Seguirá presa una de las mujeres acusada de integrar la banda anarquista que puso bombas en La Recoleta y en la casa de Bonadio

La Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación que presentó una de las mujeres que fue detenida en noviembre pasado vinculada a un agrupación anarquista que llevó adelante los atentados en el cementerio de Recoleta y en la casa del juez Claudio Bonadio.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la mujer que pidió su excarcelación es Julieta Fernández. Si no podían liberarla, pidió que entonces le dieran arresto domiciliario por problemas de salud. La Cámara Federal se lo negó.

El resto de los implicados, que también están presos –Anahí Esperanza Salcedo, la mujer que colocó la bomba en el cementerio y sufrió múltiples heridas continuaba bajo respirador artificial en un hospital público semanas atrás- no solicitaron la salida de prisión por esa vía, sino que atacaron las prisiones preventivas en las quejas a sus procesamientos. Esa decisión de fondo recién se analizará en la Cámara  a partir de febrero.

El 5 de diciembre pasado, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a una decena de personas vinculadas a una agrupación anarquista con foco en una casa tomada en la calle Pavón acusada de realizar ambos atentados. Todos "formaron parte de la agrupación investigada, la que en pos de imponer sus ideas y combatir las ajenas se vale de distintos medios a efectos de generar temor en la sociedad".

No solo se les adjudicó los delitos de atentado contra el orden público, estrago por explosión con peligro para la vida de personas en dos hechos (consumado en el cementerio de Recoleta y en grado de tentativa en el domicilio del juez), sino también tenencia ilegítima de explosivos y materiales para fabricar artefactos explosivos; todos ellos fueron procesados en calidad de coautores.

Una de ellas es Julieta Fernández, que fue arrestada en la casa de la avenida Pavon 2345, "sindicado como el sitio de reunión o punto de encuentro" del grupo de presuntos anarquistas y donde se encontraron "numerosos elementos comúnmente para la fabricación de artefactos explosivos caseros".

"Debe repararse que la pesquisa se encuentra en pleno desarrollo y que existen medidas pendientes de las que pueden surgir líneas de investigación novedosas para determinar los alcances de la maniobra ilícita en cuestión, lo que motivó, además, a que el magistrado instructor dictara el secreto de sumario con el objeto de no tornar ilusoria su realización", afirmó en su voto el juez Martín Irurzun.

También afirmó que "los riesgos procesales detectados en el caso y las circunstancias apuntadas en la pieza recurrida impiden acceder a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la detención reclamadas por la imputada".

En tanto, el juez Leopoldo Bruglia adhirió al voto sobre la excarcelación, mientras que también rechazó hacer lugar al pedido de arresto domiciliario que, en subsidio, había solicitado la defensa. "Por el momento corresponde mantener la detención de la imputada en la unidad carcelaria, en tanto los elementos arrimados al legajo resultan insuficientes para adoptar una decisión respecto a este punto". Se le encomendó, no obstante, al juez Ercolini "llevar adelante una pericia médica oficial y una vez obtenidos los resultados se recabe información a la unidad de detención respecto a si dicho establecimiento cuenta con los medios necesarios para tender a las necesidades de salud".

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