Maltrato infantil: la evidencia de una problemática que persiste y demanda respuestas urgentes

Hay algo que, frente a los casos extremos de maltrato infantil, aparece frecuentemente tanto en los medios como en la sociedad: pensar en los agresores como monstruos. Es lógico porque asistimos al relato de monstruosidades.

El problema es cuando esa idea permite cerrar rápido la escena y los significados, ubicar el horror afuera y seguir. Se trataría de sujetos excepcionales, desviados, radicalmente ajenos a quienes somos la mayoría indignada.

También comienza la persecución de autoridades, docentes y profesionales actuantes sin conocer las circunstancias de las trayectorias ni el trabajo realizado, pero se necesita urgente un culpable.

Pero si nos detenemos en algunas estadísticas vamos a notar que el maltrato infantil es un problema estructural y persistente, que en muy pocos países ha sido tomado como la deuda pendiente que es y mucho menos como una política de estado.

Según Unicef:

• Cada 4 minutos, en algún lugar del mundo, un niño o una niña muere a causa de un acto de violencia.
• 650 millones de niñas y mujeres (1 de cada 5) vivas en la actualidad fueron víctimas de violencia sexual en su infancia, de las cuales más de 370 millones (1 de cada 8) sufrieron violaciones o agresiones sexuales extremas.
• En los entornos digitales, la magnitud es atroz: más de 36 millones de reportes de sospecha de explotación sexual infantil en línea fueron registrados por el National Center for Missing & Exploited Children, lo que implica decenas de millones de imágenes y videos circulando.

A su vez, la Internet Watch Foundation confirmó en sus últimos informes más de 275.000 páginas web con material de violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes en un solo año, con una proporción creciente de víctimas de 10 y 13 años.

En ese marco, los modos que venimos trabajando por su aumento aterrador: grooming, sextorsión, producción y circulación de material y violencia sexual por streaming. Ya no son eventos marginales, sino formas dominantes de una violencia que hoy opera a escala masiva, sostenida, transnacional y organizada.

Casi 50 millones de adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (1 de cada 6) han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus compañeros sentimentales en el último año.

Entre 410 y 530 millones de varones en el mundo sufrieron violencia sexual cuando eran niños. Hoy, muchas de esas víctimas son adolescentes o adultos. Dentro de ese grupo, entre 240 y 310 millones padecieron violación o agresiones sexuales extremas.

1.600 millones de niños y niñas (2 de cada 3) sufren castigos violentos en su hogar de manera habitual; más de dos terceras partes son objeto tanto de castigos físicos como de agresiones psicológicas.

Cada año, la violencia se cobra la vida de un promedio de 130.000 bebés, niños, niñas y adolescentes antes de los 20 años.

Los niños varones corren un mayor riesgo de morir a causa de la violencia: 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes muertos a causa de la violencia eran varones.

Cerca de 550 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo —aproximadamente 1 de cada 4— viven en hogares donde sus madres han sido víctimas de violencia de género por parte de sus parejas.

En ese contexto, la violencia no queda circunscrita solo al vínculo de pareja: atraviesa la vida cotidiana y alcanza directamente a la infancia, no como testigos sino víctimas directas, expuestas a dinámicas de miedo, sometimiento y desprotección que impactan de manera profunda en su desarrollo subjetivo y en su salud mental.

Entre 2017 y 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 1.685 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos atravesados por el femicidio de su mamá.

La Corte también reveló que casi 1000 niños, niñas y adolescentes denunciaron violencia intrafamiliar durante el primer trimestre de 2025, es decir 11 por día.

El relevamiento advierte lo que conocemos muy de cerca en la clínica y en los servicios locales: en el 80% de los casos los agresores denunciados fueron los propios progenitores.

En la mitad de los países de la región, una proporción mayor de cuidadores considera que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad necesitan castigos físicos para ser criados adecuadamente, en comparación con aquellos que no tienen discapacidad, según datos de UNICEF.

En Federación, Entre Ríos, Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, fue encontrada muerta dentro de su casa. Las pericias indicaron que el cuerpo llevaba semanas en ese estado. La investigación corroboró abandono extremo. Y, en ese contexto, se pudo hacer el rescate gracias a un niño de cinco años que salió a la calle a pedir ayuda.

En Comodoro Rivadavia, Ángel, de cuatro años, murió a causa de múltiples golpes. La autopsia describió lesiones incompatibles con un accidente. La causa se investiga como homicidio agravado por el vínculo.

El hallazgo de una beba muerta en una facultad en La Plata, también en estos días, vuelve a interrumpir la ilusión de que estos hechos son excepcionales. Son escenas abismales que exponen la fragilidad en la se encuentran los niños y niñas, desde antes de su nacimiento: embarazos no acompañados, soledades extremas, padecimientos mentales, ausencia de redes, vaciamiento de programas de apoyo y acompañamiento, precarización de los trabajadores y por ende instituciones que no dan abasto y no siempre llegan a tiempo.

Vengo trabajando este problema como un mapa global del maltrato que no se agota en la figura del agresor individual, sino que incluye distintas formas de negligencia: la de las familias, las instituciones, la de las plataformas y la de la comunidad en su conjunto.

Considero el infanticidio como un concepto abarcativo y estructural donde se la da muerte a la infancia de diferentes modos, ya sea por negligencia, desamparo, olvido y/o asesinato. Muchos niños y niñas mueren por su condición e indefensión. No todos se conocen a través de los medios de comunicación ni las redes sociales.

La gran mayoría de estas muertes, 5,4 millones, ocurren en los primeros cinco años de vida y alrededor de la mitad son de recién nacidos. Es decir que fallecen por causas que se pueden evitar o tratar oportunamente.

