El día que secuestraron a un ex gobernador y en el Líbano los militares tomaban el poder: presagios de un país a trece días del golpe

Noticias del ayer. Vistas con la perspectiva que da el paso del tiempo, las tapas de los diarios argentinos de ese viernes de hace 50 años tenían algo de anticipación. Hablaban de golpes de Estado y de desapariciones. El golpe al que se referían era lejano: había ocurrido el día anterior, 11 de marzo de 1976, en el Líbano, donde el general de brigada y comandante de la región de Beirut, Aziz Al-Ahdab, hizo un intento fallido de derrocar al presidente Suleiman Frangieh. En cambio, el secuestro del exgobernador peronista de Salta, Miguel Ragone, pegaba muy cerca y prefiguraba a los ojos de toda la sociedad la modalidad de acabar con toda disidencia política que implementaría el Estado terrorista que instalaría la dictadura que se aproximaba.

Ragone era un dirigente histórico del peronismo, de los que participaron de la resistencia a la autodenominada “Revolución libertadora”, elegido gobernador de Salta en las elecciones de 1973 con el 57 por ciento de los votos. Su gestión fue abruptamente interrumpida el 23 de noviembre de 1974, cuando el gobierno nacional que encabezaba María Estela Martínez de Perón intervino la provincia por presiones de sectores del propio justicialismo que lo señalaban como cómplice de las organizaciones de la izquierda peronista.

La fecha elegida para secuestrarlo estaba cargada de simbolismo: ese jueves 11 de marzo se cumplían tres años de los comicios que habían llevado a Héctor J. Cámpora a la presidencia de la República y a Ragone a la gobernación salteña. Después de ser desplazado por la viuda de Perón, “el médico del pueblo”, como se lo conocía en la provincia, había vuelto a practicar su profesión y, como todas las mañanas, salía de su casa para ir a su consultorio. Eran poco más de las 8 cuando puso en marcha su Peugeot 504 y tomó por la calle Milagro. No alcanzó a hacer dos cuadras: un auto lo chocó desde atrás y otro se le adelantó y se le cruzó en el camino. Dos hombres de civil, armados, se bajaron de este segundo auto, lo arrancaron del volante y lo pasaron al asiento trasero del Peugeot. Antes de alejarse, los secuestradores dispararon seis veces sus armas: no querían dejar testigos. A la vecina Margarita Martínez Leal, que se asomó para ver qué pasaba, le tiraron con una ametralladora y salvó milagrosamente la vida; otro vecino, Santiago Aredes, no tuvo esa suerte y cayó muerto.

El grupo de tareas que secuestró y desapareció al exgobernador estaba integrado por matones de la Triple A, policías y oficiales del Ejército vestidos de civil, una combinación que se haría habitual en la represión ilegal posterior al golpe pero que venía funcionando desde octubre de 1975, luego de que el gobierno nacional promulgara los decretos de “aniquilamiento de la subversión”. La orden de secuestrarlo vino desde lo más alto de la jefatura del Tercer Cuerpo del Ejército, al mando del genocida Luciano Benjamín Menéndez.

El secuestro para desaparecer a Miguel Ragone sirvió de excusa para que los altos mandos de las Fuerzas Armadas volvieran a manifestar públicamente su “preocupación por el terrorismo”, como se informaba en la tapa del diario Clarín. Claro que sin decir que ese terrorismo era el que sus propios grupos de tareas estaban perpetrando.

Cambios en el gabinete

Mientras tanto, el reloj del golpe de Estado seguía avanzando y el gobierno de la viuda de Perón seguía intentando jugadas desesperadas para detenerlo. Ese 11 de marzo se anunciaba que al día siguiente habría nuevos cambios en el gabinete nacional: Agustín Pedro Saffores fue designado ministro de Justicia en reemplazo de José Deheza, que abandonó esa cartera para hacerse cargo del Ministerio de Defensa en lugar de Ricardo Guardo, un histórico dirigente del justicialismo que había sido presidente de la Cámara de Diputados durante parte de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, en 1946.

El nombramiento de Deheza buscaba aplacar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para evitar el derrocamiento de la presidenta. La viuda de Perón creía que era el hombre más adecuado para negociar con los uniformados. Estaba casado con Marta, la hija de Eduardo Lonardi, el general que derrocó a Juan Perón en septiembre de 1955, y había sido secretario privado de la presidencia durante la “Libertadora” hasta que su suegro fue desplazado mediante un golpe interno por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Con esos antecedentes, parecía ser el interlocutor ideal.

