Violencia institucional y problemas para acceder a la vivienda, los mayores padecimientos de las trabajadoras sexuales

Gary Leon Ridgway, más conocido como el “asesino de Green River”, no solo es el protagonista de dos películas en Netflix. Lejos de los guiones cinematográficos, Ridgway asesinó por años a mujeres en los Estados Unidos. Estaba obsesionado con las prostitutas. Cuando lograron detenerlo confesó que “quería matar a tantas prostitutas como pudiera, con la finalidad de limpiar las calles”.

Por las atrocidades de este asesino norteamericano, cada 17 de diciembre se conmemora el “Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales”. Es la fecha consensuada para recordar a las decenas de víctimas de un violento y la oportunidad de visibilizar los maltratos y abusos que aún siguen soportando quienes se autoperciben como trabajadoras del sexo.

Algo de toda esa violencia quedó reflejada en el “Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID 19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el Barrio de Constitución”, un trabajo de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) -indicato que forma parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

“Durante el confinamiento por el COVID, desde AMMAR tuvimos que reconfigurar distintos servicios que ofrecemos a las compañeras y salir a articular con oficinas estatales y organizaciones sociales para frenar desalojos y facilitar la inscripción a los programas sociales y de subsidios habitacionales. En ciertos casos, hasta hizo falta que presentemos amparos. Con este estudio queríamos mostrar este contexto. Las complejidades que tenemos las trabajadoras sexuales para acceder a una vivienda, cuáles son las formas de acceso y, sobre todo, las desigualdades y violencias que atravesamos”, contó a Infobae Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar.

Alquilar, una misión imposible

El trabajo de campo de la investigación se desarrolló entre febrero y septiembre de 2021 a través de encuestas a 99 trabajadoras sexuales de 18 años o más que viven y/o trabajan en el barrio porteño de Constitución. Sobre la base de cuatro ejes temáticos -características socio-demográficas, acceso a la vivienda y a programas sociales, y la relación con las fuerzas de seguridad y conflictividades-, el objetivo fue generar evidencia empírica para la construcción y demanda de políticas públicas en materia habitacional.

Con herramientas cuantitativas y cualitativas, el equipo técnico realizó relevamientos presenciales, recorrió las “paradas” de Constitución y profundizó la interpretación de los datos con las coordinadoras de la Casa Roja ─sede de la organización sindical en la ciudad de Buenos Aires─, desde una perspectiva de antropología en colaboración.

“Lo que hizo la academia, de venir a la Casa Roja y sentarse con nosotras para que podamos definir las recomendaciones es necesario. Si no, se nos sigue viendo como sujetos criminales y no como sujetos políticos, como trabajadores/as”, remarcó Orellano.

El informe señala enormes dificultades para el acceso a la vivienda, que muestra similitudes con los inquilinos en general, sumado a las problemáticas particulares relacionadas con la discriminación por identidad de género o por el ejercicio del trabajo sexual.

El 88% de las encuestadas reside en viviendas alquiladas o en habitaciones de hoteles-inquilinato, en condiciones diversas: vivienda alquilada con contrato o de palabra, habitación de hotel con o sin baño privado y hotel o casa tomada. La cifra trepa a 93% para el conjunto de mujeres trans, travestis o no binaries. Al momento de los registros, además, el 8% vivía en refugios o en situación de calle; aunque desde el inicio de la crisis sanitaria el 24% había tenido que dormir, al menos, una vez en la calle.

Una de las mayores preocupaciones de la población relevada es el precio de los alquileres que se pagan y los sucesivos aumentos ─dispuestos por dueños y encargados─, que continuaron a pesar de los congelamientos establecidos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En ese marco, el 74% de las trabajadoras sexuales mantiene todavía deudas por la imposibilidad de pagar sus alquileres durante los meses de aislamiento y distanciamiento social, el 61% afrontó incrementos y la mitad sufrió amenazas de desalojo.

“Actualmente, una habitación cuesta de $12.000 a $15.000, con baño o compartido. Y varios subieron de golpe de 10 a 14 o a 16 mil pesos”. “En el hotel donde vivimos, a nosotras es a quienes más nos suben la habitación. La gente que trabaja normal está pagando 7, 8, 9 mil pesos”. Son algunos de los testimonios que visibilizan la precariedad, informalidad y las dispares relaciones de poder.

