La Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció cómo se verá afectada tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de cerrar hasta tanto no logre un acuerdo en el Congreso de este país entre el partido Republicano y los demócratas.
Dentro de lo que informó la sede diplomática, se verá una suspensión de la actualización de sus cuentas de redes sociales debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en el gobierno estadounidense. El comunicado oficial advirtió que solo se emitirán actualizaciones en caso de información urgente relacionada con la seguridad y detalla que las operaciones habituales quedarán limitadas mientras persista esta situación de cierre parcial del gobierno.
El organismo diplomático precisó que, pese a este contexto, los servicios programados de pasaportes y VISAS dentro de Estados Unidos y en sus representaciones diplomáticas en el exterior continuarán, aunque sujetos a posibles modificaciones según evolucione la coyuntura presupuestaria.
Los interesados en el estado de los servicios ofrecidos por la embajada y los consulados pueden consultar información actualizada únicamente a través del sitio web oficial.
Por lo que los turnos para la VISA, de momento, no sufrirán modificaciones. Sin embargo, la misma Embajada estadounidense aseguró que esto siga así siempre y cuando la “situación lo permita”.
Esta comunicación se encuadra en una coyuntura inusual para la administración pública norteamericana. El gobierno federal de Estados Unidos quedó envuelto en un cierre, el primero de este tipo desde 2018, tras no prosperar una propuesta de financiación presentada por el Partido Republicano.
El Senado, con 55 votos contra 45, rechazó un proyecto que pretendía extender la financiación del Estado federal por siete semanas. Dicha legislación requería al menos 60 votos para superar las barreras legislativas y avanzar hacia la aprobación.
La falta de acuerdo en el Congreso, puntualmente atribuida a una negativa del Partido Demócrata a respaldar la última propuesta republicana, derivó en que la Casa Blanca emitiera una circular instruyendo a las agencias federales a “implementar sus planes para un cierre ordenado”, una vez confirmada la caída de la ley de asignaciones presupuestarias.
La Oficina de Administración y Presupuesto, bajo la dirección de Russell Vought, distribuyó un comunicado responsabilizando al bloque demócrata del estancamiento, al mismo tiempo que la administración encabezada por Donald Trump objetó públicamente las demandas de la oposición, haciendo referencia a tanto el volumen de gasto exigido como la inclusión de temas de salud en las negociaciones.
La administración señaló: “No está claro cuánto tiempo mantendrán los demócratas su postura insostenible, lo que hace difícil predecir la duración del cierre”. Además, advirtió a los trabajadores federales que deben presentarse a sus puestos para ejecutar los procedimientos técnicos previstos por el protocolo de suspensión.
El proyecto de ley rechazado, identificado como H.R. 5371, contemplaba la extensión de partidas para agencias federales hasta el ejercicio 2026, la financiación de programas próximos a vencer y nuevos fondos destinados a la seguridad de funcionarios. El eje del desacuerdo quedó centrado en las pretensiones demócratas respecto de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, o también conocida popularmente como Obamacare), en momentos en que los estadounidenses comenzaron a recibir notificaciones de aumento en las primas de seguros de salud.
Producto de este cierre, cerca de 750.000 empleados federales considerados no esenciales quedaron suspendidos, mientras que efectivos militares y personal clave deben continuar cumpliendo con sus funciones, aunque no percibirán sus remuneraciones durante la vigencia del impasse presupuestario. A diferencia de cierres anteriores, la administración advirtió sobre la posibilidad de avanzar en despidos permanentes si la situación se prolonga, lo que superaría el esquema histórico de licencias temporales retribuidas con posterioridad.
El gobierno anticipó a las agencias que, una vez superado el bloqueo y promulgada una ley de financiación, se emitirá un nuevo memorándum para la reanudación ordenada de los servicios afectados.
Entre los protagonistas del debate legislativo, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, insistió ante los medios que el Senado podría revertir rápidamente la situación si un número suficiente de legisladores demócratas decidiera apoyar la propuesta republicana, calificada por los promotores como una “legislación limpia”.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, remarcó que el cierre era “inevitable” y que no habría negociaciones mientras no se apruebe primero la financiación, atribuyendo la responsabilidad central por la paralización al líder demócrata Chuck Schumer.
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