La Justicia procesó a Silvia Barredo y Vanina Lucifora, pertenecientes al Instituto Nacional de Medicamentos dependiente del ANMAT, acusadas de contrabando.
Es que la Justicia investiga la detección por parte de la Aduana del ingreso de determinados medicamentos que no coincidían con el certificado de ANMAT. Se trataba de medicación destinada a vacunas que se aplican a mujeres embarazadas, con drogas destinadas al feto en formación.
Aunque las drogas declaradas debían provenir de Austria, en realidad llegaban desde Israel y tenían una composición química distinta a la autorizada, según consta en el expediente de la causa.
Durante la investigación, se pudo detectar la connivencia de las empleadas del ANMAT con los empleados del laboratorio Gobbi Novag para poder ingresar al país cierta droga, pero que en los certificados figure otra.
Sobre los procesados recae un embargo de 50 millones de pesos, equivalentes a los precios de venta al público de la droga importada de forma irregular. Estas importaciones se produjeron doce veces, entre 2013 y 2017.
Aún se investiga a otros funcionarios del ANMAT, y el organismo se presentó como querellante en la causa iniciada por el Juzgado Penal Económico número 9.
Los procesados seguirán en libertad hasta no tener una condena firme.
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