La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, Patricia Guichandut, quedó en la mira por una resolución que generó indignación popular y el enojo del gobierno porteño y del presidente Mauricio Macri. Tras un juicio abreviado, decidió liberar a cambio de apenas $700 a un motochorro colombiano con antecedentes penales que robó un celular.
Este jueves, la magistrada emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que no estaba al tanto del prontuario del delincuente y en el que defendió la irrisoria suma impuesta para habilitar su liberación: "Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley, en la medida de las posibilidades del nombrado".
En un escrito de tres carillas al que accedió Infobae, Guichandut aseguró que de los informes confeccionados por el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía Federal Argentina no surgen "antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero Jair Jurado Mora -detenido por el robo del celular-".
La magistrada indicó además que funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones se entrevistaron con el detenido y en ningún momento notificaron al tribunal de que el imputado hubiera estado alcanzado "por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia en el territorio nacional" de acuerdo a las leyes vigentes. Tampoco realizaron presentación alguna en el expediente, informó.
Guichandut precisó que en el marco de la ley de flagrancia se realizó una audiencia en la que el abogado del acusado solicitó la suspensión del juicio a prueba "por no contar con antecedentes penales" a la vez que ofreció "una suma de dinero en concepto de reparación de los presuntos daños causados".
Con la conformidad de la Fiscalía y en virtud de la imputación -robo simple en grado de tentativa-, la magistrada aceptó la solicitud y le exigió al acusado el pago de 700 pesos, además de otras reglas de conducta. Finalizada la audiencia, se hizo saber lo actuado a la Dirección Nacional de Migraciones.
"En este caso concreto se otorgó la probation, dado que a la luz de las constancias del sumario estaban dadas las condiciones para su otorgamiento, dado que la normativa legal no establece diferencia entre ciudadanos nacionales y extranjeros", completó.
El hecho que originó la polémica sucedió la semana pasada. Una joven de 18 años fue asaltada por Jurado Mora, de 24 años, en Almagro. El delincuente, que iba a bordo de una moto Bajaj Dominar 400, arrebató un iPhone 7 y huyó a toda velocidad.
Alertados, efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad persiguieron y atraparon al ladrón, encontrando el teléfono de la joven entre sus pertenencias. Pocas horas después fue liberado, pese a que contaba con antecedentes por "hurto calificado agravado" y por "violencia intrafamiliar" en su país natal, Colombia.
La jueza, que despertó críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del presidente Mauricio Macri, se desvinculó de otro caso similar en el que fue liberado un presunto motochorro de nacionalidad uruguaya.
"Resulta llamativo que también se atribuya a este tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna", indicó.
"Finalmente debo aclarar que los jueces no somos legisladores solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", agregó.
Y finalizó: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar respuesta al tema".
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