Villa 31: el insólito secuestro cometido por una banda de ex narcos peruanos

El juez Torres procesó a dos hombres –a los que ya había acusado de traficar cocaína– por raptar a un comerciante durante dos días y ocultarlo en el asentamiento de Retiro. El calvario de la mujer de la víctima

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Vista de la Villa 31.
Vista de la Villa 31.

El 21 de diciembre de 2012, el juez federal Sergio Torres procesó a Erick Gustavo Bedriñana Escalante y Rubén Wilmer Soto Huamán, alias "El Muerto", dos hombres oriundos de Lima, de no más de 35 años cada uno. Torres también les dictó la prisión preventiva, un encierro en el penal de Ezeiza. El delito: regentear un kiosko narco sobre la calle Chacabuco al 1000, en el barrio de San Telmo, en un viejo conventillo ruinoso hoy tapiado por ladrillos huecos.

Efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA habían encontrado a clientes merodeando a la salida del lugar y detenido primero a uno, luego a otro, con unos pocos gramos, bolsas incautadas de escasa cantidad. No había pase de manos entre consumidor y transa: la droga salía por una pequeña ranura en una puerta.

Así, llegó la orden de allanamiento. La PFA encontró más de un kilo de cocaína fraccionada y otros dos de marihuana. Soto Huamán y Bedriñana Escalante fueron arrestados en el lugar. Hubo otros cuatro detenidos, entre ellos los dos cabecillas del kiosko. Ambos eran jugadores intermedios, ningunos capos. Los traficantes, por otra parte, sabían darse sus gustos. La PFA les incautó un Audi A3 y una Ford Ecosport con más cocaína debajo del asiento del conductor.

Eventualmente, Soto Huamán y Bedriñana Escalante volvieron al Juzgado Federal N°12. El juez Torres los procesó nuevamente el 14 de julio último por un delito mucho más osado que ser meros empleados de un kiosko de cocaína: cometer junto a cinco cómplices identificados el secuestro extorsivo más insólito del año con la Villa 31 como epicentro. El caso fue llevado adelante por la secretaria Verónica Bresciani, con la instrucción de la fiscal Alejandra Mángano y la intervención de la UFESE, el ala de la Procuración que investiga secuestros extorsivos bajo la dirección del fiscal Santiago Marquevich.

Ocurrió el 29 de junio pasado en Balvanera. La víctima fue H.S.Q, un comerciante peruano de la zona de Once. El comerciante fue interceptado mientras caminaba por la esquina de Estados Unidos y Catamarca, celular al oído, con su hermano del otro lado de la línea; según su relato, tres hombres con gorras con visera, cada uno con una pistola, lo golpearon y lo ingresaron a un auto donde fue encapuchado y recibió más amenazas.

El auto comenzó la marcha: "Control de gendarmes, si gritás te pego un tiro", llegó a oír H.S.Q. Su hermano fue quien hizo la denuncia ante la Comisaría 8° de la Policía de la Ciudad tras recibir la llamada de los secuestradores y fue luego el encargado de gestionar el rescate junto a la mujer del comerciante, con un extorsionador del otro lado de la línea con un marcado acento peruano.

Eventualmente, el comerciante recuperó la libertad. El pago por el rescate, hecho por la mujer de H.S.Q, fue de 20 mil dólares y 200 mil pesos, luego de un pedido de 100 mil en moneda estadounidense. Soto y Bedriñana, aseguran fuentes de la investigación a Infobae, no conocían a H.S.Q previamente, no había un vínculo entre ellos; un empleado desleal lo habría vendido.

Lo cierto es que el secuestro del comerciante peruano se corre absolutamente de la norma de la gran mayoría de los raptos extorsivos en la Argentina y de las mecánicas comunes en focos calientes como Morón y Lomas de Zamora, hechos exprés de alta violencia que duran, en promedio, unas dos horas, ninguno de más de cinco en los últimos seis meses.