Barrio chico, infierno grande

Párrafo aparte merecen los vínculos con las fuerzas de seguridad y el vecindario, teniendo en cuenta que en Constitución, una gran proporción de las trabajadoras sexuales viven y generan ingresos en el barrio; a diferencia de zonas como Flores, donde hay más mujeres que van y vienen en el tren Sarmiento para ejercer el comercio sexual.

Se destaca, entonces, que a más de la mitad de las encuestadas se les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; y a un tercio las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. También refieren haber sido detenidas en comisarías; que la policía no actuara ante un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hicieron; y haber sufrido violencia física. El porcentaje de quienes padecieron al menos una de estas situaciones es del 60% entre las mujeres cis ─aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer─, pero asciende al 85% entre las mujeres trans.

“Somos vecinas de Constitución, vivimos ahí y debemos salir a pasear al perro, tenemos que ir a comprar al chino, comprar las verduras, ir a la panadería. El problema de ellos es cuando nos ven, porque pueden ver a una persona heterosexual, nada. Solo con nosotras, siempre nosotras. Porque nunca pasó que detuvieran a una persona heterosexual delante de los vecinos. [...] Es una persecución, vivir en Constitución para una chica trans trabajadora sexual es una cuestión de hostigamiento. Y yo les digo ‘¿Por qué? ¿Y ese señor que está paseando con esa señora?’ o esos jóvenes ‘¿Por qué a ellos no? ¿Yo qué tengo?”, relató una de las 99 entrevistadas.

La Secretaria General de AMMAR sumó su voz a la descripción de malos tratos a los que las trabajadoras sexuales fueron expuestas reiteradamente: “Cuando empezaron a habilitar, a partir de mitad de año, muchas compañeras salieron a trabajar (...) Entonces ahí empezamos a tener algunas situaciones, no de detención, pero sí de operativo (...) eran muchísimos los policías que ponían contra la pared a las compañeras, revisándolas, esperando en la calle la resolución del fiscal, averiguando sus antecedentes..,. Todo ese tiempo, que puede ser de una hora o dos, las compañeras estaban ahí, paradas contra la pared, rodeadas de un montón de patrulleros y policías”.

Para colmo, junto a las históricas violencias institucionales, la investigación del Conicet apuntó sobre un dato local particular: mientras en CABA, en 2020, las denuncias ingresadas por contravenciones de oferta y demanda de sexo disminuyeron a casi la mitad (47%) en relación a 2019, aunque en el barrio de Constitución casi se triplicaron: de 166 a 417. Es decir, se dio un aumento del 151%. La mayoría de estas denuncias, sin embargo, no fueron realizadas por las fuerzas de seguridad, sino por vecinos y vecinas a través del Ministerio Público Fiscal.

Las alertas por los cuidados sanitarios dentro del contexto de la pandemia se reforzaron sobre los grupos sociales considerados peligrosos en el barrio, y los hostigamientos evidencian una disputa alrededor de quiénes pueden ser legítimamente considerados vecinos y vecinas.

Cecilia Varela, investigadora-coordinadora del informe, comparte con Infobae su opinión sobre este hallazgo situado: “El Ministerio Público Fiscal de la ciudad alienta la producción de denuncias, multiplica los canales de recepción, alimentando una suerte de “vigilantismo” vecinal con el que después poco puede hacer en términos del procesamiento de los conflictos. Las denuncias aumentan, pero los expedientes no llegan a ningún lado. Hay caminos alternativos que podrían intentarse, como buscar formas de mediación en los conflictos entre vecinos/as y trabajadoras sexuales (que también son vecinas). La cultura de la denuncia permanente no solo produce ciudadanos atomizados, enojados unos con otros, sino que, incluso, es poco efectiva a la hora de resolver los conflictos. Alimenta la ilusión de que a partir de la exclusión del otro voy a vivir mejor, pero el otro no se va y solo se viraliza el odio”.

Hace 16 años, frente a un tribunal de Seattle, un asesino serial cuya vida se convirtió en serie, confesó el asesinato de 48 mujeres. “Escogí prostitutas porque sabía que podía matar tantas como quisiera sin que me pillaran”, dijo en el juicio. Ridgway pasará el resto de sus días en la cárcel. Pero más acá en el tiempo y en el espacio, continúan la violencia, el estigma y la discriminación hacia quienes se reconocen como trabajadoras sexuales. Algo que se tiene que acabar.

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