Piden enviar a juicio oral al dueño y al subdirector de un sanatorio donde murieron 23 personas por COVID-19

El fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, pidió el envío a juicio oral y público del dueño y del subdirector médico de la ex Sanatorio San Carlos, de la localidad bonaerense de Escobar, donde al inicio de la pandemia fallecieron 23 personas porque no se aplicaron los protocolos oficiales que habían dictado las autoridades de los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Bringas le solicitó al juez federal Adrián González Charvay que envíe a juicio oral a Juan Carlos Linares, dueño del sanatorio, y a Alberto Pablo Lauría, ex subdirector médico. “Mediante la inobservancia de las normas de cuidado que estaban vigentes al momento de los hechos (protocolos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires) y el incumplimiento de los deberes a su cargo, crearon un riesgo jurídicamente relevante, que no estaba cubierto por un riesgo permitido; provocando así la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, como lo es el virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”, sostuvo el fiscal.

Por el incumplimiento de los protocolos, en el sanatorio entre abril y mayo de 2020 -los primeros meses de la pandemia- 54 personas se contagiaron de COVID, entre pacientes y personal médico, de los cuáles 23 de ellas fallecieron, una médica y 22 pacientes.

La causa judicial se inició en mayo de 2020 por la denuncia que presentó una mujer que daba cuenta de las irregularidades en el cuidado que sufrió su madre cuando estuvo internada en el sanatorio, que fue clausurado y hoy es un hospital municipal.

En el expediente declararon los empleados y familiares de pacientes y se llegó a la conclusión de que en el lugar se cometieron distintos incumplimientos de los protocolos vigentes. Allí se determinó que el personal no recibió capacitación ni había actualización de los síntomas y los protocolos. También que recibían pacientes con COVID sin tener las salas adecuadas para eso.

Otros incumplimientos que se constataron fueron que el personal no contaba con capacitación para el traslado de pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG), no se adecuó un ingreso sectorizado de personas con procesos respiratorios agudos que eran posibles casos de COVID y que todos entraban por la puerta principal del sanatorio. También que la habitación en donde se realizaba la revisación de casos sospechoso de coronavirus no contaba con las condiciones adecuadas de ventilación.

A la lista de irregularidades se suma que al personal médico no le daban barbijos y le decían que no eran necesario usarlo y no les hacían controles diarios a pesar que muchos de ellos trabajaban en otros lugares de salud y que los cadáveres con COVID no eran trasladados con urgencia a la morgue, sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados.

El juez González Charvay procesó a Linares y Lauría por los delitos de propagación dolosa de una enfermedad peligrosa, violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos-, homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

“Teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19), desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”, dijo el fiscal Bringas en su pedido de elevación a juicio del caso.

Y agregó: “Nótese que, en el contexto de pandemia que estaba vigente, y a sabiendas de que los pacientes del nosocomio en su gran mayoría conformaban el denominado grupo de riesgo por ser personas mayores de 60 años -quienes por presentar comorbilidades son considerados población vulnerable para el desarrollo de formas graves y fatales de infecciones respiratorias agudas en general y de COVID-19 en particular-, los encausados Linares y Lauría debieron haber extremado los recaudos necesarios para prevenir la introducción y propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”.

Ahora la defensa de los acusados podrán opinar del pedido del fiscal. Luego, el juez González Charvay quedará en condiciones de resolver si pasa la causa a la instancia de juicio oral.

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