En ese entramado, la violencia es el resultado de múltiples fallas que se superponen. Los datos lo muestran de manera feroz, se trata de una estructura persistente, donde millones de niños y niñas crecen expuestos a distintas formas de violencia, ya sea en sus hogares, en instituciones, o en entornos digitales. Todos espacios donde deberían estar protegidos.

En ese sentido, los casos extremos son desenlaces de trayectorias donde hubo señales, pero las intervenciones no existieron o fueron insuficientes por la falta de capacitación para detectarlas, por la renegación de esta problemática desde el mundo adulto y por el destajo y precarización en que trabajan muchas buenas personas que intentan salvar a los niños y niñas, con sus excepciones obvias.

Pensar el maltrato en términos de mapa permite justamente salir de la lógica del monstruo individual y ubicar la responsabilidad en un sistema más amplio, donde la omisión, la fragmentación y la desmentida también producen daño.

La violencia contra bebés, niñas, niños y adolescentes no es marginal ni excepcional. Es masiva y ocurre, en su gran mayoría, en el ámbito familiar. En Argentina, en algunos casos, se encuentra imbricada en prácticas de crianza, golpes, gritos, humillaciones y amenazas.

Este punto se vuelve especialmente relevante en el mes de la prevención del maltrato infantil, con su día: el 25 de abril.

Por eso, cuando hablamos de prevención, no estamos hablando de campañas aisladas ni de consignas, sino de la capacidad real de una sociedad y sus organismos y representantes para registrar el sufrimiento infantil y asumir una responsabilidad frente a él.

Moisés Martínez fue condenado por matar a su padre después de reconstruir, junto a su madre y sus hermanas, una trama de abusos sistemáticos. Su madre relató haber sido golpeada incluso durante el embarazo, y una de sus hermanas declaró haber sido agredida sexualmente por su padre en reiteradas ocasiones bajo amenazas que buscaban garantizar el silencio. Su hermana Sara lo había denunciado cuando tenía 12 años, lo que derivó en que fuera condenado a tres años de cárcel. Ella asegura que denunciar no fue suficiente, y el sistema no logró ni proteger ni reparar.

Este punto resulta central para desmontar discursos que hoy intentan instalar el problema de las “falsas denuncias”. En Argentina, como en otros países, representan un porcentaje mínimo —menos del 1%—, según ONU, frente a la magnitud de las violencias efectivamente existentes. Insistir en esa excepción no solo distorsiona la realidad, sino que refuerza uno de los mecanismos más eficaces de las agresiones sexuales y del maltrato infantil: el silencio.

Según la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, apenas 1 de cada 10 personas que sufren violencia sexual realiza una denuncia. Es, entre los delitos violentos contra las personas, el que menos se denuncia. Y esto no es un fenómeno particular de la Argentina: a nivel regional, la Organización Mundial de la Salud estima que solo el 5% de las víctimas en América Latina y el Caribe acceden a una instancia judicial. En especial en los casos de violencia sexual en la infancia, los tiempos de las víctimas no coinciden con los tiempos de la justicia, donde hablar implica riesgos, donde el reconocimiento de lo ocurrido puede llevar años.

Por eso, reducir todos estos hechos a la figura del monstruo o responsabilizar solo a un grupo de personas, no solo es insuficiente, es una forma de desresponsabilización colectiva. Lo que se observa no es una falla aislada, sino una cadena de omisiones en la que intervienen adultos, instituciones y políticas públicas.

En Argentina, esta situación se expresa con claridad en la fragmentación de las respuestas y en la falta de estadísticas integrales que permitan dimensionar el problema en toda su magnitud. La intervención suele ser tardía y los dispositivos de protección no siempre cuentan con los recursos ni la capacidad necesaria para actuar de manera preventiva. La ley Lucio terminó siendo aprovechada partidariamente como una propaganda, como aseguran quienes están en las trincheras más salvajes del sistema de protección, los servicios locales.

La violencia contra la infancia tiene consecuencias subjetivas profundas, pero también implica costos sociales y económicos concretos: en la salud, en la justicia, en la educación, en las trayectorias vitales.

A nivel global, distintos organismos internacionales estiman que estas violencias representan entre el 3% y el 8% del PBI de los países. Es decir, no se trata solo de un drama humano, sino de un problema estructural que impacta de manera sostenida en las economías y en la organización social.

Ese costo se expresa a lo largo de toda la vida de quienes han sido atravesados por múltiples violencias en la infancia: mayor prevalencia de padecimientos en salud mental, problemas en los vínculos, mayor riesgo de consumo problemático, de enfermedades crónicas y de reproducción de la violencia en distintos ámbitos. No creo en el destino inevitable pero conozco las marcas que, sin una intervención adecuada y a tiempo, tienden a persistir y a profundizar el dolor y la enfermedad.

Sin embargo, en nuestro país no contamos con una medición integral que permita dimensionar ese impacto, cuánto le cuesta al Estado no prevenir, cuánto se invierte tardíamente en reparar lo que podría haberse evitado.

Desde hace años proponemos la creación de un Ministerio de la Infancia, con foco en la prevención y en la recuperación de las múltiples violencias que atraviesan a bebés, niños, niñas y adolescentes.

Los primeros años de vida no son una etapa más. Aquello que no se protege en los inicios perdura con secuelas a veces fatales o irrecuperables.

La violencia contra la infancia, no es solo la dolorosa afectación individual de una trayectoria de vida, es también la forma en que una sociedad construye su propio futuro.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.