Infobae en Formosa: entre el desmonte, la sequía y los desalojos, historias de mujeres campesinas que viven del monte

En la comunidad indígena del pueblo Pilagá —uno de los cuatro que viven en Formosa junto con los wichí, los qom y los nivaĉlé— persisten saberes ancestrales vinculados a la naturaleza. Si un pájaro pitogüe canta en una casa, lo interpretan como el anuncio de un embarazo. En cambio, el aullido de un zorro es una advertencia de desgracia: “Una muerte violenta”, explica Cipriana Palomo a Infobae.

Noolé, como la conocen todos por su nombre en lengua pilagá, es una de las principales referentes de su pueblo. Lidera la comunidad Qompi y forma parte del consejo de conducción de la Federación Pilagá, que agrupa a 20 de las 22 comunidades indígenas de dicho pueblo, que existen en Formosa y en el mundo. Tiene 54 años, una hija y cuatro nietos. Su casa está en la comunidad periurbana Qompi, pero no nos recibe allí sino en Tierra Nueva, una zona donde crece carandillo (luego utilizado por las mujeres pilagá para crear artesanías) y se cosechan sandías, calabazas y otros productos agroecológicos que luego se venden en la localidad cercana, Pozo del Tigre.

Mientras caminamos por el lugar, rodeado de aves y vegetación, nos cuenta que allí habitan desde osos hormigueros hasta tapires y ñandúes. “El año pasado, como consecuencia de los desmontes, hubo un montón de especies que se resguardaron en Tierra Nueva. Nunca vimos tantos animales juntos. También tuvimos una invasión de ‘moros’. Eso nos trajo muchos problemas porque la gente empezó a perder la cosecha: les comían la sandía, los zapallos. Fue una gran pérdida”, lamenta.

Pero los desmontes no solo desplazan fauna. La sequía y las temperaturas extremas agravan aún más el panorama para quienes dependen de la siembra y la cría de animales. “Uno de nuestros grandes problemas es el agua. Cuando no llueve la gente no tiene para tomar ni para darle a sus animales. Por eso acá se crían chivas, porque no necesitan mucha agua”, explica Noolé. “Acá cosechamos los frutos, una vez al año: de julio a octubre. Después siempre fue un fracaso porque el sol quema todas las plantas. En 2024 alcanzamos los 50 grados. Teníamos que hacer las cosas entre las 6 y las 9 de la mañana, porque después ya no se podía andar ni a la sombra”, cuenta.

En el oeste formoseño, el monte es mucho más que tierra: es un espacio histórico y simbólico, vinculado a la identidad de las comunidades indígenas. Y es, también, un espacio político: la vida se organiza en torno a normas internas, donde el consenso es fundamental. En ese entramado, Noolé destaca la figura del cacique. “En 1984, cuando se sancionó la Ley Integral del Aborigen de Formosa (Ley 426), había un artículo que hablaba del rol del cacique. No era una figura legal, pero sí tradicional. Siempre, en cada comunidad había un cacique. Era el vocero. En el año 2000 el gobierno eliminó ese artículo, pero para las comunidades el cacique sigue existiendo: es quien las representa y, generalmente, es elegido por sus integrantes”, explica Noolé.

“Hace dos años tuvimos un pleito con el cacique de nuestra comunidad porque quería cercar 400 hectáreas de la tierra comunitaria. Él decía que tenía vacas. El tema es que cuando querés hacer algo así, tenés que convocar a una reunión para que la comunidad te autorice y, también, para informar cuántos años vas a ocupar ese lugar. Si cerrás 400 hectáreas, la gente no puede entrar a sacar leña. Tuvimos que denunciarlo en la Fiscalía y hubo un ida y vuelta. Fue todo un tema, pero finalmente el fiscal pudo frenarlo”.

De la reforma de la constitución provincial a la propiedad de las tierras

“Formosa fue pionera en la entrega de tierras a las más de 200 comunidades indígenas que habitan en la provincia. Prácticamente, el 5 o 6% de su territorio está en manos de comunidades indígenas, que tienen la propiedad de la tierra”, dice Pablo Chianetta, secretario de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una organización que trabaja junto a comunidades wichí y nivaĉlé del centro-oeste provincial para fortalecer sus derechos.

Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos meses. Es que, en octubre de 2024, la Legislatura de Formosa aprobó la Ley 1736, que habilitó una reforma integral de la Constitución provincial con el objetivo de “actualizar” el texto a los tiempos actuales. Según Chianetta, la normativa permite modificar todos los artículos, incluido el 79, que es el único que actualmente reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el territorio formoseño. Pero eso no es todo: el proceso se impulsó sin consultar a las comunidades indígenas, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “No sabemos qué es lo que va a pasar: si se van a perder derechos o si vamos a tener la posibilidad de discutirlos. Hay mucho silencio, mucho secretismo y muy poca participación”, advierte Chianetta.

Frente a esta situación, con el apoyo de APCD, las comunidades indígenas de los pueblos wichí, qom, pilagá y nivaĉlé comenzaron a organizarse para exigir su participación efectiva y proponer una actualización del artículo 79 que fortalezca sus derechos territoriales, culturales y políticos. “Yo creo que el pueblo formoseño está muy desinformado acerca de este tema y por eso, lo que no le dan tanta importancia”, suma Noolé que, el pasado 29 de junio, se postuló como candidata a Convencional Constituyente por el espacio Nuevo País que lidera Gabriela Neme.

