El juicio por el crimen de la líder trans Diana Sacayán, asesinada de trece puñaladas en 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, comenzará el 12 de marzo próximo con un único imputado en el banquillo de los acusados, y una figura nunca antes utilizada en un juicio oral y público: la de "travesticidio".
Ese será el pedido de la fiscalía, según informaron fuentes judiciales. El acusado es Gabriel David Marino (24), quien llega a debate como coautor de "homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado con violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso real con robo".
En caso de ser hallado responsable, la pena prevista es la de prisión o reclusión perpetua.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, integrado por los jueces Ivana Bloch, Armando Chamot y Julio César Báez, en tanto que como fiscales intervendrán Ariel Yapur y Mariela Labozetta, titular de la la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (UFEM), que fue instrumental en la captura de Marino, a cargo del fiscal Matías Di Lello. El INADI estará presente en la sala de juicio, constituido como querellante en la causa.
"En el caso de Diana, vamos a pedir que se tengan en cuenta dos incisos del artículo 80 del Código Penal: el 4, que se refiere a los crímenes de odio, y el 11, que se contempla en todo caso de femicidio", explicó Lucila Sánchez, abogada de la querella que encabeza el hermano de Diana, al diario Clarín.
"Que se apliquen los dos incisos tiene que ver con el derecho a la verdad y a que se siente un precedente en la Justicia que visibilice la violencia de la que es víctima el colectivo travesti", señaló Sánchez. Y añadió: "La figura de travesticidio no está contemplada como tal en el Código Penal, pero que los fiscales la propongan por primera vez puede ayudar a que las cosas empiecen a llamarse por su nombre y a que se empiecen a valorar más las vidas de un colectivo cuya expectativa de vida no supera los 40 años. Y a que el Estado contemple las obligaciones que tiene para proteger sus vidas".
Como antecedente, existen las condenas a prisión perpetua por los crímenes de las travestis Natalia Sandoval (35), en Mendoza, y Vanesa Zavala (31), en Santa Fe, dictadas el año pasado, aunque en esos casos no se aplicó el agravante de odio de género incorporado al Código Penal en 2012.
El cuerpo de la activista trans fue hallado el 13 de octubre atado de pies y manos y amordazado en el interior del departamento de la avenida Rivadavia al 6700, en Flores. Allí se encontró gran cantidad de sangre, un cuchillo con una hoja de 20 centímetros, una tijera y un martillo; luego la autopsia estableció que Sacayán recibió 27 lesiones en su cuerpo, trece de las cuales habían sido producidas por un arma blanca, además de presentar golpes varios.
Cuando la causa fue elevada a juicio, los fiscales Matías Di Lello y Labozzetta consideraron que el hecho se trató de un "travesticidio, es decir, interpretaron que Diana fue asesinada con un alto grado de violencia "por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI)", que también será querellante.
También recordaron que Diana era "impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)".
Como militante, Sacayán impulsó la sanción de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y en 2012 obtuvo su DNI femenino, otorgado por la entonces presidente Cristina Kirchner.
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La trama detrás del asesinato de la activista trans Diana Sacayán
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