El plan de Kicillof para legalizar el autocultivo y la industria del cannabis medicinal en la provincia de Buenos Aires

Un mes después del decreto presidencial que actualizó la reglamentación de la ley nacional de cannabis medicinal, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó al boom global de la marihuana legal. A principios de semana presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial con el fin de regular la producción y el cultivo personal de la planta de marihuana para aplicaciones medicinales, terapéuticas e industriales.

“El mundo entero está acompañando el avance científico que el cannabis medicinal otorga para el beneficio de los ciudadanos que lo consumen como parte de un tratamiento médico y/o paliativo del dolor, y es así que la Provincia debe acompañar esa apertura hacia nuevas formas de beneficiar a la comunidad”, escribió Kicillof en el documento de 85 páginas al que tuvo acceso Infobae a partir del cual el Poder Ejecutivo argumenta, con contexto de actualidad y un repaso a la historia de la planta, la necesidad de una nueva legislación.

El gobierno bonaerense difundió el interés en avanzar con este proyecto pocos días después de que el secretario de Seguridad provincial, Sergio Berni, celebrara la detención de un cultivador de cannabis que planta para proveer de aceite para su esposa con epilepsia.

Garantizar la salud pública es el objetivo principal del gobernador pero no el único ni el exclusivo. Interesa mucho en La Plata el potencial económico de esta industria incipiente y lo que la Provincia podría experimentar –en términos financieros y de creación de fuentes de trabajo– si se suma a la investigación y el desarrollo de productos elaborados con esta planta ancestral, que el humano usa de forma terapéutica, sacramental y hasta como alimento desde hace al menos 10.000 años.

Kicillof lo dejó claro en el texto elevado a Diputados: ve en la marihuana legal un “incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”, especialmente en el contexto de crisis global post pandemia.

La Cámara de Diputados trataría el proyecto de ley en el recinto el próximo martes 22, según comentaron fuentes legislativas a este medio. El Frente de Todos trabaja desde hace días para obtener el consenso del resto de los partidos y el tema del cannabis medicinal legal estuvo incluido en las discusiones de las comisiones durante todo 2020.

“Estamos viendo con Juntos por el Cambio si están para apoyarlo, es imprescindible para tratarlo sobre tablas y que salga. La idea es poder sacarlo antes de fin de año”, admitió un referente del bloque oficialista. Como el proyecto llegó del Ejecutivo y no tiene dictamen de comisiones, para que se dé el debate en el recinto se necesita el acuerdo de dos tercios de Labor parlamentaria. Los diputados del FdT confían en que lo tendrán. Luego, podría ser ley por mayoría simple.

El proyecto del Poder Ejecutivo bonaerense contempla la adhesión a la ley nacional 27.350 (la reglamentada por segunda vez por Alberto Fernández) y se concentra en el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.

Para darle acción y cumplir con las reglas de la nueva ley, el gobierno bonaerense propone en el decreto presentado a la Legislatura la creación la Agencia Provincial del Cannabis (APC), que será una entidad autárquica con sede en La Plata y dependerá del Ministerio de Gobierno, conducido por Teresa García.

La APC estará a cargo de las políticas públicas sobre esta industria incipiente. Y será la que regulará, ordenará y dará cumplimiento a las acciones de la ley de cannabis medicinal provincial, además del nexo con el Estado nacional para el desarrollo de acciones conjuntas y la firma de convenios para investigar, producir, importar y exportar productos cannábicos.

“Es prioritario que la APC promueva las tareas investigativas pertinentes, a los fines de contar con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados”, sugiere Kicillof en el documento, como base para lo que será el punto de partida de la producción industrial y comercialización en la Provincia de productos no sólo para el uso humano sino también animal.

El proyecto contempla la distribución de productos en hospitales y centros de salud de PBA, en la obra social IOMA, e incluso la comercialización a otras provincias argentinas de lo producido en territorio bonaerense. Y exige la incorporación al Sistema de Salud Pública el “medicamento paliativo aceite de cannabis”.

Las farmacias que expendan los productos derivados del cannabis deberán estar habilitadas por la Provincia y tendrán la obligación de entregar la sustancia solo a pacientes con indicación médica.