No era esa la única razón para la designación de José Deheza en la cartera de Defensa: era uno de los más firmes defensores de la posición de que la viuda de Perón continuara en la presidencia hasta las elecciones adelantadas previstas para octubre de 1976, lo que lo había puesto en la vereda de enfrente de los partidos opositores y de buena parte del justicialismo que, desde mediados de 1975, pretendía que la presidenta renunciara para evitar el golpe de Estado.

El gabinete quedó entonces conformado por Emilio Mondelli, en Economía; Pedro J. Arrighi, en Educación; Aníbal Demarco, en Bienestar Social; José A. Deheza, en Defensa; Roberto Ares, en Interior; Agustín Saffores, en Justicia; Raúl Quijano, en Relaciones Exteriores y Culto; y Miguel Unamuno, en Trabajo.

Un frente sindical convulsionado

Si el frente militar se mostraba cada vez más amenazante para el frágil gobierno de María Estela Martínez de Perón, el sindical tampoco le daba respiro. Después de muchas negociaciones, unos días antes la presidente había logrado el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas que lideraba el metalúrgico Lorenzo Miguel y de la Confederación General del Trabajo, cuya secretaría general estaba a cargo del dirigente de los textiles Casildo Herreras, que en un primer momento habían cuestionado fuertemente el plan económico de Mondelli, que incluía aumentos de tarifas, reducción del gasto público y la privatización de empresas públicas para obtener dólares.

Ese plan era otra de las jugadas desesperadas de Isabel para detener el golpe, porque era muy parecido al que, según los rumores, querían implementar los militares si tomaban en poder. Así se lo había confesado a principios de mes la presidenta al intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias, uno de los dirigentes que se mantenía fiel a su conducción: “No se preocupe. Aquí no hay golpe que valga. A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo tengamos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones”.

Pese a lo impopular del plan, los más importantes dirigentes sindicales encuadrados en el peronismo habían acallado sus protestas por temor al golpe. Pero no todos reaccionaban así: ese 11 de marzo también se anunciaba que las poderosas seccionales de las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires, a las que se sumaron las de la provincia de Santa Fe y otros gremios, harían un paro en repudio al plan de Mondelli y con la exigencia de un aumento salarial del 20 por ciento. Al día siguiente, la intervención de la Policía Federal evitó que la manifestación convocada llegara a Plaza de Mayo para protestar frente a la Casa Rosada. El paro y la movilización habían sido motorizadas por las seccionales de la UOM de Gran Buenos Aires, alineadas con el gobernador bonaerense, el también sindicalista metalúrgico Victorio Calabró, y en abierto desafío a la conducción nacional de Lorenzo Miguel.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires ya no ocultaba su apoyo a la movida golpista de las Fuerzas Armadas, aunque seguía manteniendo en secreto su aspiración de sentarse en el sillón de Rivadavia como el mascarón de proa civil de la dictadura. Para eso contaba con el apoyo del jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, que sostenía que la presencia de un civil, que además era un reconocido peronista, en la presidencia de la nación suavizaría la percepción social sobre el golpe de Estado. La oposición de los sectores más duros de las Fuerzas Armadas haría imposible esa jugada.

Las empresas retenían las mercaderías a la espera de un fuerte aumento de los precios y la gente hacía colas interminables para conseguir cigarrillos, leche, azúcar o aceite. No eran pocas las peleas entre clientes y almaceneros, a los que se acusaba de especular. Desde el Banco Central se anunciaba el lanzamiento de billetes de 5.000 y 10.000 pesos porque las sucesivas devaluaciones habían vuelto papel inútil a los de más pequeña denominación: en el último año, el dólar paralelo registraba un aumento del 1.135 por ciento.

Lo único normal eran los avisos publicitarios de la tele lanzados por esos días: Levi’s evocaba la creación de sus vaqueros durante la fiebre del oro de los Estados Unidos y el champú Vitalis prometía acabar con el flagelo de la caspa de una vez y para siempre. Faltaban solo trece días para que María Estela Martínez de Perón fuera derrocada y se instalara en la Argentina la dictadura más sangrienta de la historia.