
El secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se mostró visiblemente impactado por el caso de la niña de 11 años en Tucumán que quedó embarazada producto de una violación y fue sometida en el día de ayer a una cesárea casi de urgencia: "Esto no debe pasar. No hay muchas palabras para definirlo más que es una situación terrible, un horror".
A pesar de haber sufrido una violación y de que su embarazo era de "alto riesgo obstétrico", la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -contemplada en el Código Penal desde 1921 para estos casos y ratificada por el fallo FAL de la Corte en 2012- se dilató un mes y debió ser sometida a una microcesárea en la que nació una beba con muy bajas chances de sobrevivir sin secuelas.
"Esto no debió haber ocurrido nunca", dijo el secretario en diálogo con el periodista Luis Novaresio por Radio La Red. "No se debe judicializar y se debe asegurar la privacidad y la confidencialidad para que no tengan estos casos la repercusión mediática y social que están teniendo". Y agregó: "No hay absolutamente ninguna duda de que esta chiquita está comprendida dentro de todas las causales de la interrupción legal del embarazo (ILE)". Además, consideró, la dilación del aparato estatal se trata de una "segunda victimización" de la menor.

"Sinceramente ayer escuchaba en una nota a los médicos que hicieron la interrupción del embarazo y la verdad que casi me pongo a llorar, porque yo entiendo como médico cuál es la situación que han enfrentado", expresó Rubinstein en referencia al relato de la ginecóloga Cecilia Ousset, que participó de la cesárea junto a su marido José Gigena, a pesar de ser objetora de conciencia, porque ningún profesional del hospital o del servicio público de salud quería hacer la intervención.
Consultado sobre el accionar de las autoridades de Tucumán -el gobernador Juan Manzur, la ministra de salud Rossana Chahla y el secretario Gustavo Vigliocco– y la posibilidad de que les corresponda una denuncia por el incumplimiento de su función, Rubinstein señaló que "no es una competencia que tiene que ver con la secretaría de salud". "Nosotros tenemos que asegurar que se cumpla la ley", señaló.
"Me puse en contacto con las autoridades sanitarias de la provincia de Tucumán, conozco mucho a la ministra porque trabajamos juntos en el Consejo Federal de Salud, y también comparto la angustia que se dio aun en las autoridades políticas", indicó. "Porque estas situaciones y estas dilaciones lo que generan es un estado de paranoia enorme en todos los actores sociales".

Sobre los médicos que se negaron a participar dijo que "la objeción de conciencia es absolutamente atendible", pero, aclaró: "Lo que no puede ocurrir es que en una institución pública no haya ningún profesional que pueda realizar una práctica que además está autorizada por la ley".
"Más aun, aquí no se trata solo de una chiquita violada sino que además tenía una pre-eclampsia, es decir, una hipertensión grave, que puede desencadenar claramente en una secuela grave o en la muerte", destacó en ese sentido. "Ahí hay un límite muy difuso entre la objeción de conciencia y la responsabilidad médica".
La ministra de Salud tucumana, en tanto, brindó ayer una conferencia de prensa donde aseguró que la niña y su familia solicitaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) recién el lunes 25 de febrero: "Escuchamos mucho a la niña y a la madre, está todo documentado, nunca obstaculizamos nada".
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