
La investigación por la muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida en febrero de 2018, sigue avanzando. Después de la condena al endoscopista Diego Bialolenkier y la absolución de la anestesista Nélida Puente, ambos acusados por homicidio, la Justicia decidió abrir una nueva causa en la que las autoridades de la Clínica La Trinidad de Palermo fueron imputadas por “encubrimiento” y dos instrumentadoras por “falso testimonio”.
En ese contexto, la jueza María Fabiana Galletti llamó a prestar declaración indagatoria a Roberto Martingano, director médico de la clínica; a la instrumentadora, Miriam Frías; y a la jefa de instrumentadoras, Claudia Balceda. Las indagatorias se realizarán los días 13, 14 y 17 de febrero de 2020.
“Durante las audiencias del juicio por el homicidio de Débora se determinó que se cometieron otros delitos autónomos y fue el mismo presidente del Tribunal quien requirió que se investigue de manera autónoma si hubo o no encubrimiento y falso testimonio”, precisó a Infobae el abogado querellante, Diego Pirota.
Para el letrado, “las pruebas ya fueron producidas durante todo el juicio, por lo que no hay más nada que investigar”. Ahora, estos profesionales deberán defenderse de los delitos que se les imputan. “Seguramente se nieguen a declarar porque cuanto más hablen más se complican”, señaló Pirota.
Martingano deberá presentarse ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 57 el 13 de febrero, Frías el 14 y Balceda el 17. Todos fueron citados a las 10 “bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de ser conducidos mediante el auxiliar de la fuerza pública” .
“Las sospechas acerca del ocultamiento de datos de sumo interés para la decisión del caso se den acrecentadas por la indubitable constatación de que los directivos del Sanatorio de la Trinidad Palermo enviaron a la fiscalía de instrucción información manifiestamente incompleta acerca de los registros del monitor multiparamétrico utilizado en el estudio realizado a la víctima”, afirmó la fiscal Dora Nanci Olivieri, en la imputación a la que accedió Infobae.

Otro de los puntos a investigar es la falta documentación del informe de esa máquina, algo que fue advertido durante el transcurso del debate. Fue Juan Martín Chávez, un técnico en electromedicina, el que admitió que a él la clínica le pidió imprimir el informe de Pérez Volpin y él lo hizo. También dijo que entregó todo a los directivos médicos de la clínica. Pero los papeles no aparecieron.
La fiscalía señaló también que hubo “una marcada reticencia de diversos testigos que resultan ser dependientes del Sanatorio La Trinidad los cuales coincidieron en afirmar que antes de prestar declaración en el expediente fueron convocados a su despacho por Eduardo Cavallo”, director de la prepaga Galeno.
Débora Perez Volpin murió el 6 de febrero de 2018. Se había internado por unos fuertes dolores estomacales a los que los médicos no terminaban de encontrarle explicación. A las 17 de ese día, llegó al quirófano. Habló con la anestesista. Se durmió. Nunca volvió a recuperar la conciencia. Durante el juicio, la querella reconstruyó, con un reloj, minuto a minuto, cómo fue su muerte.
Según estableció el fallo del tribunal oral, la muerte se concretó por la conducta “imprudente y negligente” de la anestesista durante el procedimiento de una “video endoscopia digestiva alta”. El endoscopista Diego Bialolenkier fue condenado a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Pérez Volpin, pero su pena no es de cumplimiento efectivo.
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