
El domingo 2 de abril de este año, a las 5:30 de la madrugada, Micaela García (21 años) salió del boliche bailable King, en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Nunca regresó a su casa. Ese día a la tarde la familia reportó su desaparición y se inició la búsqueda. El principal sospechoso para la policía era Sebastián Wagner, alias "el Melli". En la noche del viernes 9, fue apresado en el barrio Las Catonas de la localidad bonaerense de Moreno. El sujeto confesó el crimen de Micaela y le indicó a la policía el lugar dónde estaba el cuerpo que fue hallado en la mañana del sábado. Según la autopsia, Micaela murió por estrangulamiento.
El caso fue tan fácil de esclarecer como predecible (y evitable): Sebastián Wagner había sido condenado en 2012 a 9 años de prisión por violar a dos estudiantes, por lo que debía permanecer en prisión hasta julio de 2018. Sin embargo, el juez de ejecución penal de Gualeguaychú Carlos Alfredo Rossi lo benefició con la libertad condicional en 2016 pese a que los informes penitenciarios lo desaconsejaban. "Este Consejo Correccional emite opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno penado", decía el documento elaborado por la Unidad 9 de Gualeguaychú.
No era la primera vez que el juez Rossi beneficiaba a un violador. Juan Marcelo Schiaffino cumplía una condena a 13 años y cuatro meses de prisión. Había tomado prisionera a una nena de 15 años, la violó, la quemó con cigarrillo, la golpeó, le provocó una fractura y laceró su piel con alambre de púa y vidrio. La sometió a semejante tortura para obligarla a ejercer la prostitución. A este hombre el juez Rossi le permitía salir del penal para ir a comprar al kiosko situado en las cercanías de la cárcel. Pero, Rossi fue aún más allá. Autorizó a Schiaffino a recibir visitas conyugales de su pareja, a quien había conocido luego de caer preso. En la madrugada del 12 de febrero de 2013, mientras gozaba del beneficio que le había otorgado el juez Carlos Rossi, el interno Schiaffino golpeó salvajemente a Jésica Ocampo, su pareja, de 23 años, en el interior del Sector Unidad Familiar del penal Nº 2 "General Francisco Ramírez" de Gualeguaychú. Le dio patadas y golpes de puño que le provocaron graves lesiones externas e internas. Continuó con su furia homicida estrangulando a Jésica. El cuerpo quedó tendido sobre la cama de dos plazas de la celda: en el mismo lugar estaba la hija de la mujer de sólo dos años.
Tras el crimen de Micaela García se multiplicaron los pedidos para que Rossi renuncie o sea apartado de del Juzgado de Ejecución Pde Gualeguaychú. Lo primero no sucedió. El polémico magistrado alegó sentirse deprimido y pidió licencia. El ministro de Justicia Germán Garavano dijo en ese momento que el juez Rossi debía ser removido por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. El Presidente Mauricio Macri se sumó al pedido al afirmar "este tipo de jueces no los podemos tener". A esto le siguieron las denuncias contra Rossi por mal desempeño.
Pese al tiempo transcurrido, el proceso de destitución al juez acusado de liberar violadores está empantanado. El jury encargado de juzgar a Rossi aún no pudo integrarse como consecuencia de las continuas recusaciones que planteó el magistrado denunciado. El Jurado de Enjuiciamiento se reunió el 8 de mayo pasado para resolver el trámite de las recusaciones y al día siguiente le pidió a ambas Cámaras Legislativas que designe un representante titular y uno suplente. El 23 de mayo, el jurado fue notificado de los nombramientos de los representantes del Poder Legislativo y una semana después el juez Rossi los recusó. El 31 de mayo el Jurado de Enjuiciamiento le envió un oficio a la Cámara de Diputados solicitando la designación de nuevos representantes y al no recibir respuesta, reiteró el pedido el 9 de junio, tampoco hubo contestación. La Cámara baja de Entre Ríos convocó a una sesión especial para el próximo lunes en la que se designarían los nuevos representantes para integrar el jury. Este largo proceso permitirá que el cuestionado magistrado siga en el cargo hasta el año que viene. Mientras tanto, el juez Carlos Alfredo Rossi continúa en su despacho desde donde podrá seguir firmando resoluciones que beneficien a violadores.
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