El 29 de abril de 2003 la jornada amaneció lluviosa en Santa Fe. Nada parecía fuera de lo normal dado que los últimos diez días habían sido similares. Si bien desde los ámbitos políticos se prometía seguridad debido a las obras realizadas, la circunvalación oeste ubicada sobre un terraplén destinado a frenar el agua del río Salado, aún no estaba terminada. Esa situación, fue la que dio inicio a la trágica jornada donde la crecida histórica del río Salado provocó una de las inundaciones más graves en la provincia.
El tramo de la defensa inconclusa, fue clave debido a que por allí ingresó un río entero que en menos de cinco horas cubrió siete metros de agua. Es decir, un tercio de la superficie de la capital de Santa Fe. Como consecuencia hubo más de 130 mil evacuados, 15.000 viviendas destruidas y 23 personas muertas. Pese a los datos iniciales, se estima que la cifra de víctimas fatales fue más de un centenar por causas directas o indirectas a la tragedia.
Al cumplirse 20 años de la inundación que conmovió a todo un país, distintos grupos de manifestantes se concentraron para homenajear a las víctimas. Los actos iniciaron el jueves en plazas y sitios emblemáticos de la ciudad, y la movilización se realizó en conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con el Pueblo Inundado, que por ley provincial se recuerda desde 2020.
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Para recordar a las víctimas de la inundación, por ley se estableció que cada 29 de abril sea feriado administrativo, mientras que el Ministerio de Educación incluye la fecha entre las actividades del calendario escolar. Por eso, a la marcha acudieron distintas organizaciones y vecinos que se concentraron en la plazoleta del Soldado y luego caminaron hasta el frente a la sede gubernamental de la provincia.
Una vez allí, no solo se estableció un minuto de silencio sino que se dejó un micrófono abierto donde cada vecino recordó cómo transitó la tragedia que se prolongó por años debido a las consecuencias. De hecho, la ley provincial plantea que se trató de una “catástrofe evitable” que tuvo “múltiples causas y consecuencias ambientales, sociales, políticas e identitarias”, informó Télam. De esa manera, se oficializó la desidia y negligencia que tiempo atrás habían planteado los estudios de la Universidad del Litoral y los informes de organismos técnicos como Vialidad provincial.
En cuestión de horas, más de cien mil personas tuvieron que realizar un éxodo masivo y abandonar sus propiedades, de manera que la recuperación implicó varios años. Durante los primeros momentos se vivió una amplia incertidumbre dado que en contadas horas el agua inundó 40 barrios, las personas quedaron incomunicadas y la Provincia no contaba con un plan de evacuación o contingencia.
En medio de la desesperación, muchas familias lograron escapar pero quienes pudieron, usaron los techos de sus casas para depositar algunos de sus bienes. Y si bien el agua cubrió la totalidad de algunas propiedades, los vecinos se organizaron para permanecer en las terrazas y montar una guardia para evitar los robos hasta que gomones del Ejército los rescataban o bien les acercaban alimentos.
La inundación se produjo durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann y en medio del conflicto que se generó a nivel político, el director de Obras Hídricas, Ricardo Fratti fue quién renunció de su cargo. Sin embargo, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia dado que el mandatario nunca fue citado por la justicia y solo tres personas fueron condenadas por el delito de estrago culposo agravado a causa de la muerte de 18 personas.
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