El Tribunal Oral Criminal 7 dará a conocer a las 14 horas el veredicto en el juicio por el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010, en el que murieron Ariana Lizarriaga, de 21 años, y Paula Provedo, de 20, y más de 50 personas resultaron heridas.
La audiencia comenzó a las 9:30 horas cuando fueron sean las últimas palabras del comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, acusados de cobrar coimas. Los cuatros reiteraron su inocencia. Luego los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti fijaron las horas 14 como el horario del veredicto.
Sobre los 17 imputados -los dueños del boliche, ex funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del área de habilitaciones y oficiales de la Policía Federal- pesan pedidos de condena realizados por el fiscal Oscar Ciruzzi y por las querellas que representan a los familiares de las víctimas. Los acusadores dieron por probado que la construcción del entrepiso era deficiente, que Beara no estaba habilitado para funcionar como boliche y que eso fue responsabilidad del gobierno porteño. También que los dueños del lugar pagaban coimas a la Policía Federal.
La madrugada del 10 de septiembre de 2010 los integrantes del ex grupo Ráfaga estaban dando un recital cuando se cayó el entrepiso del boliche Beara. Las acusaciones tuvieron idas y vueltas en tribunales hasta que fue elevada a juicio oral. El fiscal de instrucción Andrés Madrea sostuvo en su imputación que los dueños del boliche y los funcionarios de habilitaciones del gobierno porteño “era quienes se encontraban en posición de garantes específicos desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación” del entrepiso que fue instalado de manera deficiente y tuvieron un “desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes”.
La causa con los 17 acusados fue elevada a juicio oral y el proceso comenzó en febrero pasado. Después de tres meses y medio de juicio, el fiscal Ciruzzi pidió condena para 12 acusados. Para Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que explotaba Beara, solicitó cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para ejercer el comercio; para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien dio el aval para la habilitación del local, cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer su profesión; para cuatro ex funcionarios del gobierno porteño -el ex director General de Habilitaciones y Permisos Martín Farrell, el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas, el exjefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Cassano, y el ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones Isaac Rasdolsky- tres años en suspenso y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, para el comisario Cabezas y los oficiales Flaminio, Acosta y González la fiscalía pidió que sean condenados a tres y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esos cuatro acusados son los que hoy tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras ante los jueces previo al veredicto. El resto de imputados cumplieron ese trámite a lo largo del mes.
El fiscal Ciruzzi acusó a los dueños del boliche y a los policías del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. Además a los empresarios les imputó haber pagado coimas y a los policías de cobrarlas. En tanto, a los ex funcionarios y al maestro mayor de obra los acusó por los homicidios y las lesiones. Los acusados pidieron ser absueltos.
Y la Fiscalía pidió la absolución de cinco acusados: el co-organizador del recital Maximiliano Fratino; del encargado de Beara Agustín De Grazia; de los gestores del boliche Leandro Camani y Matías Pantarotto; y de la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno de la ciudad Vanesa Ileana Berkowski.
En sus alegatos, el fiscal Ciruzzi señaló que la construcción del entrepiso que se cayó era deficiente y que su estructura no era apta para soportar la cantidad de gente que concurría al boliche y que no se controlaba cuántas personas accedían a ese lugar. También que los dueños de Beara violaron el deber de cuidado que tenían al no exigieron los planos de la construcción y que habían pedido la habilitación como casa de comidas primero y después como lugar para fiestas privadas pero nunca como boliche.
Ciruzzi recordó que en septiembre de 2007 ocurrió un hecho parecido que no terminó en tragedia: una joven resultó herida cuando se cayó del entrepiso un tramo de la baranda.
Sobre los entonces funcionarios del gobierno de la ciudad, el fiscal señaló que permitieron que Beara funcionara con una habilitación que no era para boliches con noches donde había 700 personas.
Por su parte, las querellas también pidieron condenas pero no en la misma línea que la Fiscalía. Una de ellas se pronunció por la absolución de los cuatro policías y las dos pidieron que Fratino y Amaru sean condenados.
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