Para los pequeños campesinos, la propiedad de las tierras también es una preocupación. Aunque vive en Las Lomitas, Teófila Palma tiene una granja en Pozo del Mortero donde cría cabras, cabritos, vacas y gallos. Ese predio, hoy de 150 hectáreas, es una fracción de las 1.200 que antes pertenecían a su familia. “Mi papá era ocupante legal, tenía toda la documentación y pagó casi la totalidad del terreno, pero el título de propiedad no llegó nunca y quedamos así. Yo después presenté una solicitud para comprarlo y no me dejaron. La gente que adquirió las más de mil hectáreas que vendieron mis hermanos sí tiene título de propiedad. Y yo no lo puedo hacer porque no me lo permiten”, dice.

Mariela Soto atraviesa una situación similar. “Hace poco estuve averiguando sobre ese tema. Fui y pregunté cuánto costaba la hectárea y si podían vendérmela. Me contestaron que no había precio. Es bastante difícil vivir así. No sabés en qué momento puede caer un empresario y decirte: ‘Estas tierras son mías, acá tengo los papeles’”, explica.

Mariela tiene 44 años, un niño de 12, y vive en un paraje cercano a Ingeniero Juárez, al oeste de Formosa. Allí, en el campo que antes fue de su padre, hoy ella cría cabras y se sostiene produciendo y vendiendo quesillo y dulce de leche. “Ese lugar está lleno de recuerdos y es donde yo quiero morir. A mí me pueden venir a ofrecer un castillo, pero voy a decir siempre que no”, dice sobre su temor a que un día la desalojen.

“El campesino de antes decía: ‘Todas estas tierras son mías y nadie me va a sacar’. Esa era su forma de pensar. Pero los tiempos cambiaron. Los que somos de generaciones más nuevas entendemos que la lucha es distinta, que es mucho más pesada. Hoy los grandes empresarios vienen por todo. Somos conscientes de que pueden desalojarnos, algo que antes ni siquiera se contemplaba. Ahora, aunque tengas el campo cerrado, sabés que igual corrés peligro”, asegura.

La lucha por los derechos y los sueños por cumplir

Teófila y Mariela pertenecen a la Federación Nacional Campesina (FNC), una organización que nuclea a pequeños productores agrícolas y ganaderos del norte argentino, pero que no tiene personería jurídica. “Gracias al FNC hemos aprendido a luchar por nuestros derechos”, cuentan.

Parte de su lucha, entre otras cosas, es para que obtener los terrenos que ocupan de manera legal, pero se les impide comprar. “La legalización de tierras en la provincia de Formosa para pequeños productores es una deuda pendiente. Nuestro sueño es tener la tierra propia”, dice Teófila. “Estoy por cumplir 60 años y me crié en este lugar. Desde acá nos la ingeniábamos para ir la escuela primaria. Teníamos ruta de tierra, éramos muchos los hijos, era muy difícil… Se hizo con mucho sacrificio”, agrega.

“Ojalá que el Gobierno tome conciencia y un día nos otorgue la posibilidad de llegar al título de propiedad”, se suma Mariela. “Mi gran sueño es envejecer y morir en el campo, entre medio de cabras, gallinas, vacas. Esa es la vida del campesino. A pesar de las adversidades que uno tiene, nunca se pierde la esperanza. Si este año me fue mal, el año que viene van a nacer más cabritos, aquella vaquita va a parir, el ternero no se me va a morir. Siempre con esa esperanza de mejorar y que a los hijos le guste el campo y que ellos también sigan con lo que uno quiere”.

“Hoy las tierras en la provincia de Formosa están agarradas con clips. Es un territorio en tensión. Algunas veces ganan unos y otras veces perdemos otros. En este momento estamos en un escenario muy desfavorable”, dice Pablo Chianetta. Hace una pausa y cierra: “Por eso tratamos de encontrar esperanzas en otros logros. ¿Cómo cuáles? Bueno, actualmente tenemos 50 jóvenes wichí estudiando en la Universidad de Formosa y becados con fondos totalmente externos al Estado. Esa posibilidad que están teniendo nos llena de esperanza”.

*PROPUESTA DEL NUEVO TEXTO PARA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

La provincia reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas Wichí, Pilagá, Qom y Nivaĉlé que la habitan. El Estado reconoce y garantiza:

Su identidad étnica y cultural.

El derecho a una educación bilingüe e intercultural, en todos sus niveles.

A las comunidades como sujetos de derecho, como entidades jurídicas por su propia preexistencia, comprometiéndose a la sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena, que respete la autonomía de cada organización comunitaria.

La posesión y propiedad comunitaria de las tierras, aptas y suficientes, para el desarrollo cultural y comunitario y sus territorios ancestrales. Ninguna de estas tierras podrá ser enajenable, transmisible, arrendable o susceptible de gravámenes o embargos.

La participación real y efectiva en la gestión de sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten, cumpliendo así el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada.

El Estado se compromete:

—A la creación de zonas de amortiguamiento que protejan las tierras, los territorios indígenas, su biodiversidad y la cosmovisión de las comunidades.

—A la reparación histórica de los Pueblos Indígenas a través de la devolución de sus tierras y territorios.

Fotos/Martín Katz y Sebastián Pani.