
El mercado global de fertilizantes atravesó un fuerte cimbronazo durante el primer semestre de 2026, como consecuencia de la crisis desatada en Medio Oriente y las restricciones al comercio por el Estrecho de Ormuz. El impacto se trasladó de lleno a la Argentina: las importaciones registraron su segundo peor desempeño desde 2019, mientras que el aumento de los precios implicó un sobrecosto teórico de USD 180 millones para el país, según señala un informe elaborado por Franco Pennino, Bruno Ferrari y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Los fertilizantes nitrogenados, y particularmente la urea, fueron los productos más afectados. Antes del conflicto, por Ormuz circulaba cerca de un quinto del comercio mundial de gas natural y aproximadamente una cuarta parte del comercio global de urea. El encarecimiento del GNL, utilizado intensivamente en la producción de urea, generó un efecto dominó sobre toda la cadena. A esto se sumaron decisiones de grandes jugadores: India redujo temporalmente su producción por falta de gas y China restringió exportaciones para priorizar su mercado interno. Como consecuencia, el precio internacional de la urea llegó a ubicarse más de 100% por encima del nivel de enero, aunque luego tendió a moderarse.
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El mercado de fertilizantes fosfatados tampoco quedó al margen. La menor disponibilidad de azufre —insumo clave para producir ácido fosfórico— y las interrupciones de producción en países afectados por el conflicto presionaron sobre los costos. El precio del azufre llegó a duplicarse respecto de enero, mientras que el superfosfato triple (TSP) acumuló una suba del 39% y el DAP del 27%. El informe de la BCR remarca, además, que la tensión no comenzó con la crisis de Ormuz: desde fines de 2025 el mercado ya mostraba una oferta ajustada y restricciones comerciales que mantenían elevados los precios.

En este contexto, Argentina redujo de manera significativa sus compras externas. Durante los primeros seis meses del año se importaron 437.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados, 767.000 toneladas de fosfatados y 39.000 toneladas de potásicos. La urea fue el producto que mostró la mayor caída en volumen, precisamente el insumo que enfrentó el mayor salto de precios. Sin embargo, medido en dólares, el resultado fue el opuesto: las importaciones alcanzaron USD 1.762 millones, el segundo valor semestral más alto de la historia.
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El contraste entre cantidades y valores refleja con claridad el impacto de la crisis internacional. Si se hubieran aplicado a las cantidades importadas durante el primer semestre de 2026 los precios promedio registrados en igual período de 2025, el costo habría sido aproximadamente USD 180 millones menor. Se trata de un sobrecosto teórico que, además, no contempla el efecto adicional que tuvo el encarecimiento sobre las cantidades adquiridas por el país. En junio, las importaciones de nitrogenados fueron las más bajas desde 2015 y se ubicaron 60% por debajo del promedio de los últimos cinco años; en fosfatados, el volumen fue el menor desde 2018.
El escenario genera especial preocupación de cara a la campaña agrícola 2026/27. En condiciones normales, Argentina importa alrededor del 50% de los nitrogenados y el 80% de los fosfatados que consume. Además, cerca de tres cuartas partes de las compras externas de nitrogenados se concretan durante el segundo semestre, cuando se prepara la siembra de los cultivos gruesos. Por eso, una eventual normalización del comercio internacional y de los precios será determinante para que el costo de fertilización no erosione la rentabilidad de la próxima campaña.
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Pero la coyuntura también volvió a poner sobre la mesa una cuestión estratégica: la necesidad de aumentar la producción nacional de fertilizantes. Actualmente, Argentina produce entre 1,4 y 1,9 millones de toneladas anuales, según el año, mientras que el consumo ronda las 5 millones de toneladas. De esta manera, apenas entre 30% y 35% de la demanda se abastece con producción local, mientras el resto depende de las importaciones. La situación adquiere mayor relevancia si se considera que el país todavía presenta un déficit en la reposición de nutrientes extraídos por los cultivos.
En ese escenario aparece una de las principales apuestas para reducir la dependencia externa. La aprobación bajo el RIGI de un proyecto para construir una nueva planta de urea en Bahía Blanca, aprovechando la mayor disponibilidad de gas de Vaca Muerta, contempla una inversión de USD 2.700 millones. El proyecto prevé una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales, lo que convertiría a la instalación en la mayor planta de urea de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo.
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