataque sino que éste atacante y sus eventuales cómplices o auxilios actuaron en función de los protocolos de los atentados que creó esta organización terrorista en Siria e Irak.
—¿Cuáles fueron las pruebas que se obtuvieron tras estos casi dos años de investigación?
—Las investigaciones permitieron encontrar en sus celulares y en su casa una enorme cantidad de información, fotos y videos. Reflejaron los protocolos actuales que usa el ISIS, en los cuales enseña a llevar atentados de este tipo. Eso quedó probado. También con la propia actitud del atacante al ser interrogado, quien reconoció ser un soldado de Alá.
—¿Qué declaró Saipov?
—Que hacía un acto inicial y ese era el modo de ingreso a la organización terrorista. A lo largo de la investigación, Saipov reivindicó su accionar. La organización terrorista, por su parte, a través de su diario digital, le dio la bendición al ataque, con nombre y apellido, reconociendo los hechos.

—¿Cómo funciona este tema del "ingreso a la organización"?
—Uno puede ingresar al seno del Alá extrema combatiendo o perdiendo la vida. Es un caso muy importante en materia de lo que podemos esperar de las nuevas acciones terroristas. Hay -por un lado- un mensaje del extremismo violento, tremendamente bien diseñado, en término de la estética y medios de comunicación. Lo que sabemos, porque hemos estudiado, es que el historial del acusado no mostraba su radicalización, no pertenecía a una familia radicalizada.
—¿Esto quiere decir que existió la complicidad de una o más personas?
—Tenemos expectativas de que si hubo un soporte de los extremistas en el suelo de americano, apoyo material, adoctrinamiento, también reciban su sanción. Es una investigación abierta. Está abierta la imputación y un pedido de muerte por parte de la Fiscalía General. Nunca estos atacantes actúan solos.

—¿En qué situación está la causa? ¿Cuándo empieza el juicio?
—Principalmente iba a haber un juicio por jurados en octubre de este año. La discusión iba a estar en el peso de la condena, que puede llegar a pena de muerte. El juicio pasó para el 19 de abril de 2020 por unas discusiones de parte de los defensores del acusado para demostrar que había acciones ilegales de la Fiscalía al momento del secuestro de la evidencia y una serie de escuhas previas al atentado en donde se demostró un alerta a esta persona y otras personas involucradas. Esta discusión acaba de terminar. El juez Vernon Broderick acaba de dar por terminada esta discusión y confirmó lo actuado por la Fiscalía General. Tenemos la expectativa de llegar por esta vía a abril del año próximo y que se establezca la legitimidad.
—¿Las familias pudieron ser querellantes en la causa?
—Las víctimas no cuentan con la figura del querellante, no pudimos acceder a las pruebas pero las vamos a conocer en el juicio. Un juicio público abierto en donde se ponen en juego las pruebas de cargo para que el juzgado las analice.

—¿Qué relación puede trazar entre esta investigación y una similar con la Justicia argentina como protagonista?
—La experiencia profesional con este caso me permiten decir que hay una articulación mucho más fuerte a la agencia que tiene la investigación, el FBI y la Fiscalía. Un trabajo conjunto, no hay separación en el marco del poder judicial y fuerzas federales. Ahí la estructura que tiene la Justicia de EEUU permite ver que hay una articulación más efectiva. Una conexión directa de probanza que permite a los fiscales y agentes federales hablar con los jueces y presentar la evidencia. Eso genera una rapidez en cuanto a las decisiones. Lo que es muy evidente en la justicia argentina es que hay muchas oportunidades para apelar. En EEUU no sucede, se garantiza un debido proceso y una vez decidido hay una instancia de revisión y se cierra la discusión. Eso permite que en 2 años estemos en un juicio público por terrorismo internacional como es este.
—¿Con la sentencia ocurrirá lo mismo?
—Eso puede dilatarse. Y pospone por un tiempo la ejecución, es una cuestión racional, habida cuenta del precio de la condena. Tendremos claridad una vez dictada la sentencia de pena de muerte para el acusado. En cualquier caso la Justicia americana dará una respuesta racional, en donde está en juego la afección a las víctimas, lo que ha dejado el atentado respecto, la privación de Hernán Mendoza y sus amigos, lo que ha dejado para su familia, sino que hay un componente simbólico muy claro.

—¿Cuál cree que es el sentido de la pena de muerte?
—El reestablecimiento. Esto permite o da el fundamento para que los hijos sobre todo de Hernán y Ana puedan crecer con la expectativa de que, a pesar de una actividad extrema, hay un vector de justicia para tener una vida sana y una vida inclusive que pueda ser feliz en el futuro.
—¿Va a participar del juicio en 2020? ¿Qué hará la familia Mendoza?
—Vamos a viajar en abril de 2020. La primera idea es viajar con Ana. He recorrido en varias oportunidades el lugar para entender qué pasó en ese instante trágico. Ana por razones de su vida no pudo ni quiso hacerlo. Vivía en un hogar en donde las responsabilidades primarias en bienes e ingresos estaban en cabeza de su marido y tuvo que empezar una nueva etapa, reorganizando su trabajo y la vida de los chicos. Un cambio significativo para que sus hijos encuentren un momento de mayor estabilidad. Continuar con una vida normal y aceptable más allá de la tragedia.
—¿Qué respuesta tuvieron del Estado durante este tiempo?
—Confirmo que el presidente Mauricio Macri llamó y habló con Ana. Estaba su esposa también. Le manifestaron sus condolencias. Hemos tenido reuniones con funcionarios del Gobierno, explicativas, para dar a conocer lo que hacía la familia y a la habitualidad de la misma.
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