Si la ley se aprueba, se creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial del Cannabis para facilitarle el acceso a la sustancia a los usuarios con indicación médica que se inscriban en una base de datos que “deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales”.

También deberá fiscalizar los cultivos de las personas en sus casas, las entidades públicas, los productores, las agrupaciones cannábicas que cultiven para terceros y los laboratorios. Todos deberán estar incluidos y registrados en la Agencia Provincial.

El registro se crea, explican en Provincia, para garantizar la calidad y trazabilidad de lo producido no solo en emprendimientos públicos y privados sino también en los hogareños. “El objetivo es evitar la existencia de cultivos clandestinos y la comercialización de productos de calidad no verificada o nociva para la salud humana”, dice el proyecto enviado por el gobernador.

El decreto aclara que todo el que no esté incluido en el registro quedará expuesto a las sanciones de la vetusta ley de drogas nacional, que castiga con entre cuatro y 15 años de prisión por el mero hecho de tener plantas o semillas de cannabis.

El gobernador abre el juego a “todos los municipios” que quieran producir cannabis y también a la participación de “pequeños y medianos productores bajo requisitos de calidad”. El desarrollo de los proyectos públicos y privados es clave para el gobernador, para quien “conlleva un incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”.

En la Provincia quieren que la APC articule acciones de desarrollo e investigación con entidades nacionales, como el INTA y el Conicet, y que promueva la elaboración de productos en laboratorios públicos y privados y de las universidades bonaerenses.

Otro aspecto positivo del proyecto es la idea de que la Agencia cree un banco de semillas y de genéticas (hay cientos de cepas) público similar a los que proyecta la empresa Cannava, propiedad del Estado de Jujuy.

Sin embargo, el proyecto exhibe en un párrafo una crítica tácita al emprendimiento del gobernador Gerardo Morales y de su hijo Gastón, presidente de Cananva: “La Provincia de Buenos Aires debe marcar una diferencia con el resto de las provincias que se han encaminado solo a constituir Sociedades del Estado netamente comerciales, las cuales son un obstáculo para la fijación de políticas públicas concretas”.

El artículo 10 del proyecto de ley de Kicillof establece también la creación del Programa de Cultivo Solidario, que se trabajará con las organizaciones sociales cannábicas con el fin de dictar talleres de capacitación y cursos de cultivo y producción de aceites a los cultivadores inscriptos en el Registro.

La iniciativa le imprime a la Agencia Provincial de Cannabis el desarrollo de productos y aplicaciones veterinarias y la nutrición animal. Es cada vez más extendido el uso de la molécula CBD del cannabis en mascotas por sus beneficios en dolores, problemas de hueso y otras dolencias. Países como Canadá, o estados como California, en EEUU, discuten hace años los beneficios y la legalidad del uso.

El proyecto de ley también establece los castigos para quienes no cumplan con la normativa: primero un apercibimiento, luego una multa económica, y más tarde las clausuras de plantaciones y el secuestro de materia vegetal o aceite que deberá ser “entregado a un establecimiento hospitalario para su farmacia en forma gratuita, previa verificación de su calidad”.

La ley que propone Kicillof es una propuesta superadora de la adhesión que hizo la Provincia en 2017 a la ley nacional –la 27.350–, que nunca se reglamentó ni ofreció marco necesario para implementarla en el territorio bonaerense. Por eso el actual gobierno propone un nuevo marco regulatorio para propiciar “la investigación, el desarrollo y la producción de cannabis para su uso terapéutico, medicinal e industrial”.

“La Provincia debe afrontar acciones concretas, que permitan garantizar la provisión de cannabis y sus derivados, con el objeto de asegurar el acceso de calidad verificada, y evitar situaciones de ilegalidad y riesgo, que conlleva el mercado paralelo de aceites”, dice el texto firmado por el gobernador, donde se considera al cannabis un medicamento de “bien social”.

“Esta reforma legislativa representa una concreta adaptación de la Provincia a la realidad actual de sus habitantes, atendiendo necesidades que aún no están cubiertas, y que resulta responsabilidad del Estado”, remarcó Kicillof en el documento.

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