Hoy, según las últimas estadísticas de la UFESE, el 95% de los secuestros cometidos en la Argentina ocurren en los propios vehículos de las víctimas, marcados al voleo e interceptados usualmente por los autos de alta gama que conducen. H.S.Q fue raptado a la vieja usanza, de la misma forma en que fueron raptados víctimas como Axel Blumberg o Cristian Schaerer. Su secuestro, que requirió "una gran dosis de inteligencia previa" según asegura un investigador del caso, no duró dos horas: duró dos días. El comerciante fue "guardado", sospechan fuentes alrededor del expediente, en un rancho de la Villa 31.

Detrás de cada negociación en el teléfono había un policía, por así decirlo: la fiscal Mángano y el juez Torres ordenaron intervenir de inmediato las líneas de cada allegado al comerciante y los números de las llamadas entrantes de los secuestradores, con aparatos que activaron las celdas móviles cercanas al asentamiento en Retiro. Las conversaciones revelaron el periplo que la mujer de H.S.Q vivió hasta entregar la plata y volver a ver a su marido, que fue particularmente agónico.

El comerciante primero instruyó a su mujer para entrar a su local y retirar todo el dinero que hubiese y que le pida prestado a quien sea; solo pudo reunir poco menos de 16 mil dólares, lejos de los 100 mil que los secuestradores pedían. La presión aumentó el 30 de junio a la madrugada, con varias llamadas a la pareja de H.S.Q: la plata reunida no era suficiente. La mujer del comerciante tenía que salir a pedir más. Las nuevas instrucciones vinieron de un abonado que pudo ser identificado y que activó una celda telefónica sobre la avenida Ramón Castillo, lindera a la Villa 31.

Alejandra Mángano, fiscal del caso.
Alejandra Mángano, fiscal del caso. (Fiscales.gob.ar)

Los captores pusieron a H.S.Q al teléfono: "Amor, ya no falta nada, solo faltan veinte mil dólares", le dijo, para ordenarle que vaya a la librería de un amigo, que podría prestarle "los veinte mil dólares". Sin embargo, solo pudo recolectar 20 mil dólares y 200 mil pesos; se lo anunció a los secuestradores en una nueva llamada.

Allí recibió las instrucciones. Debía dirigirse a la esquina de Santa Fe y Pueyrredón con el dinero envuelto en un bolso blanco, "vistiendo ropa que llamase la atención", asegura el procesamiento firmado por el juez Torres. Además, tenía que llevar una tarjeta SUBE. Al llegar, la mujer del comerciante notó a un hombre de rasgos típicamente peruanos, en un equipo deportivo, sentado en un restaurant en la esquina, que la miraba fijo. La paranoia fue inmediata: ¿acaso era uno de los captores de su pareja?

El teléfono volvió a sonar: "¿Vos me querés cagar? ¿Qué hacés con la policía? Te estaba llamando y no contestás, te estoy vigilando", oyó. El punto de entrega había cambiado. Ahora la mujer de H.S.Q debía dirigirse al hospital Argerich para esperar otro llamado. Al llegar, alguien la llamó: tenía que salir del hospital y tomar un colectivo, con rumbo a La Boca.

Le ordenaron bajar en Olavarría y Avellaneda, debajo de la autopista. La obligaron a caminar hasta la calle Campana. Comenzó a caminar: dos hombres sobre una moto la observaban de cerca. Llegó a una pequeña plaza con juegos. Pedro Portillo, un hombre con acné en la cara, un cómplice de Badriñana y Soto Huamán que luego fue identificado, se llevó el bolso blanco y el celular de la mujer de la víctima. El cobrador se fue para perderse en un asentamiento cercano y luego tomar un colectivo. H.S.Q fue liberado poco después. Portillo había pactado por teléfono encontrarse más tarde en Once con otra cómplice del encuentro, una mujer también peruana. Las escuchas telefónicas delataron el encuentro; ambos fueron arrestados por la PFA.

Portillo, según él mismo reconoció, compartía un departamento con Soto Huamán y Bedriñana en la calle Gascón en Almagro. A Bedriñana, el juez Torres lo acusó de ser la voz del otro lado del teléfono que negoció el rescate. Soto, pudieron establecer los investigadores, habría seguido al comerciante durante veinte días para estudiar sus movimientos antes de raptarlo.