Antes de la falsa asesora de Juliana Awada, otros "cuentos del tío" vinculados con la política

Desde hace unos días está detenida por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral María Florencia Bergamini. Se hacía pasar por jefa de prensa de Juliana Awada y mediante esa "venta de influencias" trataba de hacer caer incautos en sus propuestas de negocios. El juez la excarceló pero tiene que pagar una fianza de 500.000 pesos. Mientras tanto sigue detenida.

Bergamini no está sola. La acompañan, en investigaciones que se hicieron en los juzgados federales de Comodoro Py, otros estafadores que se hacen pasar por gente que trabaja con influyentes de la política para ganar algo de dinero.

El juez Sebastián Casanello tuvo a su cargo en 2013 el caso de una banda de estafadores encabezada por René De Bernardis, quien terminó preso y está a la espera de un juicio oral y público. La denuncia que llevó a De Bernardis a la cárcel fue iniciada por la Dirección de Jurídicos del Senado de la Nación porque en los intentos de estafa se mentaba al senador peronista Miguel Ángel Pichetto.

Por cierto, De Bernardis y su banda tenían un método un poco más sofisticado que el de la falsa jefa de prensa de Awada. Elegían empresas o particulares y les enviaban un fax con sellos de la Presidencia de la Nación y del Poder Judicial de la Nación. Les ofrecían la venta de una serie de vehículos y maquinaria agrícola a precios muy inferiores a los de mercado. Explicaban que todos eran nuevos y que era una oferta exclusiva de Aduana. Para hacer más creíble el "cuento del tío", invocaban no solo a Pichetto sino también al entonces diputado Agustín Rossi, la ex diputada Diana Conti y hasta quien encabezara la AFIP en los tiempos de los Kirchner: Ricardo Echegaray. Cada uno de esos nombres famosos iba acompañados de sellos y firmas en los faxes. Por supuesto, todo era falso.

Hubo engañados que pagaron mediante transferencias hechas a través de Western Union a una cuenta del Banco Nación el 10% del valor de lo que teóricamente iban a comprar. Ese porcentaje-según explicaron los estafadores- correspondía a la tasa para liberar el vehículo del puerto y a algunos impuestos. Algunos cayeron, otros sospecharon y llamaron al Congreso, donde, ante la advertencia, hicieron la denuncia.

Unos meses después, también en 2013, había llegado una denuncia similar. En aquella ocasión la banda de estafadores intentaba realizar una maniobra similar pero el nombre del político conocido era otro: Julián Domínguez, quien por entonces era el presidente de la Cámara de Diputados. A esa denuncia se sumaron otras similares de los ex diputados Luis Basterra y Jorge Rivas. La operatoria montada para estafar era idéntica: a una persona le llegaba un fax con sellos y firmas de los diputados en el que se ofrecías camionetas Mercedes Benz que estaban en un depósito aduanero. Había que transferir el 10% a través de Western Union y llamar -igual que en el caso anterior- a ciertos teléfonos para obtener detalles de la operación. En esos teléfonos atendían integrantes de la banda que se hacían pasar por secretarias de los funcionarios y por los funcionarios. Esa maniobra fue armada también por De Bernardis. Casanello lo procesó con prisión preventiva. Actualmente está detenido a la espera del juicio oral y público por estas reiteradas. Ya tenía antecedentes por el mismo delito.

En 2016 entró al juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi una causa que tenía nuevamente como señuelo a Pichetto. Desde el Senado hicieron la denuncia y hace menos de un mes el fiscal Franco Picardi pidió la elevación a juicio del caso.

Esta vez la banda estaba integrada por Mónica Adriana Arce y Noelia Iris Salvatella quienes utilizaron un ardid parecido al de De Bernardis. Ofrecían, a gente del interior del país, vehículos y maquinaria agrícola a precios inferiores a los del mercado. También utilizaron el truco de la Aduana y pedían un adelanto del 10%. Maniobras casi calcadas. En uno de los casos una vecina de la localidad bonaerense de General Lavalle se entusiasmó con la oferta por una causa noble. Quiso ayudar a comprar un camión para los bomberos de su pueblo. La mujer, vecina del cuartel y dueña de un taller mecánico donde los bomberos reparan sus vehículos, se enteró del fax que le habían enviado a los servidores públicos. Y entonces se dispuso a ayudar. Transfirió unos 40.000 pesos vía Western Union y Pago Fácil y se dirigió a Buenos Aires a buscar el camión. Ante las evasivas de los que la atendían por teléfono cuando quería retirar el camión del depósito de Aduana se encaminó hacia al Senado. Y allí comenzó la investigación que terminó con las dos mujeres procesadas por estafa y rumbo al juicio oral y público.

Casos como el de la falsa jefa de prensa de Awada abundan. Mucha gente cae y es estafada. Algunos de los estafadores son descubiertos y terminan procesados. O presos.

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