Clausuraron un geriátrico en Córdoba tras varias denuncias por golpes y maltrato a los ancianos

Las autoridades municipales reubicaron a nueve residentes del establecimiento, entre ellos dos adultos mayores que presentaban lesiones visibles.

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La dueña del lugar trató
La dueña del lugar trató de impedir la clausura y colocó una bandera sobre la faja

La Municipalidad de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz ordenó la clausura de un geriátrico que funcionaba de manera irregular, y que, a raíz de varias denuncias, trascendió que existían situaciones de maltrato.

Las autoridades policiales acudieron este miércoles al inmueble señalado, ubicado en la esquina de Lisandro de la Torre y Monteagudo. Durante un allanamiento, verificaron la presencia de nueve personas alojadas en condiciones irregulares. Familiares de los adultos mayores que residían allí y ex empleados del lugar, alertaron a las autoridades sobre reiterados episodios de violencia y maltrato físico contra los residentes.

De acuerdo con lo informado por el portal La Voz, recibían “golpes” y distintos tipos de agresiones por parte del personal encargado del cuidado. Las sospechas se agravaron cuando observaron que al menos dos de los nueve ancianos presentaban diferentes lesiones visibles. Por otro lado, aseguraron que la responsable del establecimiento mantenía deudas salariales con parte del personal

El procedimiento policial y de las autoridades municipales continuó con el traslado de las víctimas, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes. A su vez, la encargada del establecimiento negó la existencia de un geriátrico e intentó, según declaraciones recogidas por El Diario de Carlos Paz, ocultar la faja de clausura utilizando una bandera. A pesar de los esfuerzos de la persona, la residencia quedó formalmente cerrada y con custodia policial.

Un hecho similar ocurrió en un hogar para adultos mayores, a mediados de julio. La Municipalidad de Salta dispuso la clausura definitiva de “La Residencia”, ubicada en el barrio Intersindical, después de que una investigación revelara el funcionamiento ilegal y graves condiciones de precariedad para los residentes. Según informó el portal El Tribuno, el establecimiento ya había sido objeto de inspecciones y clausuras previas, pero sus responsables reanudaron las actividades, ignorando las órdenes y medidas impuestas por las autoridades.

Las personas que vivían en
Las personas que vivían en el establecimiento iban a ser reubicadas en otros centros habilitados

El procedimiento se realizó el 16 de julio en una vivienda situada en la calle Litoral de Santa Fe al 2200, luego del pedido de la Procuración General municipal, que había solicitado el cierre definitivo del lugar tras comprobar que no se habían corregido las irregularidades detectadas desde el año pasado. Las inspecciones de 2024 habían evidenciado múltiples deficiencias, incluyendo problemas en la atención sanitaria, falta de higiene, ausencia de personal calificado, fallas de seguridad y vulneración de las reglas legales para este tipo de establecimientos. En esa ocasión, también se habían documentado otras faltas, tales como la carencia de actividades de estimulación cognitiva y física, inexistencia de registros de administración de medicamentos, dispositivos de control de signos vitales en mal estado, almacenamiento de alimentos vencidos, poca limpieza y problemas estructurales.

El mismo portal local remarcó que la residencia ya había sido clausurada en 2023 por la presencia de problemas similares. Tras ese cierre, los dueños retiraron las fajas de clausura y continuaron con la actividad, recibiendo personas mayores sin autorización y exponiendo a 16 residentes a condiciones de riesgo sanitario y de seguridad.

Las inspecciones realizadas por la Procuración General de la Municipalidad de Salta y otros organismos confirmaron no solo las deficiencias en el entorno y la atención, sino también denuncias puntuales sobre maltrato hacia los residentes, lo que motivó la intervención directa de la Fiscalía N° 3 de Limache. Las autoridades ordenaron el allanamiento y, al confirmar la reincidencia y la gravedad de lo ocurrido, dispuso la detención de los propietarios del hogar.

Finalmente, confirmaron que realizarían los traslados de las personas mayores que se encontraban alojadas en el establecimiento a centros habilitados en colaboración con organismos provinciales, para garantizar su bienestar y la atención necesaria respetando las normas establecidas en este tipo de situaciones.

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