
El 27 de noviembre de 2018 la Justicia electoral dio personería jurídica definitiva al Frente Patriota, el flamante partido de Alejandro Biondini. Adolfo Gabino Ziulu, juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, aprobó la fusión en el distrito bonaerense de los partidos Bandera Vecinal y Gente en Acción (GEA), para darle origen a una nueva fuerza política que podrá presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo.
Desde el seno del partido celebraron la notificación judicial: "Destaquemos que este histórico hecho de unidad entre dos formaciones legales del Nacionalismo Argentino permite, asimismo, fortificar en una base común los miles de afiliados bonaerenses certificados por la Justicia". Informaron, a su vez, que en el resto de los distritos Bandera Vecinal mantendrá su denominación y que el Frente Patriota coordinará las alianzas de los bloques nacionalistas para los comicios generales del 2019.
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Así, el dirigente ultraderechista consiguió el aval de la Justicia federal de intervenir electoralmente en el distrito. Su frase de campaña es: "No te conformes ni adaptes al 'es lo que hay'. Ahora estamos nosotros". Y en el comunicado de prensa, cierra su pronunciamiento con un grito proselitista: "¡La Unión hace la Fuerza! Ayer, hoy y siempre: ¡Primero Argentina!".
Es la segunda vez que le otorgan la personería jurídica a un partido conducido por Biondini. El 22 de mayo de 2014 recibió el reconocimiento la agrupación Bandera Vecinal que encabeza aún Alejandro Biondini, cuya sentencia fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de junio de 2014. Esa aprobación inspiró el reclamo de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que emitió el 11 de junio de 2014 un comunicado de repudio.
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"La representación política de la comunidad judía argentina condena el otorgamiento de la personería jurídica por parte del juez Ariel Lijo al partido Bandera Vecinal, cuyo líder es Alejandro Biondini, quien ha reivindicado pública y reiteradamente la figura de Adolf Hitler y el nazismo", expresó el anuncio de aquel año. Quiso marcar así su posición de no legitimar desde la órbita política "a quienes incurren en la apología del odio, incitando a la violencia contra la comunidad judía y otros colectivos en nuestro país". En ese entonces, el mismo Senado aprobó un proyecto de declaración que repudió la decisión del juez Lijo de otorgarle personería jurídica al partido.
La DAIA apeló esta designación y días después, el primero de julio de 2014, la jueza María Servini rechazó el recurso bajo respuestas a la documentación presentada por la agrupación humanitaria, "de la cual no surgía ninguna disposición que resultara contraria a algún principio constitucional ni que permitiera inferir ideología vinculada a algún tipo de discriminación". A su vez, precisó en el expediente que la fuerza política registró 4.000 afiliaciones válidas y respetó la elección interna de las autoridades.
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En vistas al proceso electivo del año próximo y al reconocimiento electoral del flamante partido Frente Patriota dirigido por Biondini, la DAIA volvió a condenar la personería jurídica otorgada a "un movimiento ultranacionalista y neonazi". Con un comunicado similar al de hace cuatro años, reiteró su deslegitimación política y repudió la fomentación del odio y la discriminación. "La entidad hace un llamado a la reflexión acerca del peligro que representa el desarrollo de este tipo de ideologías que atentan contra la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva", repitió.
Infobae se comunicó con el presidente de la entidad, Alberto Indij, quien expresó su rechazo al reconocimiento: "Nosotros estamos en total desacuerdo porque es un partido político que tiene en su bandera la reivindicación del nacionalsocialismo de la época más perversa de la historia de la humanidad. Lo único que hace es contribuir a generar más violencia en una sociedad que necesita pacificación de todos los partidos políticos y en todos los actores de la sociedad". Agregó que apelarán la sentencia: "Vamos a activar todas las acciones judiciales para que se le revoque la personería. Es nuestra obligación como institución".
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