El domingo 13 de septiembre, una picada volvió a cobrarse una vida inocente. La víctima: Tahiel Contreras, un niño de 6 años que esperaba para cruzar la calle junto a sus padres en la esquina de Ruta 21 y Soldado Sosa, en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.
Una vez más, la tragedia puso en evidencia la dinámica de esta práctica ilegal, donde las redes sociales juegan un papel fundamental. Según trascendió, los conductores arreglan los encuentros por WhatsApp o vía historias de Instagram. Incluso, varias picadas comienzan con los autos en movimiento en medio de las autopistas o rutas.
En este contexto, y en el Día del Camino y la Educación Vial, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, anunció que el próximo martes 6 de octubre presentará un proyecto de ley que busca acusar de “homicidio vial” a los que corren picadas. Es decir: las picadas asesinas dejarían de ser consideradas un accidente y pasarían a tener el castigo de un homicidio.
La presentación de la normativa se realizará junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni; el Director Ejecutivo de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial), Pablo Carignano; y familiares de víctimas de siniestros viales.
¿Qué cambiaría con la aplicación de la Ley “Tahiel”? Según pudo saber este medio, con los nuevos montos de las penas para el “Homicidio Vehicular” y las “Lesiones Vehiculares”, el delincuente vial quedará preso desde el momento cero de la investigación. Además, se fijará la pena de inhabilitación absoluta para volver a conducir. En este sentido, la persona que -sin medir consecuencias- convierta su automotor en un arma y destruya vida, tendrá la misma pena que el homicidio intencionado.
En Argentina, los siniestros viales constituyen una de las principales causas de morbimortalidad, siendo la primera entre los menores de 35 años. En esta línea, el que desprecie la vida y cause la muerte haciendo picadas ilegales, tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión.
“Con esta ley saldamos una vieja deuda en memoria de aquellas víctimas que no consiguieron Justicia y sentamos las bases para que en nuestro país se entienda que manejar no es un derecho, sino una responsabilidad. A su vez, le damos una herramienta a los jueces para que hagan verdadera Justicia”, sostuvieron los encargados de redactar el proyecto.
En comunicación con Infobae, Viviam Perrone, la fundadora de la organización Madres del Dolor, que en 2002 perdió a su hijo Kevin Sedano, de 14 años, al ser atropellado por un auto que también corría una carrera clandestina, se mostró a favor del proyecto.
“Desde Madres del Dolor apoyamos el proyecto de #LeyTahiel así como también el de #LeyKevin, que elaboró la diputada María Luján Rey. Necesitamos una legislación eficiente para evitar futuras muertes”, dice.
Según Perrone, la diferencia entre la Ley Tahiel y la Ley Kevin es que esta última es más completa, porque el agravamiento de penas aplica no solo para los que participan de las picadas, sino también para aquellos que las promocionan o las organizan.
“El agravamiento de penas es necesario, caso contrario la ley funciona como un parche. En los siniestros viales sí sirve agravar las penas porque quienes comenten esto no son delincuentes sino personas que toman decisiones: de participar de una carrera, de subirse a un auto en estado de ebriedad o de conducir a exceso de velocidad”, explica Perrone.
“Esto sigue sucediendo porque hay falta de control y, aunque lo hubiera, las sanciones no son suficientes. Se necesitan ambas cosas”, agrega Viviam y sostiene que, como integrante de Madres del Dolor, solicitó al Ministerio de Transporte de la Provincia que, tras las picadas, imitara el accionar de la Ciudad. “Además de incautar los autos, sería bueno que los remataran y que ese dinero sea donado a un hospital, como sucedió con las camionetas que Alejandro Radetic y Alejandro Biscardi”, agrega.
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